Avanza la causa contra Mayra Mendoza: Allanan cooperativas

Este viernes (20/05) el juez federal de Quilmes, Luis Armella, allanó a las cooperativas que recibieron $535 millones del municipio que dirige Mayra Mendoza.

Cabe recordar que la intendenta está imputada en una causa de la justicia federal que investiga el presunto desvío de fondos a cooperativas supuestamente vinculadas a funcionarios y ex funcionarios. Pero también fue imputada por la Justicia de Quilmes.

Fue la propia Mendoza quien se autodenunció en la Justicia luego de una investigación periodística que revelaba estos supuestos hechos de corrupción. “Me autodenuncié para que los vecinos y vecinas de Quilmes sepan que la primera que está interesada en que se conozca la verdad y en poder salir a decir, y en esto confío en la Justicia, no me queda otra más que confiar en la Justicia, que se investigue, que se conozca y que se sepa la verdad”, señaló.

Según publica el diario Clarín, durante los procedimientos dispuestos por el magistrado en el marco de este expediente se secuestró del gobierno local toda la documentación vinculada a los contratos bajo investigación.

En los allanamientos intervino el área especializada en delitos económicos de la Prefectura. Toda la documentación vinculada a diversos contratos celebrados con el municipio de Quilmes ya se encuentra bajo custodia del juzgado federal. Asimismo, se secuestraron un conjunto de celulares que serán peritados.

Este no fue el único procedimiento realizado por el juzgado en el marco de esta causa. Cabe destacar que la semana pasada, el personal de Prefectura se llevó del municipio todos los legajos de las personas involucradas en la investigación, los decretos firmados por la intendenta de La Cámpora y estados contables, entre otra documentación.

Los delitos atribuidos en esta primera etapa de la investigación son defraudación a la administración pública, incumplimiento de deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y lavado de activos por una cifra que superaría los $500 millones.

La fiscal Silvia Cavallo, además, por la gravedad de los hechos y la estructura que se investiga, pidió que intervenga la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), a cargo de Diego Velasco.

El expediente que tramita en Quilmes se inició por pedido de la fiscal quien consideró que hay, al momento, suficiente información que da cuenta de una “serie de maniobras desplegadas desde el municipio para desviar fondos públicos a través de cooperativas de trabajo, en beneficio de funcionarios públicos, con la utilización de sociedades constituidas en plataformas off shore a las cuales se derivaba el dinero desviado”.

Cuando la fiscal Cavallo imputó a Mayra Mendoza, solicitó que se investigue también al subsecretario de Hábitat de ese municipio, Roberto Raspa, a un abogado y a un empresario.

Esta causa inició tras la denuncia que formuló el apoderado del Municipio por orden de la propia Mayra Mendoza, para sostener su supuesta inocencia y pedir que se investiguen las acusaciones en su contra, que se conocieron inicialmente a través del portal de noticias El Disenso.

En su defensa, la intendenta de La Cámpora sostuvo que el personal de la Municipalidad obró dentro del marco legal y “cumpliendo cada paso del proceso administrativo, y negó cualquier relación con un hecho ilícito”.

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