En el mismo mes de las PASO se vencen las concesiones de las represas hidroeléctricas ubicadas en los ríos Limay y Neuquén, que hoy administra el Estado nacional y fueron otorgadas a empresas privadas.
DIÁLOGO TRABADO
Provincias analizan ir a la Justicia por las hidroeléctricas
Se acerca el vencimiento de la concesión de las hidroeléctricas y el diálogo con Neuquén y Río Negro sigue trabado, por lo que analizarían ir a la Justicia.
Por ello, el pasado 27 de abril se inició una mesa de negociación con autoridades de las provincias de Río Negro y Neuquén, pero ese mismo día pasó a un cuarto intermedio y casi un mes después, no volvió a retomarse.
Lo que buscan las provincias y en lo que trabajan los legisladores desde hace años es que vuelvan a su órbita una vez que finalicen los contratos actuales. Así, Nación creo "una mesa de negociación con las provincias, principalmente para tratar el tema de las concesiones hidroeléctricas para que las concesiones vuelvan al Estado nacional pero trabajando con las provincias porque tenemos una fuerte mirada federal", explicó la secretaria de Energía a la prensa.
Pero como se mencionó la reunión no volvió a retomarse, por lo que no trascendieron novedades respecto de la negociación y desde el sur aclaran que si bien están dispuestos a trabajar junto al gobierno nacional, pueden recurrir a la Justicia si no hay acuerdo.
Para sumar a la polémica, un grupo de exsecretarios de Energía advirtió en los últimos días sobre el riesgo de la "nacionalización" de las centrales hidroeléctricas, al tiempo que recomendaron que el Gobierno prorrogue la concesión de las represas que vencen en los próximos meses por un año, para darle tiempo a la próxima administración para analizar la situación. La sugerencia la hicieron Emilio Apud, Julio C. Araoz, Enrique Devoto, Alieto Guadagni, Jorge Lapeña, Daniel Montamat y Raul Olocco.
Dicho grupo indicó en un comunicado que ponen el foco en las cuatro centrales ubicadas en la zona del Comahue, en las provincias de Río Negro y Neuquén, integrado por las centrales hidroeléctricas El Chocón; Planicie Banderita, Alicurá y Piedra del Águila, donde el vencimiento de los plazos es en agosto de este año.
"Estas centrales de gran porte reúnen alrededor de 4000 MW y cumplen un rol importante en el abastecimiento del sistema interconectado nacional. La operación de dichas centrales se realiza conforme lo establece el despacho nacional de cargas operado con la empresa Cammesa", explicaron.
"Debe ponerse de manifiesto que el grupo de centrales hidroeléctricas mencionado tiene una antigüedad de 50 años, en el caso de las Centrales el Chocón y Planicie Banderita, de 40 años en el caso de la Central Alicurá y de 30 años en el caso de la Central Piedra del Águila. Ello implica que al menos el 50% de dichas centrales ha cumplido su vida útil y el 25% la cumplirá en los próximos 10 años. Para prolongar esa vida útil, será necesario afrontar cuantiosas inversiones, como es de práctica habitual en este tipo de emprendimientos", agregaron.
En tanto, en el grupo de exsecretarios de Energía advirtieron:
"Esta decisión es inconducente e inconsistente, ya que Enarsa no está en condiciones técnicas ni económicas. Tampoco reúne la experiencia para operar ni para proyectar y llevar adelante las grandes inversiones que demandará la extensión de vida de centrales del tipo del Chocón o Planicie Banderita", agregaron los exsecretarios.
Asimismo, pidieron que, "dada la trascendencia del tema y sus efectos en el largo plazo, entendemos que esta decisión tiene que ser adoptada en el marco de la política energética del próximo gobierno".
En tanto, desde el ámbito político, el diputado provincial Mariano Mansilla fue tajante:
En la misma línea, el referente del partido provincial UNE, sentenció:
También el diputado de Juntos Somos Río Negro, Luis Di Giacomo, cargó duro contra el Gobierno Nacional: "Los rionegrinos somos dueños del agua", dijo y planteó su postura en contra de quedar afuera de la administración de las mismas.
"El gobierno nacional avanza en solitario con el traspaso de las hidroeléctricas ubicadas en los ríos Limay y Neuquén a la empresa estatal Enarsa (Energía Argentina SA) a medida que vayan venciendo sus concesiones, desde el 11 de agosto que viene" señaló en su cuenta de twitter.
El diputado acusó al gobierno nacional de haber resuelto en "solitario" la discusión sobre la finalización de las concesiones de las represas en Río Negro y Neuquén:
Además, Di Giacomo cargó contra Nación acusando a este gobierno de ir en contra del federalismo:
También reclamó que las provincias son las "dueñas" de los recursos naturales existentes en su territorio, tal como lo indica la legislación.
"Nuestro recurso agua, el cual compartimos con la provincia de Neuquén, sirve para generar el 41.1% de la energía hidroeléctrica del país, por lo que su impacto es fundamental para el desarrollo de los argentinos. No venimos a perjudicar a nadie, simplemente pedimos un trato justo" argumentó.
Por todo esto, expresó que "seguimos reafirmando que necesitamos emprender un diálogo de consenso, necesitamos poder ser protagonistas de nuestro futuro. Esperamos que el Gobierno Nacional tome conciencia de que están en juego nuestros principios fundamentales. Este tipo de resoluciones no pueden ser tomadas en solitario y sin el aval de sus "dueños originarios".
Traspaso a Enarsa
Según una nota publicada por el diario 'Río Negro', el gobierno nacional avanza en solitario con el traspaso de las hidroeléctricas a la empresa estatal Enarsa (Energía Argentina SA), según notas internas de la secretaría de Energía a las que habría tenido.
Y recordó la complicada situación política que se presenta: "ni el presidente Alberto Fernández ni los gobernadores Omar Gutiérrez y Arabela Carreras seguirán en sus puestos a partir del 10 de diciembre".
Emanuel Leyni Sánchez es el director nacional de Generación Hidroeléctrica. En un documento interno dejó documentada la intención de que sea Enarsa la que reciba las hidroeléctricas conforme vayan venciendo las concesiones.
"Los derechos derivados de la titularidad de acciones por el Estado nacional son ejercidos por el actual Ministerio de Economía", escribió. La secretaría de Energía que maneja Flavia Royón depende de esta cartera.
Enarsa "es de titularidad mayoritaria del Estado Nacional, y conforme su objeto, entre otras actividades, está autorizada para por sí, por intermedio de terceros o asociada a terceros, generar, transportar, distribuir y comercializar energía eléctrica y puede realizar actividades de comercio vinculadas con bienes energéticos y desarrollar cualquiera de las actividades previstas en su objeto, tanto en el país como en el extranjero".
Según el razonamiento del funcionario, para Enarsa no sería algo extraño puesto que "en octubre de 2017 absorbió Emprendimientos Energéticos Binacionales SA (EBISA), una sociedad responsable de desarrollar proyectos y estudios, prestar servicios de consultoría, preparar licitaciones y supervisar obras relacionadas con el sector eléctrico y le fue otorgada la concesión para la generación de energía de las centrales hidroeléctricas actualmente denominadas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic".
"En ese contexto se sugiere evaluar la posibilidad de invitar a Enarsa para que lidere el proceso de finalización de la concesión en atención a sus competencias técnicas en la materia", concluye Sánchez.
Mientras tanto los gobernadores electos de ambas provincias: Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck prefieren no hablar.
En el actual gobierno neuquino sospechan que Weretilneck (cuya pareja, Andrea Confini, es la secretaria de Energía de Río Negro) no tiene el mismo parecer que Carreras respecto de este asunto.
En cambio, Figueroa sí se pronunció a favor de un comanejo de las presas.
Para la región es clave que se discutan asuntos relacionados con el manejo del agua (donde manda la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas) y la integridad de las obras, que tienen entre 51 y 25 años (esto es tarea del Organismo Regulador de Seguridad de Presas).
Otro aspecto clave es el financiamiento de estos dos organismos (que reciben un pequeño porcentaje de la facturación de las hidroeléctricas). La decisión de calcular esa proporción sobre una parte de la remuneración de las generadoras ha complicado sus funcionamientos.
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