El máximo tribunal de la Unión Europea rechazó el último recurso legal de Apple contra una orden de la Comisión Europea que le obliga a pagar 13.000 millones de euros en impuestos atrasados a Irlanda, poniendo fin a una larga disputa.
En cuestión de minutos, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea emitió dos fallos clave que fortalecen la estrategia de Margrethe Vestager, comisaria europea de Competencia, en su cruzada por eliminar los entramados fiscales que permiten a las grandes corporaciones evitar el pago de miles de millones en impuestos. Estas decisiones también refuerzan los esfuerzos de la UE para asegurar que las tecnológicas estadounidenses no bloqueen a sus competidores, al menos dentro del mercado europeo.
El fallo sobre Apple: una victoria histórica
El primer fallo es histórico, y esta vez el adjetivo está justificado. La saga judicial de Apple, que viene arrastrándose desde 2020, debía resolverse a favor de la Comisión Europea y no de la multinacional, para que toda la política contra la evasión fiscal mantuviera su rumbo. Este martes, en el despacho de Vestager, hubo euforia cuando el tribunal más alto de la UE le dio la razón.
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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea anuló la decisión previa de un tribunal inferior y afirmó que “confirma la decisión de la Comisión Europea de 2016: Irlanda concedió a Apple una ayuda ilegal que Irlanda debe recuperar”.
La apertura del caso provocó la indignación de Apple en 2016, y el director general del gigante tecnológico, Tim Cook, calificó el proceso de “basura política total”. El entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó a la comisaria europea, Margrethe Vestager, quien encabezó la campaña para eliminar los acuerdos fiscales especiales y tomar medidas contra las grandes empresas tecnológicas estadounidenses, calificándola como la “señora de los impuestos” que “realmente odia” a Estados Unidos.
La Comisión Europea, el órgano ejecutivo del bloque, había acusado a Apple de alcanzar un acuerdo fiscal ilegal con las autoridades irlandesas para pagar unos impuestos extremadamente bajos. El Tribunal General de la Unión Europea discrepó en un fallo en 2020, que ahora ha sido anulado.
“Estamos decepcionados con la decisión de hoy ya que el Tribunal General había revisado anteriormente los hechos y anuló categóricamente este caso”, afirmó Apple en un comunicado.
Según Apple “nunca ha existido un acuerdo especial”
Hace ocho años, la decisión de la Comisión que determinó que Irlanda había concedido un trato de favor que permitió que Apple no pagase apenas impuestos en el bloque durante 11 años intensificó drásticamente el debate sobre si las grandes corporaciones estadounidenses pagaban lo que les correspondía en todo el mundo.
La Comisión sostuvo que Irlanda concedió unas exenciones fiscales tan generosas a Apple que el tipo efectivo del impuesto de sociedades que abonó sobre sus beneficios bajó del 1% de 2003 al 0,005% en 2014. Apple ha rebatido esas cifras.
El fallo ratificado ahora es una de las agresivas medidas adoptadas por la UE para exigir responsabilidades las empresas estadounidenses, especialmente a las tecnológicas, en virtud de las leyes comunitarias sobre fiscalidad, competitividad y privacidad.
El tribunal con sede en Luxemburgo resuelve definitivamente el caso y da así la razón a la Comisión Europea, que en 2016 concluyó que la multinacional se había beneficiado de un trato fiscal selectivo entre 1991 y 2014 que permitió a la firma estadounidense pagar sustancialmente menos impuestos de los que debería.
Tanto Apple como Irlanda recurrieron esta decisión ante la Justicia europea, que en una primera sentencia en 2020 dictaminó que Bruselas no había demostrado la existencia de una ventaja fiscal selectiva concedida a Apple Sales International (ASI) ni a Apple Operations Europe (AOP).
Sin embargo, el fallo publicado hoy por el TJUE da la razón a los servicios de Competencia del Ejecutivo comunitario que dirige la danesa Margrethe Vestager y concluye que Irlanda concedió a la multinacional una ayuda ilegal en virtud de las reglas comunitarias de ayudas públicas que dicho Estado debe ahora recuperar.
La Comisión Europea defendía, en particular, que la exclusión de la base imponible de los beneficios derivados del uso de licencias de propiedad intelectual de dos sociedades del grupo estadounidense constituía una ayuda de Estado incompatible con las normas europeas.
Los jueces europeos, en primer lugar, han anulado la sentencia de primera instancia porque consideran que el Tribunal “erró al declarar que la Comisión no había demostrado suficientemente que las licencias de propiedad intelectual y los beneficios correspondientes, generados por las ventas de los productos Apple fuera de los Estados Unidos, hubieran debido atribuirse, a efectos fiscales, a las sucursales irlandesas”.
Tras anular el fallo anterior el TJUE pasa a pronunciarse sobre el fondo de la cuestión, que resuelve de forma definitiva confirmando el enfoque defendido durante todo el proceso por la Comisión Europea.
Así, concluye que según el Derecho tributario irlandés, las actividades de las filiales de Apple en Irlanda (ASI y AOE) no debían compararse con otras sociedades del grupo (por ejemplo, una sociedad matriz en Estados Unidos) sino con las de otras filiales de estas sociedades, en particular sus sedes centrales fuera de Irlanda.
La Justicia europea resuelve así un asunto que ha enfrentado a la Comisión Europea con Apple e Irlanda durante casi una década por los acuerdos fiscales o ‘tax rulings’ de los que se beneficiaba la multinacional en dicho país para pagar menos impuestos.
La sanción a Google
La segunda decisión anunciada este martes por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea obliga a Google a pagar 2.400 millones de euros por haber abusado de su posición de dominio en el mercado de las búsquedas en internet para favorecer su propio servicio de comparación de productos, su Google Shopping.
La multa fue impuesta en 2017 y el proceso se alargó por recursos varios hasta ahora. Es la segunda multa más alta por un asunto anticompetencia jamás impuesta en la Unión Europea.
Los contenciosos entre Google y las autoridades europeas suman ya más de 8.000 millones de euros. Bruselas sigue sin torcer el brazo en su lucha contra las prácticas monopólicas o de evasión fiscal de las grandes plataformas tecnológicas estadounidenses, aunque a veces, como hoy, genere bronca con Washington.
Vestager se va. El ogro de las grandes tecnológicas estadounidenses, dejará el cargo en principio el 1 de diciembre cuando tomen posición los nuevos miembros de la Comisión Europea. Suenan varios nombres para el puesto, entre ellos el de la actual vicepresidenta española y ministra de Transición Ecológica Teresa Ribera. De confirmarse, las tecnológicas seguirán con el agua al cuello.
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