SANTA FE. El sistema sanitario de la Provincia se encuentra en un estado de alerta máxima debido al efecto dominó que está provocando la crisis operativa y financiera del PAMI. Lo que comenzó como un conflicto por honorarios médicos a nivel nacional, se transformó en una presión asistencial sin precedentes para los hospitales públicos santafesinos.
AGONÍA
PAMI en llamas: El grito de los médicos frente a una conducción que niega la crisis
PAMI en medio de la encrucijada, entre el reclamo de los médicos por la crisis y la postura oficial que asegura que los sueldos "están al día".
Ello obligó al Gobierno de Santa Fe a reasignar recursos para cubrir baches de la seguridad social nacional.
Este deterioro en la atención del PAMI dejó de ser un simple ajuste presupuestario para convertirse en un problema de sostenibilidad social y sanitaria. El impacto se manifiesta en una erosión profunda de la estructura de cuidado, afectando tanto la parte humana (el vínculo médico-paciente) como la infraestructura operativa en puntos neurálgicos como Rosario.
PAMI al límite: El éxodo de médicos y el vaciamiento institucional que asfixia a la salud pública
Esta problematica, que escala con el correr de los días, fue abordada en una reunión de gabinete encabezada por el gobernador, Maximiliano Pullaro, en Rosario. Allí se analizó el incremento sostenido de afiliados de PAMI que recurren a hospitales y centros de salud provinciales ante las dificultades para acceder a prestaciones dentro del sistema nacional.
Sobre ese marco, la ministra de Salud, Silvia Ciancio, precisó la magnitud del fenómeno y puso sobre la mesa cifras concretas: "De un 28% de usuarios sin cobertura que atendemos en nuestra red, el 25,2% corresponde a afiliados de PAMI que están accediendo a nuestros servicios. Eso ya implica una inversión muy importante de la provincia".
De manera continuada, la funcionaria cuestionó con dureza las condiciones actuales del sistema.
Posteriormente, aseguró que el gobierno provincial está "siguiendo de cerca esta situación porque impacta directamente en la calidad de atención".
Radiografía de un colapso
Este conflicto, que escaló en las últimas semanas, no es solo una disputa por números; es la radiografía de un sistema de seguridad social en tensión que está alterando profundamente la dinámica entre médicos, pacientes y el Estado. La reducción de los honorarios actuó como un catalizador que expone la fragilidad de la atención primaria para los jubilados en Argentina.
El desfasaje financiero ha llegado a un punto crítico donde la práctica médica profesional se vuelve, en muchos casos, deficitaria.
El colapso del valor de la consulta: Percibir, según lo denunciado por profesionales del sector, $2.100 por consulta frente a los $12.000 o $18.000 que abonan otras entidades de medicina prepaga o seguridad social genera una distorsión insostenible. Esta cifra no alcanza siquiera para cubrir los costos fijos de un consultorio (alquiler, secretaría, sistemas informáticos y servicios públicos). De acuerdo a referentes médicos, los ingresos mensuales estimados oscilan entre 600 mil y 700 mil pesos.
A ello se le suma la "licuación" por el sistema de pago: Al eliminar el pago por prestación individual e implementar un esquema de sumas fijas o capitadas, el médico percibe lo mismo sin importar si ve al paciente una o cuatro veces al mes. En una población como la de adultos mayores, que suele requerir seguimientos frecuentes y recetas mensuales, el valor real de cada encuentro médico se diluye hasta ser simbólico.
La medida habría sido adoptada de forma unilateral, sin acuerdo con los prestadores, lo que derivó en protestas, recortes de atención y tensiones en distintos puntos del país.
En terapia intensiva
Sin embargo, el impacto no es sólo económico. Los profesionales también advierten un deterioro en la relación con los afiliados, en su mayoría adultos mayores con quienes mantienen vínculos de larga data. Si bien muchos médicos manifiestan su voluntad de sostener la atención, reclaman una intervención urgente de las autoridades para evitar el colapso del sistema.
El escenario combina recortes, pérdida de profesionales y mayor presión sobre el sistema público, en una dinámica que —según advierten desde la provincia— podría agravarse si no se revisan de manera urgente las políticas sanitarias a nivel nacional.
El panorama exige no solo una actualización de los valores monetarios, sino una reconfiguración integral del modelo de gestión que devuelva la estabilidad a los trabajadores y la seguridad sanitaria a los adultos mayores.
En Rosario también hay preocupación
La crisis no solo afecta a los consultorios privados, sino también a los centros emblemáticos de Rosario, como el PAMI 1 y PAMI 2.
En ese sentido, se estima que más de 100 trabajadores han renunciado recientemente, asfixiados por salarios que no acompañan la inflación y la falta de incentivos. Por su parte, la existencia de unos 300 contratos que se renuevan trimestralmente impide una planificación sanitaria a largo plazo y genera inestabilidad en la calidad del servicio para el adulto mayor.
PAMI negó la crisis
En medio de la creciente ola de reclamos por parte de médicos de cabecera y el desborde de la demanda en efectores públicos, la dirección ejecutiva de PAMI rompió el silencio para desestimar la existencia de una crisis estructural.
El titular del organismo, Esteban Leguízamo, aseguró que la institución garantiza la continuidad de todas las prestaciones y que los conflictos actuales responden a desajustes financieros transitorios ya en vías de solución.
Frente a las críticas por el nuevo esquema de remuneración, Leguízamo fue tajante al sostener que los profesionales "están al día" y que la institución ha cumplido con sus obligaciones financieras de manera ininterrumpida.
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