La geopolítica hace caso omiso de la moral, al igual que los actuales liderazgos mundiales, quienes están ahora mismo doblegando sin reparos a pueblos enteros en nombre de la legítima defensa o la lucha contra el terrorismo. Desde el origen, los Estados nacionales han creado enemigos y han lanzado guerras, pero actualmente, tras medio siglo de avances en los Derechos Humanos, ha vuelto a primar la “ley de la selva” por encima del Derecho Internacional Penal y la humanidad al lanzarse ataques indiscriminados y arbitrarios bajo motivaciones personales o religiosas. Esto ha sido denunciado desde hace tiempo por la relatora especial de la ONU para los palestinos, Francesca Albanese, quien acusa de ello a Israel y Estados Unidos, y a la cual este jueves Washington finalmente decidió retirarle las sanciones que le había impuesto por supuesto antisemitismo.
ORIENTE BAJO INESTABILIDAD
Estados Unidos quita sanciones a Francesca Albanese e Israel deporta a la Flotilla
Estados Unidos retira las sanciones contra la relatora especial de la ONU que denuncia “un genocidio palestino”. Por su parte, Israel comienza con la deportación de más de 400 activistas de la Flotilla Global Sumud tras la presión internacional.
Este miércoles, el Gobierno de Estados Unidos levantó las sanciones impuestas a Francesca Albanese, la relatora especial de las Naciones Unidas para los Territorios Palestinos Ocupados, una semana después de que un juez federal estadounidense suspendiera las medidas impuestas en 2025 por la administración de Donald Trump.
El Departamento del Tesoro confirmó que Albanese fue eliminada de la lista negra de sanciones, lo que le impedía acceder a servicios bancarios y a tarjetas de crédito a nivel mundial. Esta medida había sido una represalia de la administración Trump por un supuesto discurso antisemita, tras haber declarado que Israel comete crímenes de guerra y que estaría llevando a cabo un genocidio contra los palestinos, amparándose para sus afirmaciones en la orden de captura emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) que pesa sobre el primer ministro israelí por esa misma causa.
El 13 de mayo, el juez de un tribunal federal estadounidense, Richard Leon, concedió una orden judicial preliminar contra las sanciones al considerar que posiblemente obedecían a una restricción inconstitucional que atentaba contra la libertad de expresión. El magustrado dijo, en el dictamen que acompañaba la orden: "Proteger la libertad de expresión siempre redunda en el interés público".
En la resolución de 26 páginas, el juez estadounidense subrayó:
La sentencia considera que el efecto de las sanciones contra la abogada de la ONU es “castigar” y “reprimir expresiones molestas”. A su vez, plantea que Albanese gozaba de la tutela de la Constitución de los Estados Unidos, pese a vivir fuera, por tener vínculos “sustanciales” con el país, suficientes para hacer valer los derechos garantizados por la Primera Enmienda, que protege libertades fundamentales.
En ese sentido, el marido y la hija de la relatora de la ONU, ambos con ciudadanía estadounidense, habían denunciado ante la Justicia estadounidense las medidas impuestas por el Gobierno de Trump, que habían limitado la libre circulación de Albanese y su vida personal, al tener sus bienes congelados y no poder usar tarjetas de débito ni cuentas bancarias, sin poder viajar a su casa de Washington ni tampoco a la sede en Nueva York de las Naciones Unidas, lo que constituía una violación de las normas de la ONU que garantizan la inmunidad de los funcionarios de la organización.
En julio del año pasado, la administración de Trump impuso sanciones contra la relatora de la ONU dentro del programa de medidas vinculadas al Tribunal Penal Internacional. El motivo fueron sus críticas a la guerra israelí en Gaza y a los supuestos ataques arbitrarios y mortales contra periodistas, hospitales y niños palestinos en el marco del conflicto y en avances fronterizos, entre otros supuestos crímenes de guerra cometidos por Israel en el enclave palestino, en Cisjordania y territorios aledaños. Albanese también hizo llamamientos internacionales a investigar posibles crímenes de lesa humanidad cometidos por las autoridades israelíes y estadounidenses en Siria, Líbano, Irán y otros territorios árabes.
Ahora bien, la medida de la Justicia estadounidense de levantar las sanciones contra Albanese, fue anunciada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro. Esta nueva disposición elimina su nombre de la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN, en inglés), dejando sin efecto la prohibición para que ingrese a Estados Unidos. Además, cancela las restricciones financieras fijadas en su contra, que le impedían usar tarjetas y tener cuentas bancarias a nivel mundial.
No obstante, aún permanecen en la misma situación 11 miembros del Tribunal Penal Internacional (TPI), también sancionados por EE. UU.
Tras conocerse que Washington le levantó las sanciones, el diario El País contactó a la propia Albanese. Ante la agencia de noticias española, la relatora especial de la ONU declaró: “Es una gran noticia, aunque llega en un día triste, marcado por la violencia israelí, esta vez contra cientos de activistas contra el genocidio. Por fin puedo respirar aliviada. Pero la batalla aún no ha terminado y se prevé que sea larga, porque la administración ha decidido apelar”.
Albanese señala también que la Casa Blanca ha recurrido el fallo aunque “el juez ya se pronunció sobre los puntos principales del caso, que seguirá analizando”.
“Continuar esta disputa legal contra alguien que, además, está protegida por la Convención de las Naciones Unidas sobre los privilegios e inmunidades de los funcionarios internacionales a las personas de la administración de los Estados Unidos no les cuesta nada. Lo pagan los contribuyentes”, opina ante El País.
Israel libera a 400 activistas de la Flotilla tras presión internacional y de Estados Unidos
Las afirmaciones de la relatora de la ONU ante el diario El País, en las que sostiene que el levantamiento de las sanciones en su contra llega en un “día triste” marcado por “la violencia israelí contra cientos de activistas contra el genocidio”, hacen referencia directa a la detención de los activistas de la Flotilla Global Sumud y Freddom Flotilla Coalition en aguas internacionales a 200 millas de Gaza y bajo responsabilidad de rescate de Chipre, mientras intentaban romper el bloqueo ilegal impuesto por Israel y llevar ayuda humanitaria esencial al enclave palestino.
Esto, en un contexto en el que la Franja de Gaza, a pesar del frágil alto el fuego, aún sigue bajo ataque israelí y Hamás todavía opera allí desde los túneles, por lo que ambos bandos infringen, desde el inicio, el celebrado acuerdo de paz de Trump.
Este jueves, Israel liberó a los activistas de la flotilla recientemente abordada por la Armada israelí en aguas internacionales del mar Mediterráneo, y agencias de noticias como Reuters han informado que muchos de los deportados ya han llegado a sus países tras hacer escala en Estambul.
La decisión de Israel de deportarlos, luego de imputarlos a muchos con cargos por terrorismo, se produce tras el escándalo generado por la divulgación de los maltratos y supuestas torturas que habrían sufrido los detenidos durante el arresto, por orden del ministro de Seguridad israelí, Itamar Ben Gvir.
Estas liberaciones ocurren un día después de la ola de condena internacional contra el ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, quien publicó el miércoles un video reprimiendo y humillando a los activistas de la flotilla interceptada, entre los que habría cuatro argentinos, lo que habría forzado al propio primer ministro Benjamin Netanyahu a criticar su accionar.
Según confirmó este jueves el grupo de abogados Adalah, todos los detenidos de Global Sumud Flotilla y la Freedom Flotilla Coalition salieron ya del centro de detención israelí de Ktziot. "Adalah recibió confirmación oficial del Servicio de Prisiones de Israel (IPS) y funcionarios estatales de que todos los activistas detenidos de la Global Sumud Flotilla y la Freedom Flotilla Coalition fueron liberados del centro de detención de Ktziot y están ya en ruta para su deportación", señaló la organización.
A través de un comunicado se indicó que "la mayoría" de los activistas "están siendo trasladados al aeropuerto de Ramon para salir del país por vía aérea".
Por último, Adalah reiteró que "toda la operación, desde la interceptación ilegal en aguas internacionales hasta la tortura sistemática, la humillación y la detención arbitraria de activistas pacíficos, constituye una flagrante violación del Derecho Internacional".
En las últimas semanas, los activistas y organizaciones de apoyo a la Flotilla Global Sumud, un grupo de embarcaciones con ayuda humanitaria que iba rumbo a Gaza y que fue detenido en aguas internacionales cercanas a Grecia, denunciaron a viva voz que un activista español y otro brasileño de la flota estaban siendo torturados por las fuerzas israelíes tras su traslado a la cárcel de Shikma, en Ascalón, al norte de la Franja de Gaza.
El activista español-gazatí Saif Abukeshek y del socioambientalista brasileño Thiago Ávila, fueron detenidos aprincipios de mayo por Israel tras la interceptación de la "Flotilla Condón". Según el gobierno español y el de Brasil, ambos habían sido trasladados a la jurisdicción israelí para comparecer ante un tribunal bajo el supuesto de tener nexos financieros con Hamás, algo que tanto ellos como sus respectivos gobiernos niegan rotundamente.
Saif Abu Keshek, el gazatí-español arrestado por Israel, llevaba 20 años viviendo en España y nació en Nablus, en la Cisjordania ocupada. Fue uno de los fundadores en ese país del Global Movement to Gaza, la organización detrás de la iniciativa de las flotillas, y también es miembro de la Comunidad Palestina en Cataluña. En cuanto al brasileño arrestado, Ávila nació en Brasilia en 1986, es licenciado en comunicación, activista por la justicia climática y cofundador del movimiento Bem Viver en Brasil, inspirado en filosofías indígenas andinas.
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