A días del inicio de las sesiones extraordinarias, la Casa Rosada apuró el paso y terminó de pulir la letra chica de la reforma laboral que Javier Milei quiere convertir en ley antes de fin de año. Mientras el oficialismo activa negociaciones silenciosas para sumar votos en el Senado, desde el kirchnerismo denuncian que el proyecto es “una bomba de humo” destinada a distraer mientras “regalan el país como nunca antes”.
TENSO DEBATE
Reforma laboral lista: El Gobierno busca votos y el kirchnerismo habla de "cortina de humo"
Ya está listo el proyecto de Reforma Laboral que el Gobierno pretende aprobar. El kirchnerismo advierte que es un proyecto para tapar otras cuestiones.
El borrador final del texto ya está en manos del jefe de Gabinete, Manuel Adorni; del presidente de Diputados, Martín Menem; y de la titular del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich. Desde la cúpula libertaria aseguran que el proyecto “está cerrado” y que ahora comienza la fase política: reuniones con gobernadores, llamados a bloques aliados y un intento de reordenar la cancha parlamentaria antes del debate.
Reforma Laboral: un proyecto escrito en soledad y con tensiones cruzadas
Aunque durante semanas se discutieron versiones preliminares dentro del Consejo de Mayo, el contenido final fue redactado exclusivamente por el Ejecutivo. Quedó afuera cualquier modificación sugerida por la CGT, cuyo representante, Gerardo Martínez (UOCRA), rechazó el esquema que había circulado: lo consideró un retroceso en derechos laborales y una amenaza para la estabilidad del empleo.
Tampoco hubo sintonía total con el sector empresario: Martín Rappallini, presidente de la UIA, había presionado para que la reforma fuera aún más profunda.
El texto final incluye capítulos sobre ultraactividad, convenios colectivos, aportes sindicales, derechos colectivos, empleo joven con nuevas “flexibilidades”, y cambios para autónomos. La firma técnica quedó en manos del ministro Federico Sturzenegger y su equipo.
Un diciembre caliente en el Senado (y el Gobierno negocia los votos)
El Gobierno quiere tratar la reforma entre el 10 y el 31 de diciembre. Luego habrá un receso breve en enero y el debate se retomará el 19 de ese mes. Aunque Martín Menem pretendía sesionar todo el verano, la falta de quórum obligó a desactivar esa idea.
Patricia Bullrich ya inició conversaciones con los bloques que podrían garantizar los votos, sobre todo los grupos provinciales y las bancadas aliadas que surgieron del reordenamiento político de las últimas semanas.
El kirchnerismo responde: “Bomba de humo y entrega del país”
Del otro lado del tablero, el peronismo ya definió su estrategia discursiva. Oscar Parrilli, uno de los dirigentes más duros de Unión por la Patria, aseguró que la reforma “es vieja, fracasó y está hecha para bajar salarios”. Pero su crítica fue mucho más allá del eje laboral.
“Es una bomba de humo para entretenernos mientras están entregando el país como nunca antes”, lanzó el senador neuquino, en referencia a las últimas medidas económicas y de desregulación impulsadas por Milei.
Parrilli acusó al Gobierno de “sumisión total”, cuestionó la “degradación democrática” y sostuvo que la reforma “solo busca acelerar un modelo de precarización”. Afirmó que la actual caída del empleo ya es, en los hechos, una reforma laboral encubierta.
También aprovechó para volver a cargar contra Bullrich, a quien calificó de tener “causas sin explicar”, y contra la Corte Suprema, a la que acusó de mirar para otro lado ante supuestas irregularidades.
“Nos piden discutir una reforma laboral mientras avanzan con la entrega de recursos estratégicos del país. Esto no es modernización, es una puesta en escena”, insistió.
Un choque frontal en la antesala del debate
El escenario parlamentario se encamina así a un choque político directo: El Gobierno quiere mostrar orden, velocidad y determinación, presentando la reforma como pieza clave de su programa económico. Mientras el kirchnerismo la rechaza en bloque y busca instalar la idea de que el verdadero objetivo del Ejecutivo es ocultar decisiones más profundas vinculadas a privatizaciones y desregulaciones.
Mientras tanto, gobernadores y bloques provinciales —convertidos en árbitros del Congreso— evalúan hasta dónde alinearse con la Casa Rosada y qué beneficios pueden obtener a cambio de su respaldo. El debate de diciembre promete ser uno de los más ásperos del año.
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