Juicio a la Corte: Confirman giro en la estrategia oficialista

El cambio de planes quedó confirmado en una reunión por Zoom de los legisladores oficialistas que integran la Comisión de Juicio Político de la Cámara Baja. Luego lo comunicó al portal de TN la titular de ese órgano, la entrerriana Carolina Gaillard. Fernández les había entregado el proyecto a la presidente de la Cámara, Cecilia Moreau, y al jefe de la bancada oficialista, Germán Martínez.

En un comunicado, los legisladores sostuvieron que se trató de una "buena" reunión y destacaron la "asistencia perfecta" de los integrantes oficialistas de la Comisión. Esto último apunta a despejar la incógnita que aún envuelve a los 3 diputados del massismo respecto a su posición ante el silencio de Sergio Massa respecto del juicio político a la Corte. No aludieron, sin embargo, al cambio de estrategia, sino que se analizaron los "pasos a dar en función de la solicitud que fue entregada la semana pasada por el Presidente de la Nación y gobernadores de provincias".

Había sido el diputado Rodolfo Tailhade quien adelantó el giro en horas previas a la reunión. “Lo van a presentar (al proyecto) diputados del bloque que no forman parte de la comisión”, dijo y explicó los motivos: “Un proyecto de pedido de juicio político presentado por el Ejecutivo tiene un plazo para ser llevado al recinto de un año, mientras que en el caso de uno presentado por diputados tiene como plazo tres años. No hace falta que una vez que tengamos dictamen ir directo al recinto, nos da mucho mayor margen”, señaló el ex integrante de la AFI, consciente de que el oficialismo no cuenta con los 2 tercios de los votos en el recinto para sostener la acusación enviar el trámite al Senado.

“Vamos a presentar el mismo proyecto de Alberto Fernández pero firmado por diputados”, agregó en declaraciones publicadas el martes por el portal Infobae.

Para que el proyecto ingrese al Congreso, el Presidente debe convocar a sesiones extraordinarias. En las mismas sólo se tratan proyectos impulsados por el Poder Ejecutivo. Una iniciativa firmada por los diputados quedaría desestimada bajo ese criterio. Pero los legisladores pueden pedirle al mandatario que incluya determinados proyectos que ya están en tratamiento en alguna de las Cámaras.

“El decreto tiene que habilitar el juicio político a la Corte y no el proyecto de Alberto Fernández de juicio político a la Corte”, explicó Tailhade.

El giro oficialista tiene también la intención de incluir en el temario los proyectos de juicio político que ya están en el Congreso, como el de la camporista Vanesa Siley contra Carlos Rosenkrantz y el de Paula Oliveto (JxC) contra Ricardo Lorenzetti. A este último hizo referencia Gaillard, quien señaló como autora a Elisa Carrió. Juntos por el Cambio, no obstante, ya desacreditó la ofensiva, por lo que procederá en defensa de la Corte en su totalidad.

Gaillard, por otro lado, fue impugnada por el diputado Rodrigo de Loredo, cercano a Martín Lousteau, quien aseguró que la legisladora oficialista "no garantizará la objetividad e imparcialidad del proceso”.

Gaillard, sin embargo, rechazó ese argumento al asegurar que “la Constitución nacional nos da la legitimación activa para que acusemos". "El rol de la comisión de Juicio Político es, primero, definir si la denuncia tiene sustento suficiente y si está fundada. Si se declara admisible, debe reunir toda la prueba para acusar. Nosotros no juzgamos. Juzga el Senado de la Nación”, sentenció.

“El juicio es político. No un proceso penal. El rol que tiene Diputados es la de acusar, esa es la etapa que se sustancia en la Cámara. Por eso el artículo 53° de la Constitución nacional dice (que una de las responsabilidades de Diputados es) acusar, en este caso a los miembros de la Corte, por varias causales, entre ellas el mal desempeño”, dijo.

Por otro lado, el Presidente demorará la convocatoria a sesiones extraordinarias hasta el 23/01. Tal como señaló Urgente24, el origen del cambio de fecha para las sesiones extraordinarias no quedó claro por parte del oficialismo: en Diputados apuntaron a la Casa Rosada por la decisión de cambiar la fecha y desde el Gobierno dijeron que fue un acuerdo con el Legislativo. Como sea, la fecha se cambió y el problema –según se dijo oficialmente- es que varios legisladores siguen en sus provincias en el marco de un Congreso en receso de enero.

La excusa se completa con el argumento de que esos legisladores –básicamente diputados, ya que el debate comenzará en esa ala legislativa y no llegará al Senado porque no dan los votos para la aprobación- necesitan tiempo para organizar el debate parlamentario.

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