La defensora de los derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, Marisa Graham, expuso en la comisión de Familia, Niñez y juventudes de la Cámara de Diputados, donde entre otros temas afirmó que su propósito "es trabajar mucho para que haya defensores en las provincias que se incorporen a una red horizontal y federal de defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes”.
Marisa Graham, defensora de los derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.
Al respecto, la funcionaria ratificó que los niños de los pueblos originarios son “los más vulnerables y vulnerados en la Argentina, sobre todo aquellos que están en peores condiciones”. tras semejantes afirmaciones, sin discriminar las provincias donde ocurren los hechos detalló de las áreas que conforman la Defensoría, y explicó las herramientas de su gestión para la supervisión, asesoramiento, sensibilización y exigibilidad.
Qué es la Defensoría
señaló que la Defensoría “es un organismo de derechos humanos de un tercio de la población, que son las personas hasta 17 años. Es autónoma e independiente, que recibe denuncias de los niños, adultos y organizaciones, entre otros”.
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Al referirse a la Ley de Discapacidad, rige desde el proceso militar, dijo “que es retrograda”, también la Ley penal juvenil y la de salud mental, ya que “sólo hay un artículo que dedica un párrafo a niñas, niños y adolescentes, como si ellos no tuvieran padecimientos subjetivos, que merecen tener leyes apropiadas”, resaltó.
Minutos después, Facundo Hernández, defensor Adjunto de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, explicó el procedimiento de la admisión de los casos que busca fortalecer y re jerarquizar el sistema de protección de derechos en nuestro país.
“Desde su creación, la Defensoría lleva tramitados 756 expedientes hasta el 28 de febrero de 2022 y del 1ero. de marzo hasta el 31 de julio ingresaron 112 casos nuevos, donde el grueso de los mismos es por cuestiones de familia”, remarcó el funcionario.
Edad de imputabilidad
En cuanto a la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, Hernández, aseguró que “es abrumadora la evidencia de que no corresponde bajar la edad de imputabilidad”. En esa línea, recomendó los estándares que debería tener una nueva ley.
Más tarde pidió que se debata la Ley Nacional de Reparación Histórica de las Niñas, Niños y Adolescentes Indígenas, por considerar que “falta diagnóstico, planificación, coordinación y evaluación de políticas nacionales y provinciales que garanticen el acceso al agua, condiciones básicas de infraestructura, de vivienda y nutricionales de los niños, niñas y adolescentes”, expresó.
Finalmente señaló: "Trabajamos un Sistema Federal de Monitoreo, para garantizar un piso mínimo en las condiciones de alojamiento de los niños”.
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