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SACANDO LAS CARETAS

Alberto no quiere bajar los planes sociales: Idea en Italia

Nuevos cambios en la Administración de Meloni: revocar la prestación no contributiva para ciudadanos debajo de la línea de pobreza que no acepten empleo.

La flamante premiere italiana, Giorgia Meloni, a menos de un mes al poder, está llevando a cabo reformas económicas para reducir el déficit fiscal y el gasto público, tal como lo había prometido en campaña. Ahora, una prestación no contributiva para aquellos desempleados o quienes se encuentren bajo el umbral de pobreza, conocida como Renta de la Ciudadanía(Reddito di cittadinanza), se verá interrumpida si el beneficiario de dicho plan rechazase una oferta laboral. En la "mira", los planes sociales.

Aquellos ciudadanos que perciban ingresos anuales menores a 9.360 euros -considerados población de bajos recursos-, han sido siempre los principales beneficiarios de la Renta de la Ciudadanía (RDC), según el Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. En el 2019, un desempleado o aquel de clase baja que vivía solo en Italia percibía 780 euros mensuales en concepto de Reddito di cittadinanza, caso contrario a aquel jefe/jefa de familia a cargo que cobraba 1.032 euros al mes.

“Para los que pueden trabajar, la solución no puede ser la Renta de Ciudadanía", declaró Meloni hace un tiempo ante el Parlamento italiano, y cumplió su palabra: la RBC no será más vitalicia, su beneficiario no podrá rechazar una oferta de trabajo, el monto mensual que perciba disminuirá a medida que pase el tiempo con un tope máximo de duración de 18 meses.

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Pasado los dieciocho meses, dicho pensionado tendrá suspendida la Renta de la Ciudadanía, aunque estará obligado a concurrir a cursos de formación profesional y laboral tendientes a incluirlo nuevamente en el mercado, todo ello ahora financiado desde las reservas del Fondo Social Europeo.

Tras seis meses de capacitación activa y búsqueda laboral sin surtir efecto, el destinatario puede volver a solicitar la Reddito di cittadinanza, aunque recibirá un 25% menos reflejado en su cobro mensual, con un plazo estipulado para encontrar empleo de hasta 12 meses. Nuevamente, luego de dicho tope máximo sin hallar empleo, al beneficiario se le suspende dicho plan social, reanudándose el período de capacitación laboral antes mencionado.

Si en 6 meses extra, dicho beneficiario no logró obtener un empleo, puede pedir otra vez la reanudación de dicha Renta, pero con un nuevo tiempo para conseguir ser asalariado formal (hasta 12 meses); y después de ello, se le cancela definitivamente la prestación no contributiva. “El subsidio no puede ser vitalicio. Hay que marcar un plazo más allá del cual no podemos ir, un poco como con Naspi”, sostuvo el subsecretario de Trabajo, Claudio Durigon, haciendo referencia al seguro social de desempleo conocido como NASpi (ex ASpI y MiniASpI) que tras un límite máximo de 18 meses sin logro concreto de empleo, el Estado va cortando paulatinamente el monto mensual que percibe el desempleado.

Por tanto, la nueva disposición estatal signada por el contundente alejamiento de dicha nueva Administración italiana con respecto a la intervención político-estatal en materia social y económica, afectará a uno de cada tres pensionados bajo dicha Renta de la Ciudadanía, es decir, 660.000 personas que la cobran debido a estar desempleados y otros 173.000 asalariados pero cuyos trabajos no les permiten mantenerse por el costo de vida actual.

El control y la fiscalización del cumplimiento de las normas para la continuidad de la Renta de la Ciudadanía, ya no correrá a cuenta del Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, sino de cada Administración municipal.

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