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El impuesto a la riqueza ahora recae sobre patrimonios devaluados de la clase media, como inmuebles, autos y ahorros, justo cuando el poder adquisitivo del salario viene dando pérdidas. Equipos allegados a CFK quieren avanzar sobre la progresividad de bienes personales llevando la tasa al máximo de 1,25% que regía en 2015 y penalizando los capitales argentinos radicados en el exterior, como bienes raíces y cuentas bancarias, con porcentajes diferenciales como los de renta financiera, estipulado en 15% si la tenencia con oferta pública es local, pero que sube al 35% si se trata del mismo papel pero a través de un ADR en Wall Street. Los tributaristas profesionales advierten que será una confiscación que perjudicará a quienes no son precisamente ricos porque los mínimos no imponibles no le han seguido el paso a las revaluaciones técnicas y la inflación los deja muy bajos, y tendrá el efecto contrario al de seducir a quienes se llevaron el dinero afuera para que lo traigan y, a los que aún siguen en el país, para que no cambien de radicación hacia Uruguay u otros destinos en los que no tengan jurisdicción los tentáculos de la AFIP. Eso sí, los colchones y los expatriados y no declarados continuarán tan campantes como siempre.
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