Milei y Lago Escondido: el acuerdo silencioso sobre tierras en zona de frontera

La relación entre Estado y capital privado suele ser uno de los ejes más delicados de la política económica. Cuando se duda de la imparcialidad de las decisiones del Estado, esa relación genera rispideces. El reciente acuerdo entre el gobierno de Javier Milei y el empresario británico Joe Lewis por Lago Escondido expone precisamente ese punto de tensión.

Acuerdo Milei-Lewis y controversia por Lago Escondido

Según reveló una investigación periodística de El Destape, la administración nacional avanzó en un convenio de conciliación con la firma Hidden Lake S.A. que puso fin a una acción judicial iniciada por el propio Estado en 2023.

Esa causa buscaba anular la compra de unas 12.000 hectáreas en una zona de seguridad de frontera en Río Negro, una operación previamente cuestionada por organismos públicos por su presunto carácter fraudulento.

El elemento más controversial no es solo el cierre del litigio, sino las condiciones en las que se realizó. El acuerdo implicó que el Estado desistiera de su reclamo “sin recibir nada a cambio”, más allá del compromiso de la empresa de completar inversiones que ya tenía pendientes, como obras vinculadas a una central hidroeléctrica. Esto introduce una pregunta incómoda desde el punto de vista económico: ¿qué racionalidad guía una decisión que resigna activos estratégicos sin contraprestación clara?

Desde una perspectiva de política pública, el caso plantea al menos tres problemas. Primero, el debilitamiento del principio de defensa del patrimonio estatal. Si una administración puede abandonar una causa que cuestiona la legalidad de la adquisición de tierras en zonas sensibles, se erosiona la previsibilidad jurídica, un factor clave para cualquier economía.

Segundo, el precedente en materia de extranjerización de recursos. Las restricciones legales en zonas de frontera existen justamente para evitar la concentración de activos estratégicos en manos extranjeras; flexibilizarlas de hecho, aunque no de derecho, altera ese equilibrio.

El tercer punto es quizás el más relevante: la señal al mercado. En teoría, el gobierno de Milei promueve reglas claras y un Estado mínimo que no interfiera arbitrariamente. Sin embargo, este tipo de acuerdos discrecionales envía el mensaje contrario: que la relación con el poder político puede ser más determinante que el cumplimiento de normas. En términos económicos, esto incrementa el riesgo institucional, un factor que impacta directamente en la inversión.

El acuerdo se firmó en plena feria judicial

El contexto en el que se firmó el acuerdo refuerza estas dudas. La homologación se realizó durante la feria judicial de enero, con el expediente bajo reserva y con objeciones previas de un fiscal que consideró improcedente avanzar en ese momento. La opacidad, lejos de ser un detalle administrativo, es un componente central en la evaluación de riesgo país: los mercados no solo observan qué decisiones se toman, sino cómo se toman.

Defensores del gobierno podrían argumentar que facilitar inversiones en infraestructura energética —como la interconexión de una central hidroeléctrica— tiene beneficios económicos de largo plazo. Sin embargo, incluso bajo esa lógica, el equilibrio costo-beneficio del acuerdo sigue siendo difuso. La inversión mencionada ya estaba comprometida por la empresa, lo que debilita el argumento de que el Estado obtuvo una ventaja tangible.

En definitiva, el caso Lago Escondido no es solo un conflicto legal o político. Es un síntoma de una tensión más profunda entre discurso y práctica en la política económica. En un país con historial de inseguridad jurídica, decisiones de este tipo no solo afectan un expediente puntual: redefinen las reglas del juego. Y en economía, las reglas —cuando se vuelven negociables— suelen tener un costo mucho más alto que cualquier acuerdo puntual.