La elección sexual por fuera de la heteronormatividad está penada por ley en 67 países y con la muerte en Mauritania, Sudán, Somalia, Nigeria, Arabia Saudita, Afganistán, Brunei, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Pakistán y Yemén, naciones que persiguen a identidades LGTTB. Pero no hace falta mirar al Medio Oriente o África para notar que la discriminación sobre la sexualidad todavía sobrevive incluso en naciones con derechos, como lo acredita la reciente detención ‘arbitraria’ en un sauna gay de Venezuela que escandalizó a la ciudadanía.
El pasado domingo 23 de julio en un local ubicado en el sector Los Sauces de Valencia, a unos 150 kilómetros al oeste de Caracas, conocido como Avalon Club que es frecuentado por la comunidad LGTTBQI, 33 hombres que estaban regocijándose en un sauna allí fueron detenidos por la Policía Bolivariana sin orden judicial.
Aunque tras varios días ya liberaron a 30 hombres de entre 22 y 57 años, imputados por “ultraje al pudor” y “contaminación acústica” por la Fiscalía, los letrados de las víctimas aseguran que los delitos que se les imputan no tienen lógica y que se trata de una criminalización a la orientación sexual.
Los 33 hombres “fueron expuestos y sometidos al escarnio público tras ser detenidos en un sauna y venta de alcohol (...) espacio para mayores de 18 años”, denunció la ONG PROVEA (Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos).
“Funcionarios policiales ejecutaron un allanamiento, incautando objetos personales y realizando una minuta estigmatizadora que fue difundida en redes sociales, exponiendo nombres, datos y fotografías de las 33 personas”, añadió.
Según fuentes de Urgente 24 y El País, una llamada anónima a la Policía que denunció que personas con VIH mantenían sexo grupal en el salón vip, desencadenó el allanamiento. En caso de veracidad del supuesto consentimiento de personas a mantener una orgía a sabiendas de que pueden contraer una enfermedad, no implicaría un delito. Sin embargo, los hombres aseguran que ello no es verdad.
Aún permanecen 3 hombres detenidos, que son dos masajistas y el propietario del establecimiento. Los liberados relataron que durante su arresto se les privó de alimentos y medicamentos (para el asma y diabetes).
Código Penal "obsoleto"
Activistas por los DD.HH. denuncian que el gobierno de Nicolás Maduro tiene simpatías con sectores conservadores-católicos, por lo que retrasa cambios constitucionales a favor de la igualdad de derechos de la comunidad LGTTB y no propone legislaciones inclusivas como el matrimonio igualitario que ha sido aprobado en muchos países de Latinoamérica.
De igual forma, varios artículos del Código Penal de Venezuela ya quedan obsoletos, como el delito de ultraje al pudor referido a actos obscenos en público, que conlleva penas de 3 a 15 meses de prisión, que en este caso no lo habrían infringido por estar en un lugar privado.
Hace muy poco, la homosexualidad dejó de ser delito en las fuerzas armadas bolivarianas. En marzo (2023), la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela anuló un artículo del Código Orgánico de Justicia Militar (COJM) que penalizaba las relaciones homosexuales entre militares.
Aunque Venezuela es un Estado laico, líderes del Oficialismo con autoridades locales participaron de la jura del directorio del Movimiento Cristiano Evangélico de Venezuela, integrado por varias iglesias que están pidiendo al Parlamento que frene una ley contra todo tipo de discriminación propuesta por la diputada Roraima Gutiérrez (Movimiento Social Afrodescendiente).
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