La otra cara de la relación comercial con China

Se sabe que el interés de China es hacer escala con sus inversiones (tiene en su territorio una gran capacidad instalada industrial) y asegurarse el acceso a materias primas, alimentos y energía, claves para su desarrollo de mediano plazo. ¿Pero la Argentina qué espera?

Ante la falta de definición a largo plazo, prevalece el riesgo de repetir en las próximas décadas el tipo de relación que tuvo la Argentina con Gran Bretaña a fines del siglo XIX . Cabe recordar que a partir de 1880, hubo en la Argentina un auge de inversiones extranjeras. El país se endeudaba e invertía para acelerar el desarrollo, luego de la consolidación del Estado-Nación.

Había un gran impulso de la producción agropecuaria, mientras se invertía en obras públicas (ferrocarriles, puertos, obras sanitarias). Como sustento político había un sistema cerrado en el que una élite dirigente impulsaba un programa progresista y modernizador, y una clase trabajadora comenzaba a tomar peso y a reclamar mejoras sociales y derechos políticos.

Lo cierto es que pese a que los medios de comunicación se esforzaron en asociar los convenios firmados con la potencia asiática con la recuperación económica, esta creencia puede no dar los resultados esperados en el corto plazo si no se piensa como paliar los efectos negativos que podrían padecer algunos sectores de producción local.

En este marco, el discurso oficial comenzó a dar un giro notable. En principio, el presidente Néstor Kirchner firmó dos decretos que permiten poner impuestos a las exportaciones desde China o incluso limitar con cupos el ingreso de esa mercadería. Buscan proteger la industria local.

Pese a que el acercamiento con China fue bienvenido al principio, la Argentina comenzó a levantar de a poco algunas trincheras para evitar una posible invasión de productos de origen chino, fundamentalmente los textiles. Para frenar las fuertes críticas de algunos sectores, el mandatario firmó los decretos necesarios para proteger a las Pymes de las importaciones provenientes del gigante asiático. Las medidas podrán comenzar a aplicarse de inmediato y tendrán vigencia al menos hasta 2013.

El anuncio lo efectuó Roberto Lavagna luego de reunirse con Kirchner en Casa de Gobierno. Allí el ministro explicó que las salvaguardas (una medida de defensa comercial) se aplicarán cuando se perciba que el ingreso de productos chinos puede afectar a la industria local. La medida, agregó, "responde a la preocupación de los sindicatos, empresarios y del propio Gobierno".

A fines de noviembre, y luego de la visita al país del presidente Hu Jintao, Lavagna anticipó que se trabajaba en la redacción de estos dos decretos. Es que desde aquel momento arreciaron las críticas industriales por la decisión oficial de otorgar a China el status de "economía de mercado". Bajo la lupa de los empresarios, dicho paso implicó debilitar los mecanismos de protección ante la posible competencia desleal de los productos asiáticos. Muchos de ellos, capitaneados por la Fundación Protejer, se autoconvocaron incluso en una suerte de club de "sectores sensibles por el acuerdo con China".

Aceptando que existe cierto peligro, Economía promovió la firma de estos dos decretos, pendientes desde que la Argentina apoyó el ingreso de China a la Organización Mundial de Comercio (OMC). El primero de ellos habilita al Gobierno a apelar a las salvaguardas en contra de todo tipo de productos de origen chino que "cause o amenace causar una desorganización de mercado para los productores naciones". El segundo es más específico. Apunta a frenar los competitivos textiles chinos.

Estos son los primeros signos que reflejan que a el Gobierno no consideró estratégicamente ciertos aspectos del convenio con el fin de reformularlos a tiempo y evitar futuros roces con China. Además, la firma de los convenios representa una amenaza para los socios del Mercosur, que por cierto no fueron consultados acerca de la relación comercial con la potencia asiática pese a que en otras circunstancias, cuando se toman decisiones de esta magnitud, es costumbre realizar una reunión previa para discutir los temas que afectarán a los miembros del Mercado Común en forma directa.