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JUICIO A LA CORTE

El Gobierno, al cruce de HRW: "El informe es inconsistente"

Tras el duro informe de Human Rights Watch por la embestida oficial contra la Justicia, el Gobierno salió a defenderse a través de Horacio Pietragalla Corti.

El Gobierno, a través del secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, salió a cuestionar el duro informe de Human Rights Watch -que criticó la embestida oficial contra el Poder Judicial- y lo calificó de “inconsistente” y “parcial”.

Cabe recordar que, como informó Urgente24, la organización con sede en Washington había hablado en su informe anual que el ataque del Poder Ejecutivo argentino hacia la Justicia “socava el Estado de Derecho”.

Al respecto, Pietragalla detalló las “inconsistencias” del informe, producto de “falta de información suficiente” y “miradas parciales”. Y lanzó cuestionamientos a la oposición.

“No desconocemos la crisis institucional que atraviesa Argentina en materia judicial y que implica un escenario complicado para avanzar en derechos humanos”, comenzó el dirigente de Derechos Humanos. "El Estado de Derecho no se socava cuando se recurre a mecanismos previstos en la propia Constitución Nacional para recuperar la legitimidad perdida de la Corte Suprema”, dijo, en defensa de la decisión oficial de avanzar con el juicio a los miembros de la Corte en la Cámara de Diputados.

“El Estado de Derecho se socava cuando se designan jueces por decreto, cuando se inventan causas para desplazar a la Procuradora General, cuando se establece la práctica del lawfare contra un sector político, cuando se hostiga a jueces que dictan sentencias a favor de los más vulnerables, cuando se recurre a agentes de inteligencia para espiar a opositores políticos, presos y abogados. Lamentamos que HRW haya permanecido en silencio frente a tales atropellos reconocidos por el Relator de Independencia Judicial de la ONU ”, contraatacó el funcionario, uno de los leales a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

“El Estado de Derecho se socava cuando un grupo de jueces recibe dádivas de un grupo empresario poderoso sobre el que deben resolver causas, y eso no es investigado y sancionado por los mecanismos institucionales establecidos, como el Consejo de la Magistratura, por decisión del Presidente de la Corte Suprema. El Estado de Derecho se socava cuando la Justicia no investiga seriamente quiénes financiaron el atentado a la vicepresidenta”, continuó Pietragalla, en un extenso hilo de Twitter.

En ese sentido, el funcionario prosiguió su argumentación: "el Estado de Derecho se socava cuando la Justicia es cooptada por grupos económicos y mediáticos concentrados que, utilizando prácticas violatorias de derechos humanos, obstaculizan políticas de ampliación de derechos y se mantienen en absoluta impunidad. La Corte Suprema del '2x1' a genocidas, lamentablemente, perdió su legitimidad y eso impide el Estado de Derecho y la vigencia de los derechos humanos”,

“El mecanismo del juicio político es un mecanismo constitucional y democrático y es el que permitió, por ejemplo, reemplazar a la Corte menemista en 2003, una medida que incluso fue aplaudida por HRW. Nuestro gobierno justamente pretende reestablecer el principio de independencia judicial y recuperar la legitimidad de uno de los tres poderes del Estado. Por eso a 40 años de la vuelta de nuestra democracia seguiremos apostando a su fortalecimiento, en Argentina y la región”, culminó Pietragalla.

Cabe destacar que la avanzada del Gobierno contra la Corte Suprema había motivado el rechazo de la ONG de defensa de los Derechos Humanos Human Right Watch, que en las últimas horas se pronunció contra la iniciativa oficial y lo contextualizó dentro del enfrentamiento del Frente de Todos con la Justicia.

“En la Argentina, la retórica hostil hacia los jueces por parte de autoridades, las demoras en la designación de jueces y otras autoridades de alto nivel y la corrupción, también presente en el poder judicial, han socavado de forma progresiva el Estado de derecho”, advirtió el último informe de la organización.

“El anuncio de juicio político contra todos los integrantes de la Corte, junto con declaraciones iniciales de que no se acataría un fallo del más alto tribunal, constituye un gravísimo ataque a la separación de poderes”, dijo Tamara Taraciuk Broner, directora en funciones para las Américas de Human Rights Watch.

“Nos preocupa que este tipo de medidas pueda contribuir a naturalizar la nociva práctica de que los gobernantes busquen destituir a jueces solo porque no les gusta el contenido de sus sentencias”, advirtió en declaraciones al diario La Nación.

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FUENTE: Urgente24