No hay que ser doctor en Ciencia Política para entender que en un balotaje el ganador triunfa con votos que no son suyos. Lo hace con sufragios prestados de una porción del electorado que ante 2 opciones elige la mejor. O la menos peor. Muchas veces se trata de una elección para evitar un presunto mal mayor. En los últimos comicios ese mal mayor se vio representado en una eventual continuidad del gobierno del exFrente de Todos. Así fue como Javier Milei sumó al 30% que cosechó el 22/10 26 puntos compuestos, en principio, por los votantes de Patricia Bullrich y algunos de Juan Schiaretti, postulantes que luego iban a participar de forma directa o indirecta en su gobierno. La motivación de cada elector para votar por Milei en la 2da vuelta es difícil de individualizar, pero se concluye que la argamasa que unió las voluntades en favor de la opción libertaria fue la necesidad de un cambio de régimen. Así Milei acumuló casi el 56% de los votos el 19/11. Pero sería un error concluir que ese 26% que Milei ganó entre la elección general y el balotaje y lo catapultó a la Presidencia suscribe incondicionalmente a su ideario o a su propuesta de gobierno. En la primera vuelta, de hecho, escogió otras opciones, y en el balotaje pudo inclinarse por el libertario sólo porque consideraba a Sergio Massa un candidato peor.
PANORAMA
El malentendido original
El Presidente parece estimar que el caudal que lo llevó a la Casa Rosada se construyó sobre la base de un consenso absoluto sobre su figura y programa.
30 de diciembre de 2023 - 23:05
El relato oficialista se cimentaría sobre la lectura antojadiza de que todos los movimientos del Presidente se encuentran amparados bajo la legitimidad del resultado del balotaje.
Montaje: Urgente24Pero estas hipótesis no estarían siendo atendidas por Milei, quien haría una lectura antojadiza de los resultados electorales. El Presidente parece estimar que el caudal que lo llevó a la Casa Rosada se construyó sobre la base de un consenso absoluto sobre su figura y programa, obviando que fue sólo 1 de cada 3 electores el que convalidó su propuesta en las elecciones generales. Ese resultado fue el que además le otorgó a La Libertad Avanza, el nuevo oficialismo, un lugar de absoluta minoría en ambas cámaras legislativas: sólo 38 diputados y 7 senadores fueron elegidos bajo el sello libertario. Pero el relato oficialista se cimentaría sobre un malentendido original: todos los movimientos del Presidente se encuentran amparados bajo la legitimidad del resultado del balotaje, que implica una adhesión sin miramientos a “las ideas de la libertad”, cuando no un cheque en blanco para llevarlas a la práctica. Esta interpretación es la que estaría detrás, primero, del DNU que instrumenta una masiva desregulación de distintos aspectos económicos y sociales (derogando además cientos de leyes) y, después, del proyecto conocido como “Ley Ómnibus”, que incluye otras tantas reformas, pero tiene como punto sobresaliente la delegación al Presidente de facultades propias del Parlamento. De aprobarse, lo que aparece a priori con dificultad, Milei ejercería sin control legislativo durante prácticamente todo su mandato.
Los voceros libertarios insisten en que lo que impulsa el Presidente “es lo que la gente votó”, omitiendo las condiciones en las que Milei llegó al poder y soslayando a las minorías, para las que el Ejecutivo también tiene que gobernar. En ese marco el propio Milei ubica a los que oponen a sus iniciativas fuera del espectro de “la gente de bien” y hasta acusa de corruptos que pretenden coimas a los legisladores que podrían constituir una mayoría que frene tanto el DNU como la “Ley Ómnibus”. Propone al mismo tiempo como antídoto llamar a un plebiscito que convalide el agresivo plan de reformas que propone. “Los diputados y senadores tendrán que elegir si quieren ser parte de la solución o si quieren seguir siendo parte del problema”, disparó en un mensaje por fin de año
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Pero el malentendido original empieza a mostrar fisuras. Sendas encuestas muestran que no hay suficiente consenso en la opinión pública respecto del programa de ajuste libertario. El trabajo de Circuitos Consultora muestra que el 41% de los consultados está de acuerdo con las medidas oficiales, pero el 47% está en desacuerdo, mientras que un 12% no tiene aún decidida su postura. El mismo trabajo, por otro lado, refleja que el 36% opina que el contenido del DNU tiene como principales beneficiarios a los empresarios, mientras que el 61% entiende que los perjudicados son “los trabajadores”. No es casual, entonces, que las asociaciones empresarias saluden el DNU y los sindicatos lo lleven a la Justicia. Un irrelevante 14%, en tanto, cree que la que será perjudicada por las medidas será “la casta”, esa figura que Milei eligió para definir a un segmento de privilegiados enemigos del progreso, sobre el que prometió que recaería el ajuste.
El plan de ajuste y el contenido del DNU y la “Ley Ómnibus” erosionan la popularidad presidencial. Un trabajo de Zuban-Córdoba evidencia una caída en más de 4 puntos de la imagen positiva de Milei en lo que va de su mandato, es decir, 20 días. Según Gustavo Córdoba, titular de la consultora, se trata de un desgaste en tiempo récord que no registra antecedentes ni siquiera en la región. El mismo estudio también advierte que el 60% de los encuestados está en desacuerdo en darle al Presidente las facultades que solicita en su proyecto de “Ley Ómnibus”, y por lo tanto rechaza que el Congreso lo apruebe. En tanto que el 56% opina que el mega-DNU desregulador debe ser derogado o por el Congreso o por la Justicia. En el Parlamento el decreto debe ser sometido a revisión de una comisión bicameral. Por ahora sólo el Senado ha definido a sus integrantes, por lo que se demora su conformación mientras los efectos de la normativa rigen desde el 29/12. Una vez que la comisión dictamine, bastará con que sólo una de las cámaras legislativas lo convalide para que el DNU siga vigente. ¿Podrá conformarse una mayoría en ambas instancias que frene el decreto? Sólo el PRO se prestaría para una aprobación sin objeciones, mientras que Unión por la Patria daría un rotundo “NO”. En paralelo el radicalismo y el novel bloque que lidera Miguel Pichetto y que integran peronistas disidentes, la Coalición Cívica, Margarita Stolbizer y exPRO, como Emilio Monzó y Nicolás Massot, tienen objeciones con las formas más que con el contenido. De ahí que un sector de la UCR haya planteado proyectos de ley “en espejo” para forzar un tratamiento parlamentario del extenso decreto.
El otro camino que se le plantea al DNU es el de los tribunales. Se han presentado varios pedidos de inconstitucionalidad. La CGT impulsó uno ante el fuero laboral mientras otros se tramitan en el contencioso administrativo. La central gremial además votó por unanimidad convocar a un paro general el próximo 24/01. En la Casa Rosada, no obstante, esperan desactivarlo. El diálogo entre el Gobierno y el sindicalismo, dice el primero, es permanente. Un botón de muestra: horas después de la movilización cegetista al Palacio de Tribunales para respaldar el pedido de inconstitucionalidad del DNU, Armando Cavalieri, eterno líder del sindicato de Comercio, visitaba a la ministra Sandra Pettovello y al secretario de Trabajo, Omar Yasín, para avanzar con la implementación en el gremio del fondo de cese laboral que impulsa Milei. Otro pedido para hacer caer el decreto llegó hasta la Corte Suprema, que decidió tratarlo recién en febrero, tras el receso judicial. Hay quienes vieron cierta picardía en la decisión del máximo tribunal porque quien presentó el recurso fue el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, uno de los más fervientes impulsores del juicio político a los cortesanos, al punto tal que colocó frente a la gobernación gigantografías de cada uno de ellos a manera de escrache. Las vueltas de la vida.
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