RUGBY

Serafín Dengra quedó en la mira de la justicia por integrar una red de estafas

El ex jugador de rugby de ‘Los Pumas’, Serafín Dengra, más conocido como “Serafo” y por frases tales como “never pony, pura sangre”, está siendo investigado por la Justicia Federal tras ser acusado de formar parte de una presunta asociación ilícita que ofrecía servicios a empresas para cancelar, de forma fraudulenta, deudas tributarias. Dengra está apuntado por haber sido presuntamente quien captara nuevos clientes dentro del mundo del rugby y el resto de su círculo social. El ex deportista reconoció que existía una banda dedicado a eso pero se definió como una “víctima”. “Sólo quise ayudar a unas personas, pensando que era de buena fe, para que pudieran obtener una moratoria, pero usaron mi nombre para armar lío”, manifestó en declaraciones periodísticas. “Sólo relacioné a una empresa, pero yo no tengo nada que ver, por eso yo sigo en libertad”. Sin embargo, unas escuchas lo comprometen como parte del accionar delictivo para captar clientes y, previo pago de comisiones, poder eliminar del sistema de la AFIP las deudas impositivas.

Serafín Dengra, ex jugador del seleccionado argentino de rugby ‘Los Pumas’, es un personaje que aparece con mucha frecuencia en la redes sociales en el que publica vídeos motivacionales y acuñó frases tales como “never pony, pura sangre”, quedó este miércoles (03/01) en la mira de la Justicia Federal tras ser acusado de formar parte de una presunta asociación ilícita que ofrecía servicios a empresas para cancelar, de forma fraudulenta, deudas tributarias.

Además, la Justicia sospecha que Dengra actuó, por lo menos desde 2013, como “pescador” de potenciales clientes para la banda en el mundo del rugby y los círculos sociales que frecuenta. 

Dengra ya fue indagado por la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, quien también indagó a otras dos docenas de acusados de integrar esa asociación ilícita multipropósito: facilitar la evasión con facturas truchas, retenciones falsas, declaraciones juradas anticipadas de importación (DJAI) también falsas y planes de pago “especiales” de deudas fiscales, manipulados a través del área de sistemas de la AFIP. Todo con un desfalco por más de $ 1000 millones, según publicó este mismo miércoles el Diario La Nación.

Los dos presuntos jefes de la banda viven hoy realidades distintas. Miguel Ángel Lamparelli se encuentra procesado y con prisión preventiva, mientras que el otro, Adrián Marcal Gago, permanece en la clandestinidad, prófugo desde hace meses, según reveló el Diario La Nación.

Lamparelli apeló su detención ante la Cámara Federal de San Martín y planteó que la investigación debe remitirse al juez federal de Comodoro Py, Luis Rodríguez, quien impulsa otra pesquisa en la que figura como acusado junto a Marcal Gago por la que debe afrontar un juicio ante el Tribunal Oral Federal Nº 3. 

Rodríguez los procesó por presunta estafa, falsedad ideológica y asociación ilícita junto al ex “barra K” Marcelo Mallo, quien fuera el referente de Hinchadas Unidas Argentinas, por una operatoria en la que según sospechaba la entonces diputada nacional Liliana Schwindt (massista), contaban con la supuesta connivencia del entonces titular de la AFIP, Ricardo Echegaray.

Ambos acumulan más antecedentes incómodos. Lamparelli movió y ganó fortunas desde Puerto Madero en la compra y venta de dólares en los mercados oficial y blue durante el kirchnerismo y quedó bajo la mira de la agencia antinarcóticos estadounidense (DEA), mientras que Marcal Gago aparece en otra causa por presunta estafa en la que debió dar explicaciones Ramón Allan Bogado, el espía señalado por el fiscal Alberto Nisman en su denuncia vinculada a Irán, según publicó La Nación.

Lamparelli y Marcal Gago también afrontaron una causa en el fuero Penal Económico -en la que fueron sobreseídos, decisión que fue apelada- y aparecen también vinculados a la financiera SGI –“La Rosadita”-, por la que Federico Elaskar y Leonardo Fariña movieron decenas de millones de dólares del presunto testaferro de los Kirchner, Lázaro Báez

Sin embargo, las escuchas telefónicas exponen el involucramiento de Dengra. La investigación comenzó en Salta, donde el entonces director regional de la AFIP Rafael Resnick Brenner -ahora uno de los acusados en el juicio oral por el “caso Ciccone”- recibió una denuncia en junio de 2014 sobre Pessotto, verificó los primeros indicios sobre él y Dengra, y reportó al Juzgado Federal Nº 1 de Salta, que ordenó escuchas sobre nueve teléfonos y la intervención de cuatro correos electrónicos durante más de un año y medio, más otras tareas de inteligencia por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

Con esas escuchas se logró reconstruir cómo operaba la banda con la ayuda del área de sistemas de la AFIP, que le marcaba potenciales clientes y borraba deudas, previo pago de comisiones.

Más tarde, el Juzgado Federal de Salta se declaró incompetente y remitió el expediente a la jueza Arroyo Salgado, que a mediados de este año completó más de 200 allanamientos.