Estrangulamiento fiscal
La Administración Macri arriba a esta instancia de estrangulamiento fiscal con una “deuda pública de un 77% del PBI (75% en moneda extranjera), y serias dificultades para generar ingresos”.
Pero además necesita cubrir “un déficit consolidado del sector público que se ubicaría en el orden del 8,3% del PBI para 2019”, según advierte el Ceo de Carta Financiera, Miguel Boggiano, en un artículo publicado en ambito.com.
Y lo detalla: nada más que de intereses habrá que destinar el 3,3% del alicaído PBI de 2019, unos u$s 14.100 millones, según consta en el Presupuesto que acaba de pasar por el Congreso. A lo que se suma la renta que deberá pagar el BCRA por la gigantesca masa de títulos que emitió para controlar la base monetaria y el tipo de cambio: u$s 21.000 millones adicionales, un 5% del PBI.
El superávit primario de 2/4% que precisaría generarse para asegurar a los acreedores el repago de esta voluminosa cuenta no sólo es imposible que pueda ser extraído de una torta que se achica cada vez más, sino que adicionalmente se complica por el boomerang de los subsidios energéticos.
A punta de tarifazos el gobierno había logrado transferir del Tesoro a los usuarios de combustibles y servicios públicos la política de recuperación de retrasos en los precios dolarizados reconocidos por esta gestión a los productores de gas y petróleo, hasta que la devaluación provocó que se reactivaran los subsidios en $ 185.505 millones hasta septiembre: una suba del 27% con respecto a 2017 destinada a cubrir importaciones de la ex Cammesa, que pese a ser la empresa mayorista del sector eléctrico, utiliza el gas como insumo para generarla en usinas térmicas.
Entre ambos conceptos, de enero a septiembre derivó $ 25.000 millones más que en 2017, lo que representa un crecimiento interanual del 61%. En lo que a energía respecta, chau al déficit 0.
En el caso de los combustibles quedó claro que el plan de aumentos continúa a pesar de que la fórmula de ajuste que combina tipo de cambio y valor internacional del crudo haya ido en sentido contrario.
El gobierno tiró que aún falta recuperar 9% real, por encima de los demás factores cambiarios y de costos internos, lo cual torna incierta cualquier estimación previa.
La lógica eminentemente recaudadora que guía a la administración del Pro, tanto a nivel nacional como en los territorios bonaerense y porteño que gobierna, se acaba de hacer extensiva a los demás distritos, cuyos mandatarios se involucraron sin resistir demasiado en el revaluazo inmobiliario que aplicó el año pasado Marìa Eugenia Vidal y en este ejercicio intenta convalidar con el 38% presupuestado de incremento en ese impuesto a las propiedades, tomado sobre bases superiores en muchos casos al 1.000% con relación a 2017, con lo cual pretende cobrar 14 veces más que hace 2 años.
Los colegas de otras provincias han sido invitados a llevar también el valor de los inmuebles a precio de mercado a partir de 2020, de manera de compensar mediante el revalúo de las viviendas las pérdidas en los ingresos que surgieron de la eliminación del fondo del Conurbano en 2017 y del Fondo Sojero en 2018.
Para ello, el cambio del monto por el que se registran las propiedades se implementará mediante el recientemente creado Organismo Federal de Valuaciones, que conformarán representantes de las provincias y miembros del gobierno nacional.
Así y todo, la plata no alcanza y será necesario endeudarse más para atender los gastos, que en el caso de la provincia de Buenos Aires implicaría duplicar la actual, o sea agregar $ 68.500 millones, de los cuales habrá que ver cuánto descuenta del ajuste por inflación del fondo del conurbano reclamado.
Esta demanda es un privilegio de la política, porque de ahí mismo, inclusive, se impide a los gobernados que ajusten por inflación cuando presentan las cuentas a los fiscos.
