Explota un nuevo giro en la política migratoria europea. El Parlamento Europeo aprobó este jueves el nuevo Reglamento de Retornos, una normativa que endurece el sistema de expulsiones dentro de la Unión Europea y abre la puerta a una medida tan inédita como polémica: enviar migrantes sin derecho de asilo a centros de retorno ubicados en países fuera del bloque comunitario.
ICE LLEGA A EUROPA
El Parlamento Europeo aprueba deportar migrantes a centros en países fuera de la UE
El Parlamento Europeo aprobó el Reglamento de Retornos con 389 votos a favor: permitirá enviar migrantes a centros en terceros países y endurecer expulsiones.
El texto fue aprobado tras una jornada de fuerte choque político en la Eurocámara. La iniciativa salió adelante gracias a una mayoría construida por el Partido Popular Europeo (PPE) junto a varios grupos de derecha y extrema derecha, entre ellos Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), Patriotas por Europa (PfE) y Europa de las Naciones Soberanas (ESN), que reunieron 389 votos a favor, frente a 206 en contra y 32 abstenciones, en su mayoría provenientes de socialdemócratas, Los Verdes (la familia ecologista europea) y otras fuerzas de izquierda.
Así, la nueva normativa habilita a los Estados miembros a trasladar a migrantes cuya solicitud de asilo haya sido rechazada a centros de retorno situados en terceros países, siempre que exista un acuerdo previo con esas naciones. El objetivo declarado es agilizar las expulsiones y reforzar la credibilidad del sistema migratorio europeo, donde actualmente apenas uno de cada cinco migrantes que recibe una orden de salida abandona efectivamente territorio comunitario.
La derecha celebra un endurecimiento del sistema
Desde los sectores conservadores, la aprobación del reglamento fue presentada como un paso necesario para restablecer la eficacia del sistema migratorio europeo. Varios eurodiputados defendieron que la reforma apunta a resolver una de las principales debilidades del modelo actual: la escasa efectividad de las órdenes de expulsión dictadas dentro del bloque.
El eurodiputado sueco Charlie Weimers, del grupo Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), remarcó durante el debate el dato que se repite en Bruselas cada vez que se discute la política migratoria: solo uno de cada cinco migrantes que recibe una orden de abandonar territorio comunitario termina cumpliéndola. “Se trata de recuperar la credibilidad del sistema”, afirmó el legislador.
En la misma línea, desde los sectores más duros del Parlamento celebraron el resultado como un avance político sustancial en la gestión migratoria europea. El eurodiputado de VOX, Jorge Buxadé, sostuvo que el texto aprobado representa “uno de los acuerdos más contundentes en materia migratoria en la historia de la Unión Europea” y lo definió como “un primer paso hacia la reemigración”, un concepto promovido por la derecha radical dentro del debate migratorio continental.
La valoración positiva también llegó desde la propia Comisión Europea. El comisario de Interior, Magnus Brunner, defendió el nuevo marco al señalar que “los retornos efectivos son una parte esencial de un sistema migratorio creíble”, y celebró que la Unión esté “un paso más cerca de contar con las herramientas necesarias para hacerlo funcionar”.
La izquierda acusa al PPE de romper el cordón sanitario con la extrema derecha
Desde la izquierda europea, la aprobación del reglamento fue recibida con fuerte preocupación. Varios grupos denunciaron que el acuerdo no solo endurece la política migratoria comunitaria, sino que también refleja un cambio profundo en el equilibrio político del Parlamento Europeo.
En ese sentido, la vicepresidenta del grupo Socialistas y Demócratas, Ana Catarina Mendes, lamentó que el PPE haya roto el tradicional “cordón sanitario” que durante años mantuvo a distancia a los sectores más radicales del hemiciclo. A su juicio, el resultado de la votación confirma un giro político impulsado por la creciente presión de la derecha en el debate migratorio europeo.
Las críticas, sin embargo, no se limitaron al plano político. También apuntaron directamente al contenido del reglamento aprobado. La eurodiputada francesa de Los Verdes, Mélissa Camara, calificó la jornada como “una votación de vergüenza” y acusó a la mayoría parlamentaria de abandonar principios básicos del proyecto europeo. “Se está dejando de lado la dignidad humana en favor de una agenda ideológica basada en el miedo”, afirmó.
En la misma línea, organizaciones civiles alertaron sobre las posibles consecuencias prácticas de la reforma. Desde la Plataforma para la Cooperación Internacional sobre Migrantes Indocumentados (PICUM), su responsable de incidencia política, Silvia Carta, advirtió que la nueva normativa normaliza prácticas que recuerdan a las políticas migratorias más duras aplicadas en Estados Unidos, particularmente las vinculadas al sistema de detención y deportación del ICE. Según la organización, la medida podría abrir la puerta a detenciones prolongadas, separaciones familiares y deportaciones masivas.
Las preocupaciones se agravan si se observa el alcance concreto del reglamento. El texto permitirá que los procedimientos de retorno se apliquen también a familias con menores, siempre que exista un acuerdo con un tercer país para recibirlos, y reduce algunas de las excepciones que hasta ahora podían frenar una deportación, como determinados vínculos familiares o situaciones médicas. Los menores no acompañados quedan excluidos, pero para sus críticos ese límite resulta insuficiente frente a lo que consideran un cambio drástico en el enfoque migratorio del continente.
El episodio, parece reflejar una tendencia política más amplia: el avance de posiciones cada vez más restrictivas en materia migratoria dentro de Europa, en paralelo al crecimiento electoral que los partidos de derecha y extrema derecha han registrado en distintos países del continente en los últimos años.
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