Imputaron a intendenta de La Cámpora

El fiscal Federico González en el que instó "el ejercicio de la acción penal" contra Mendoza, Sebastián Raspa, quien por la denuncia renunció como subsecretario de Hábitat del municipio, Martín Bordalejo, exfuncionario; José Alejandro Scozzari, socio de Raspa y Bordalejo en una firma offshore; Romina Cangelosi empleada por la Municipalidad; Alejandro Gandulfo, jefe de gabinete del municipio; y Cecilia Soler, secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de Quilmes.

Los presuntos delitos investigados son malversación de fondos públicos y negociaciones incompatibles con la función pública.

El caso lo destapó el portal de investigación El Disenso, que se semanas atrás publicó una serie de documentos que abrían sospechas sobre el manejo de los fondos destinados a las cooperativas. De acuerdo al informe, Mendoza le había adjudicado contratos por $535 millones a un grupo de 3 cooperativas relacionadas con Raspa. El entonces subsecretario municipal presentó su renuncia, pero negó que se hayan cometido irregularidades.

Mendoza, por su parte, se autodenunció en la justicia de Quilmes como maniobra defensiva.

Medidas de prueba

En su dictamen, el fiscal González le solicita al juez Lijo una serie de medidas de prueba, como una compulsa del padrón de entidades del sitio web del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) para determinar si existe entre una decena de cooperativas sospechadas "patrones comunes tales como domicilios, correos electrónicos, personas responsables, etc”.

González también le pidió al juez que solicite al INAES detallar si allí se presentaron denuncias que involucren a alguna de las cooperativas, y que informe todas las cooperativas en las cuales figuren como miembros a Raspa, Cangelosi, Bordalejo o Scozzari.

Además, pidió al Banco Central el levantamiento del secreto bancario sobre las cooperativas mencionadas en la denuncia y los exfuncionarios y abogados implicados para determinar si existieron las transferencias de dinero entre ellos y las entidades y, en caso de que así sea, se detalle la información. En el mismo sentido, le pidió a la AFIP el levantamiento del secreto fiscal y la entrega de información relacionada con los imputados y las cuentas de las cooperativas.

En el dictamen de la fiscalía se detalló que los Rappa y Cangelosi habrían participado de las siguientes organizaciones: “Federación de Cooperativas de Trabajo 1ª De Mayo Ltda, Cooperativa de Trabajo La Estrella Ltda, Cooperativa de Trabajo Para El Futuro Ltda, Cooperativa de Trabajo Progreso Ltda, Cooperativa de Trabajo Hasta La Victoria Siempre Ltda, Cooperativa de Trabajo Ruben Rodríguez Ltda, Cooperativa de Trabajo Barrio Unido Ltda, Cooperativa de Trabajo La Unión De Azul Ltda y Cooperativa de Trabajo Imprenta 19 de Febrero Ltda”.

La maniobra que busca desentrañar el Ministerio Público Fiscal con el impulso de la investigación, se habría desarrollado durante los 14 meses transcurridos entre diciembre de 2020 y febrero de 2022.

La maniobra se completaría, según la denuncia penal, con el desvío de fondos a cuentas off shore en Miami. Por eso el fiscal pidió librar exhortos internacionales a la justicia con jurisdicción sobre la ciudad de Miami para obtener información sobre las cuentas y firmas mencionadas en la presentación.

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