Mientras su anterior proyecto aún no logra tratarse en el recinto del Senado, el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger prepara otro al estilo 'Ley Hojarasca', con el que busca derogar más de 70 normas vigentes. Peor aún, es que su anterior proyecto no es el único atorado. La urgencia por aprobar la extensa lista de reformas antes de que el calendario político y electoral complique los acuerdos está haciendo una maraña en el Congreso.
SIN ACUERDO NI ESTRATEGIA
Sturzenegger levanta la polémica con el borrador del nuevo combo de desregulaciones
Con varios proyectos atorados en el Congreso, circula otro "combo" de desregulaciones de Sturzenegger, que aún en modo "borrador" promete polémica y que, según algunas versiones, tendría la venia de la Rosada.
Pero, ¿cuál es su nuevo blanco? O mejor, sus "nuevos blancos": Nada menos que librerías, farmacias y corredores inmobiliarios.
El borrador que circula incluye cambios de fondo a normativas como el Régimen de Corretaje y las leyes de Protección de la Actividad Librera. Además, insiste con la de comercializar medicamentos fuera de las farmacias y va por más: habilita canales digitales para la venta.
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También desregula el mercado de Gas Licuado de Petróleo, modifica el Régimen para la navegación e incluye todo un capítulo destinado al sector agroganadero.
"No está en agenda por ahora", dijeron fuentes cercanas al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, a un medio porteño.
Y no se anda con chiquitas: ahora se trata de derogar 13 leyes y modificar alrededor de 50.
Entre ellas, la Ley 24.331 que establece el régimen legal de las Zonas Francas en Argentina, y que busca fomentar el comercio y la actividad industrial exportadora con importantes exenciones impositivas y aduaneras, permitiendo realizar actividades de almacenaje, logística, servicios e industrialización en espacios delimitados del territorio nacional.
Sobre el régimen de Corretaje, el borrador busca desregular el mercado inmobiliario, y entre sus puntos salientes acota los requisitos para ejercer como corredor inmobiliario: así, por caso, elimina la obligación de tener título universitario de Martillero y Corredor Público para ejercer. Con título secundario y mayoría de edad sería suficiente.
Además, prohíbe fijar aranceles mínimos, máximos o sugeridos, sino que la comisión se pacta libremente entre las partes. También le da lugar a la creación de plataformas digitales para validar y legalizar el corretaje.
GLP, en el combo
El proyecto también llega al gas en garrafas y cilindros porque liberaliza de manera total el mercado del Gas Licuado de Petróleo (GLP): elimina las regulaciones que rigen desde 2005 vinculadas con precios, cantidades, volúmenes, márgenes de rentabilidad o condiciones comerciales porque deroga el Régimen Regulatorio del GLP (Ley N° 26.020), que lo declara como un "servicio público de interés general", que le permitía al Estado fijar precios de referencia, subsidiar la garrafa social y regular cupos de abastecimiento.
Con ello, se limita la intervención estatal solo a garantizar condiciones de seguridad y deja los precios librados a la oferta y la demanda.
Farmacias y mercado editorial
Por otra parte, insiste con la idea de vender medicamentos fuera de las farmacias. El proyecto respecto a la ley de Farmacias pretende habilitar la venta digital y el envío a domicilio de medicamentos bajo determinadas condiciones, además de permitir la comercialización de medicamentos de venta libre fuera de farmacias.
El sector librero ya comenzó a moverse en contra del borrador. Por caso, la Cámara Argentina del Libro emitió un comunicado en el que indica que "el precio único del libro es la herramienta fundamental para proteger a las librerías independientes de barrio y a las editoriales pymes frente a la concentración del mercado, garantizando el acceso federal a la lectura y sosteniendo la bibliodiversidad de nuestro país".
Por otro lado, el borrador planifica modificaciones en las actividades del Agro y la vitivinicultura, ya que modifica el financiamiento de organismos sectoriales. El capítulo 4 de 'Ley de Alcoholes y vinos' introduce varias modificaciones a Ley 24.566, busca reducir los controles e intervenciones del estado al modificar funciones del Instituto Nacional de Vitivinicultura. Por ejemplo, los controles de origen, añada y varietal dejan de ser obligatorios, para pasar a ser optativos. El estado pasa solo a controlar la seguridad, la genuinidad y la aptitud para el consumo humano.
Tampoco la carne quedó afuera de este borrador. En efecto, pone el foco en cambiar el financiamiento del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) y le ordena al SENASA y a la Secretaria de Agricultura a cesar, a partir del 1 de octubre de 2027, de cobrar los aportes obligatorios destinados al organismo. La reforma busca pasar de un esquema compulsivo a uno sostenido por aportes voluntarios y de servicios propios.
Y los traductores públicos también tendrán su cambio de avanzar la iniciativa, ya que la misma pretende reducir los casos en los que seria obligatorio una traducción en español. Es decir, flexibiliza el criterio sobre cuándo será necesario solicitar una traducción. De aprobarse impactará en la intervención que tendrán especialmente los traductores en la Administración Pública.
Así, la iniciativa que aún "no es oficial" y que "no pasó los filtros aún", según algunas versiones, y según otras ya tendría la venia de la Casa Rosada, ya encendió la polémica.
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