De acuerdo con la iniciativa del Poder Ejecutivo que ingresó a Diputados el 14/2, los jueces que se jubilen no cobrarán el 82% móvil del último salario, sino que se calculará el 82% sobre el promedio de lo que cobraron durante los últimos 10 años. Sería un 60% del sueldo de un juez en actividad.
PROYECTO POLÉMICO
Reforma jubilatoria judicial: Última puerta de salida para jueces antes de la reforma
El viernes (14/2) a última hora ingresó en la Cámara de Diputados de la Nación el proyecto de ley del Poder Ejecutivo para modificar el régimen jubilatorio de los funcionarios del Poder Judicial y del Servicio Exterior. La novedad generó malestar en el ámbito judicial, donde se esperaba alguna medida gubernamental contra las jubilaciones, previo al envío al Congreso de la reforma judicial. Con la iniciativa, quienes se jubilen antes de la sanción evitarían recortes en sus haberes, lo que generaría vacantes para que el Gobierno nombre más jueces. Todo ocurre en el marco de las acusaciones de Cristina Fernández sobre un lawfare que la habría perseguido a ella y a su familia, además de a sus exfuncionarios. Ahora se espera la réplica de los jueces, que advirtieron sobre la inconstitucional del proyecto.
Además, el proyecto establece la suba de edad de jubilación de 60 a 65 años con un aumento del 7% en los aportes lo que lo elevaría al 19% del salario.
Estos son los puntos sobresalientes de la iniciativa enviada el viernes a última hora al Congreso de la Nación y que puso en alerta al Poder Judicial.
En la Justicia, por ahora sólo se expresó públicamente Ricardo Recondo, vicepresidente del Consejo de la Magistratura, que aclaró que son haberes jubilatorios de privilegio, sino de protección y argumentó: “La intangibilidad de nuestros ingresos es para garantizar la independencia de los jueces".
También alertó que la ley podría generar un vaciamiento del Poder Judicial.
“Es inconstitucional. La Corte lo ha declarado muchas veces ya. No se trata tampoco de una ley de privilegios. Aporto hace cincuenta años a la caja de jubilaciones un equivalente de 90.000 pesos. Si me cambian el sistema, yo podría pedir el reintegro de todo eso, más los intereses”, advirtió en declaraciones a Radio Mitre.
Y adelantó que habrá más vacantes: “Espero que no se concrete porque va a generar un vaciamiento del poder judicial. Ahora hay 300 vacantes: va a haber 300 más”.
El tema de las vacantes sería una buena noticia para el Gobierno nacional porque podría nombrar nuevos jueces.
Es más, enviar primero este proyecto antes de la reforma judicial -o incluirlo en esta última- parece ofrecer una puerta de salida voluntaria a los magistrados.
Ocurre que si los jueces renuncian a sus cargos podrían conservar los beneficios del actual sistema y no los perderían después de que la reforma se convierta en ley (aún no están claros los números en Diputados pero en el Senado el oficialismo es mayoría) y supere los previsibles planteos judiciales.
Según el diario La Nación, los magistrados buscarán esta semana reunirse con los miembros de la Corte Suprema de Justicia, con Recondo y con los legisladores de todas las bancadas para tratar de contener lo inevitable.
Pero la vía del reclamo de inconstitucionalidad con visto bueno de la Corte Suprema no estaría tan clara porque el proyecto de ley no los alcanza.








