El Senado de la Nación volverá a debatir un proyecto que busca endurecer las penas por falsas denuncias, una iniciativa que podría llevar las condenas hasta los seis años de prisión en casos especialmente sensibles como violencia de género o abuso infantil.
SENADO
Falsas denuncias: El Senado quiere que mentir en la Justicia salga caro (y con cárcel)
Las falsas denuncias dañan no solo a los supuestos acusados sino a la Justicia. En el Senado van a impulsar un proyecto para que se pague con cárcel.
06 de abril de 2026 - 12:47
Carolina Losada impulsa el proyecto por falsas denuncias.
La propuesta, impulsada por la senadora Carolina Losada, será presentada nuevamente este martes en el marco de las “Jornadas contra las Falsas Denuncias”, que se realizarán en el Salón Azul de la Cámara alta. El encuentro se inscribe en el respeto a la Convención de Belém do Pará, un tratado internacional con rango constitucional que aborda la violencia contra la mujer.
El proyecto no es nuevo: había sido presentado en 2023 y logró dictamen favorable en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales en 2025, presidida por el senador Juan Carlos Pagotto. Sin embargo, nunca llegó al recinto y perdió estado parlamentario. Tras la renovación legislativa de diciembre, Losada decidió reimpulsarlo.
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Un proyecto con respaldo político en el Senado
A diferencia de su primera presentación, la iniciativa ahora cuenta con mayor respaldo político. Durante su tratamiento previo, recibió el aval del entonces ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y suma el acompañamiento de Patricia Bullrich para ser incluido en la agenda legislativa del oficialismo.
“El delito de falsa denuncia, contemplado en el actual artículo 245, tiene una pena de dos meses a un año de prisión; es decir, un delito prácticamente insignificante dentro del Código Penal”, sostuvo Cúneo Libarona. Y agregó: “No tiene agravantes y contempla una multa desactualizada e insignificante”.
Qué cambia la ley
El proyecto propone modificaciones en los artículos 117, 245 y 275 del Código Penal.
En concreto, establece que quien realice una falsa denuncia podría recibir una pena de entre uno y tres años de prisión. Pero en casos vinculados a delitos de violencia de género, contra menores o contra la integridad sexual, la condena se elevaría de tres a seis años.
También se endurecen las sanciones por falso testimonio. El artículo 275 pasaría a contemplar penas de uno a cuatro años de prisión para testigos, peritos o intérpretes que mientan o oculten información ante la Justicia.
Además, se incorporan agravantes para situaciones en las que se difundan datos falsos o injurias a través de medios de comunicación o redes sociales, especialmente en temas sensibles como abuso, acoso o violencia contra niños y adolescentes.
El impacto de las falsas denuncias
Desde el entorno de la senadora advierten que este tipo de delitos no solo afectan a las personas acusadas, sino también al sistema judicial.
La falsa denuncia es un delito doloso que implica acusar a alguien sin pruebas ante una autoridad. Sus consecuencias pueden ser graves: desde daños a la reputación hasta la pérdida de vínculos familiares, empleo y exposición pública.
“Es vergonzoso que alguien le mienta a la Justicia de esa manera; no queda otra que pensar que hay un gran negocio detrás”, afirmó Losada, al referirse al aumento de denuncias en conflictos familiares.
Casos que impulsaron el debate
Para fundamentar la iniciativa, la legisladora citó casos concretos que marcaron la discusión pública.
Uno de ellos es el de Agustín Muñoz, un joven de Río Negro acusado falsamente de abuso sexual por una amiga. En 2018, se quitó la vida tras atravesar una profunda crisis emocional.
Otro caso es el del médico obstetra Pablo Ghisoni, quien pasó tres años detenido por una denuncia falsa realizada por su hijo, quien luego confesó haber sido manipulado por su madre. En 2025, la Suprema Corte bonaerense lo absolvió.
“La historia de Pablo es terrible. Su absolución llegó después de años de sufrimiento que nadie debería atravesar”, expresó Losada. Y concluyó:
“Necesitamos que este año todos los senadores acompañen para que sea ley el aumento de penas”.
Con respaldo político y nuevos casos en el centro de la escena, el proyecto vuelve a instalar un debate sensible: cómo equilibrar la protección de las víctimas con sanciones más severas para quienes utilicen el sistema judicial de forma indebida.
El desafío ahora será lograr los consensos necesarios para que la iniciativa avance y no vuelva a quedar frenada en el Congreso.
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