Fin del celular en la cárcel: El Gobierno autorizó el bloqueo total

Nueva medida del Ministerio de Seguridad para poner fin al celular en la cárcel.

La era del celular en la cárcel como herramienta de la delincuencia convicta podría haber llegado a su fin. El Gobierno nacional autorizó finalmente un nuevo sistema de bloqueo para cárceles federales que sería el salto necesario para culminar con la red de “call centers tumberos” y otros usos indebidos de esos aparatos.

Mediante un decreto del Ministerio de Seguridad, la administración nacional avanzó con la autorización al bloqueo por IMEI, lo que supondría una evolución a las herramientas actualmente disponibles. Esta medida tendría un impacto más profundo que los bloqueadores utilizados hasta aquí, donde además se afectaban las redes telefónicas colindantes a las instalaciones penitenciarias.

Autorizase al SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL a instalar y poner en funcionamiento dispositivos de detección y bloqueo de IMEI/IMSI en unidades y establecimientos penitenciarios federales, con el objeto de impedir el uso indebido de equipos de comunicación móvil en el interior de los mismos, se indicó en el decreto. Autorizase al SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL a instalar y poner en funcionamiento dispositivos de detección y bloqueo de IMEI/IMSI en unidades y establecimientos penitenciarios federales, con el objeto de impedir el uso indebido de equipos de comunicación móvil en el interior de los mismos, se indicó en el decreto.

El endurecimiento de los controles es uno de los pasos diagramados por la cartera de Seguridad ahora comandada por Alejandra Monteoliva. Todo ello ante la proliferación de casos de uso ilegal de celulares, generalmente con fines delictivos, lo que facilitó la continuidad de la actividad por parte de los presidiarios aún estando recluidos.

El Gobierno autorizó el bloqueo de celulares en cárceles federales.

Qué dice la ley sobre el celular y la cárcel

En Argentina, existe legislación vigente que asegura el derecho de los reclusos a comunicarse con familiares y allegados. En ese sentido, el Régimen de Ejecución de la Pena Privativa de Libertad (Ley 24.660) prevé la instalación de mecanismos para la prevención del delito desde las cárceles, empoderando al Servicio Penitenciario Federal para tareas de control y bloqueo.

Hasta aquí, los sistemas de bloqueo utilizados en las cárceles argentinas eran los conocidos como jammer. Esa tecnología intervenía el área circundante al establecimiento penitenciario ejecutando una manipulación de las radiofrecuencias e impidiendo el funcionamiento de los teléfonos móviles.

Sin embargo, la utilización de dicha tecnología generó complicaciones logísticas a las compañías telefónicas, que no podían garantizar el servicio a los clientes en las zonas cercanas a las cárceles. De hecho, esto último generó varios conflictos judiciales, lo que elevó el debate sobre la necesidad de nuevos métodos.

Instrúyase a la DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN dependiente de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de este Ministerio, a realizar los trámites administrativos necesarios para la adquisición, instalación, mantenimiento y supervisión de la tecnología requerida, a fin de adoptar todos los ajustes técnicos tendientes a evitar que se afecten las áreas exteriores al sitio en el que se instalen, expresa el decreto. Instrúyase a la DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN dependiente de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de este Ministerio, a realizar los trámites administrativos necesarios para la adquisición, instalación, mantenimiento y supervisión de la tecnología requerida, a fin de adoptar todos los ajustes técnicos tendientes a evitar que se afecten las áreas exteriores al sitio en el que se instalen, expresa el decreto.

Qué son los call center “tumberos”

Se trata de redes criminales que operan desde las cárceles con celulares de posesión ilegal para garantizar la ejecución de delitos en el exterior. En su mayoría, estas estructuras se dedican a las micro estafas, suplantando la identidad de empresas u organismos públicos para obtener dinero o datos bancarios de sus víctimas.

Además de los call center, los reclusos usan los celulares para mantener sus redes de poder en las calles. Esto especialmente en el caso de narcotraficantes o líderes de asociaciones ilícitas que deben sostener la comunicación para garantizar la continuidad de sus organizaciones.

Según datos oficiales, la Provincia de Buenos Aires registró más de 48.000 líneas móviles en cárceles bonaerenses entre 2024 y 2025. En Córdoba, mientras tanto, se incautaron más de 4.000 celulares sólo durante 2025.