A todo o nada: Pullaro no frena con su objetivo de campaña

ROSARIO. En el marco de cumplir con uno de los objetivos principales del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, sobre hacerle frente al narcotráfico y combatir el crimen organizado, en el depósito de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad), el gobierno provincial destruyó armas, muchas eran utilizadas para cometer muertes.

Siendo precisos, se destruyeron más de 800 réplicas de armas de fuego y más de 200 armas blancas. Todos estos elementos habían sido previamente secuestrados como parte de una estrategia de reorganización institucional en las comisarías de la ciudad.

Tal lo mencionado, esta medida busca evitar que se propaguen los asesinatos en uno de los territorios más calientes, en tanto frena la circulación ilegal de estos elementos, que habían sido usados para realizar crímenes.

Santa Fe avanza contra el crimen organizado

Desde el Gobierno de Santa Fe remarcaron que esta acción es parte de un plan integral de optimización y fortalecimiento de las estrategias de seguridad pública, orientado a mejorar la gestión de los recursos dentro de las dependencias policiales, para que dejen de custodiar elementos como armas o vehículos de causas judiciales.

Al respecto, el secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza, sostuvo la importancia de dicha iniciativa

"Desde el Gobierno de Santa Fe, por medio de la Aprad, destruimos por primera vez armas que son réplicas o tumberas que teníamos en posesión en la agencia". "Desde el Gobierno de Santa Fe, por medio de la Aprad, destruimos por primera vez armas que son réplicas o tumberas que teníamos en posesión en la agencia".

Sobre esa línea, Escauriza detalló que muchas de las armas secuestradas se encontraban abandonadas en diferentes comisarías rosarinas y destacó que "gracias al plan de reordenamiento" que se está llevando adelante, se logró destruir más de 1.000 armas que se utilizaban para ejercer delitos en toda la Provincia.

A su vez, el funcionario agregó que este proceso representa el resultado de un trabajo sostenido que se puso en marcha desde el primer día de gestión a pedido del gobernador y el ministro de Gobierno e Innovación, Fabián Bastia.

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Destrucción de más de 1.000 armas en Rosario.

Foto: Gobierno de Santa Fe

Aprad

La Aprad es la entidad del Gobierno provincial que administra todos los bienes y efectos que son objeto de secuestro u otras medidas dispuestas en causas judiciales como consecuencia de delitos o contravenciones. Estos bienes tienen como objetivo primordial su utilidad social. Pueden ser autos, insumos informáticos, celulares, armas o joyas, entre otros elementos.

En ese sentido, Escauriza indicó: “Desde la Aprad, los bienes que tienen utilidad los subastamos; los que se pueden donar a instituciones educativas los donamos, y los que no tienen ninguna utilidad, como en este caso las armas, los estamos destruyendo para poder tener este organismo, que tiene la custodia de todos los elementos secuestrados a su cargo, totalmente ordenado".

Con esta iniciativa, Santa Fe avanza en la depuración de recursos abandonados dentro de las comisarías, asegurando un mejor control y gestión de los espacios destinados a la protección ciudadana. Esta acción se suma a otros esfuerzos para garantizar la seguridad pública y evitar la acumulación de elementos que podrían representar un riesgo si no son correctamente gestionados.

Nada nuevo...

Por otra parte, este lunes (19/05), una agente de la Policía fue detenida por brindarle información del 911 a su novio que está preso en la cárcel de Piñero por balear un colectivo en septiembre del año pasado.

La suboficial Luana María R. de 21 años, fue arrestada en medio de una visita a su pareja, Kevin R., El joven, de 25, cumple prisión preventiva luego de ser imputado como gatillero del narco Carlos "Peloduro" Fernández, e involucrado en un atentado a balazos el año pasado contra un colectivo de la línea 146, en zona sur.

La joven no se encontraba realizando sus tareas como agente se Seguridad Pública porque se encontraba bajo licencia por maternidad ante el nacimiento hace cinco meses del hijo que tuvo con su pareja. Su detención fue solicitada por el fiscal Ramiro González Raggio, quien la imputaría por incumplimiento de deberes de funcionario público, violación de secreto y omisión de denuncia.

En tanto, Nicolás R., hermano de la policía, es uno de los imputados en la causa por el circuito sistémico de robo de partidas para el combustible de los patrulleros de Rosario.

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Otra vez policías en la mira.