Perú deja en jaque a las plataformas DiDi, Uber, Cabify e InDrive

Evalúan bloquear plataformas como DiDi, Uber, Cabify e InDrive por problemas con conductores

El Congreso peruano se encuentra en el centro de un acalorado debate que podría modificar drásticamente el funcionamiento de las plataformas digitales de transporte en el país. Un proyecto de ley que busca equiparar los servicios de empresas como Uber, DiDi, Cabify e InDrive con el transporte público tradicional ha encendido las alarmas entre los conductores, usuarios y representantes del sector tecnológico.

La iniciativa, impulsada a través del Proyecto de Ley N.º 842, propone una serie de modificaciones que, de aprobarse, obligarían a las plataformas a operar bajo las mismas condiciones que los taxis regulados. Entre las nuevas exigencias figuran licencias especiales, cambios en la apariencia de los vehículos y un conjunto de requisitos administrativos que, según las propias empresas, pondrían en jaque el modelo colaborativo que sustenta su funcionamiento.

Una amenaza para 150.000 familias que trabajan con estas plataformas

En un comunicado conjunto, las principales plataformas de transporte por aplicativo —DiDi, Uber, Cabify e InDrive— expresaron su rechazo a la normativa en debate. La advertencia es contundente. De implementarse el nuevo marco legal, más de 150.000 familias peruanas podrían ver afectadas sus fuentes de ingreso, además de generar un impacto directo en millones de usuarios que dependen a diario de estos servicios para desplazarse.

Las plataformas afirman que la ley no solo desvirtúa el modelo tecnológico e independiente que las caracteriza, sino que también podría elevar los costos operativos, limitar el ingreso de nuevos conductores y encarecer el servicio para los usuarios finales.

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Transporte por plataformas digitales: El proyecto vuelve al Pleno tras observaciones del Ejecutivo

El proyecto de ley fue presentado inicialmente a fines de 2021 y, tras superar los filtros de las comisiones de Trabajo y Transportes, obtuvo luz verde del Pleno del Congreso en junio de este año. No obstante, antes de su promulgación, fue observado por el Poder Ejecutivo, lo que obligó a que el texto retornara a la Comisión de Transportes para su revisión.

El dictamen modificado, rebautizado como “Ley que regula el servicio de intermediación digital para el transporte de personas”, volvió a entrar en la agenda parlamentaria sin haber pasado por la Comisión de Economía, una omisión que también ha generado críticas en diversos sectores.

Registro obligatorio y nuevas responsabilidades a las plataformas digitales de transporte

Una de las novedades más polémicas del proyecto es la creación de un Registro Nacional de Empresas de Intermediación Digital para el Transporte de Personas, así como un registro similar para los usuarios afiliados a estas plataformas. La supervisión y fiscalización quedaría a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), que tendría además potestades sancionadoras.

De aprobarse el artículo 7 del proyecto, las plataformas deberán verificar el cumplimiento de requisitos por parte de los conductores, mantener bases de datos actualizadas, remitir información al MTC de forma trimestral y compartir dicha información con organismos de seguridad y justicia en casos de investigación.

Asimismo, se plantea que las plataformas sean responsables legales por los delitos que pudieran cometer sus conductores durante la prestación del servicio, una disposición que, según las empresas, no tiene precedentes en la legislación comparada.

¿Seguridad o retroceso?

Uno de los principales argumentos esgrimidos por los promotores de la ley es el aumento de la seguridad para los pasajeros. No obstante, las propias plataformas citan estudios que contradicen esta premisa. Según datos del Instituto Peruano de Economía (IPE), el 64% de los peruanos considera que los taxis por aplicativo son más seguros que los taxis tradicionales. Esto se debería a herramientas como el monitoreo en tiempo real, botones de emergencia y la posibilidad de compartir el viaje con terceros.

Desde las plataformas aseguran que imponer requisitos propios del transporte público formal no garantiza mayor seguridad, sino que podría tener el efecto contrario al desincentivar su uso. “La tecnología ya ofrece mecanismos de seguridad superiores. Lo que se necesita es mejorar esos estándares, no eliminarlos con regulaciones obsoletas”, señalan en el comunicado.

Impacto económico para conductores

Otro punto crítico del proyecto es su impacto económico. Las plataformas advierten que las nuevas regulaciones encarecerían significativamente el servicio, afectando tanto a conductores como a usuarios. La obligación de realizar trámites adicionales, adaptar vehículos o afrontar sanciones por incumplimientos, reduciría la viabilidad del negocio para miles de personas que hoy encuentran en estas aplicaciones una forma flexible e independiente de generar ingresos.

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A esto se suma la crítica sobre los plazos de adecuación previstos por la ley, que las empresas consideran “demasiado cortos” y sin respaldo técnico. De no flexibilizarse, muchos conductores podrían quedar excluidos del sistema en el corto plazo, sin una alternativa laboral inmediata.