Las marchas contra la papelera Botnia (hoy UPM) en Fray Bentos, Uruguay, se convirtieron en un hito histórico de protesta ambiental impulsado por la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú (Entre Ríos). Incluso, las manifestaciones dejaron registros en la historia tanto diplomática como ciudadana.
NUEVA POLÉMICA CON URUGUAY
El fantasma de las papeleras alarma a Entre Ríos, que esta vez, está a tiempo
Con la herida de las papeleras aún abierta (UPM, exBotnia, sigue produciendo), se levantan alertas en Entre Ríos por la construcción de una planta de hidrógeno verde en Uruguay que consume agua del río y genera conflicto también allá.
El caso implica una nueva pelea entre Argentina y Uruguay por eventuales daños ambientales en el litoral, y despierta fantasmas en Entre Ríos de la vieja disputa por la pastera de Botnia que llegó hasta la Corte Internacional de la Haya.
Difícil olvidar aquellas concentraciones que surgieron por la construcción inconsulta de la planta sobre el Río Uruguay, y las movilizaciones con cortes del Puente Libertador General San Martín, que llegaron a convocar a más de 30.000 personas.
Aquel conflicto escaló a instancias internacionales. Llegó hasta la Corte Internacional de La Haya. En 2010, el tribunal dictaminó que el Estado uruguayo incumplió el Estatuto del Río Uruguay al omitir las consultas obligatorias, pero no ordenó el cierre de la planta, y Botnia, ahora rebautizada UPM, sigue produciendo pasta de celulosa en Fray Bentos hasta el día de hoy frente a una ciudadanía local que se ha mantenido firme su postura.
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Pero ahora, a diferencia de lo ocurrido con Botnia, donde la protesta comenzó con la obra avanzada, las alarmas se encendieron "a tiempo" en Entre Ríos por una planta de hidrógeno verde que despertó al fantasma.
Se trata del desembarco de una megainfraestructura energética vuelve así a tensar la relación vecinal y renueva el reclamo ambientalista en la frontera frente al argumento de la "transición energética global". ¿Pueden con ello justificar cualquier proyecto?
Una historia que se repite dos décadas después
El epicentro de la nueva disputa está en Paysandú, ciudad uruguaya ubicada a apenas 20 kilómetros de Colón, Entre Ríos. La empresa HIF Global planea construir allí una megaplanta de combustibles sintéticos que consume agua del río y genera alarma también en el país vecino.
Es que los vecinos perciben el proyecto no como tecnología limpia, sino como una amenaza directa a la salud pública y al ecosistema del río que comparten, según publica el sitio 'EconomiaSustentable.com'.
La inversión energética más grande en la historia de Uruguay
HIF Global, firma con capitales chilenos y estadounidenses, invertirá más de US$5.000 millones en la construcción de la planta, con lo cual según el diario uruguayo 'El País' es "la inversión energética más grande" que recibió ese país.
La compañía se presenta en su web como capaz de "convertir energía renovable en combustibles limpios para autos, barcos y aviones". Todo sin modificar motores ni infraestructura existente.
El proceso industrial que implementará en Paysandú parte del hidrógeno verde, que se obtiene mediante electrólisis: separar moléculas de agua del Río Uruguay en hidrógeno y oxígeno.
Para alimentar ese proceso, HIF construirá dos parques de generación eléctrica de uso exclusivo. Uno eólico (Elena Wind Park) y otro solar (Lucía Solar Park), ambos sobre la costa del río.
El hidrógeno producido se combinará luego con dióxido de carbono. Este gas provendrá de la quema de residuos forestales y agrícolas. El resultado serán combustibles sintéticos líquidos conocidos como e-fuels, explica 'EconomiaSustentable.com'.
En su sitio oficial, la empresa muestra el funcionamiento de su planta en Punta Arenas, Chile. Allí ya produce e-combustibles con energía de parques eólicos patagónicos.
"El mayor proyecto de Sudamérica"
El de Paysandú es presentado como "el mayor de Sudamérica" de HIF Global, que tiene cinco proyectos en desarrollo avanzado a nivel global. Creará 3.000 puestos de trabajo durante la construcción y unos 300 empleos directos permanentes.
Para éste, en febrero de 2025, el gobierno uruguayo recategorizó 440 hectáreas donde se emplazará la planta. Los terrenos pasaron de rurales a industriales de un plumazo cuando esas tierras formaban parte de las Islas del Queguay. Un territorio más extenso que había sido declarado reserva natural, y bajo esa categoría, no admitía actividades industriales.
Desde entonces, organizaciones comunitarias de ambas márgenes del río comenzaron a movilizarse para advertir por riesgos concretos e, incluso, medibles.
"El proceso de producción y almacenamiento de hidrógeno a alta presión, sumado al manejo de sustancias químicas, conlleva un peligro latente de explosiones, incendios y emanaciones tóxicas", advierte el colectivo 'Colón en Riesgo'.
La infraestructura contempla chimeneas de más de 45 metros de altura. Permanecerán encendidas día y noche con sus llamas visibles desde kilómetros de distancia, lo que genera impacto visual y contaminación lumínica severa. Pero también plantea interrogantes sobre emisión de gases que aún no fueron respondidos por la empresa ni por el Estado uruguayo.
Temor por el río
El temor más extendido, sin embargo, se centra en el Río Uruguay mismo. El vertido de efluentes industriales y el uso intensivo del agua para refrigeración y electrólisis alterarían el ecosistema fluvial de forma irreversible, amenazando la biodiversidad y el turismo.
Colón depende económicamente de sus playas, sus carnavales y la cercanía al Parque Nacional El Palmar. Paysandú también vive de la pesca y actividades recreativas vinculadas al río.
Desde la multisectorial Somos Ambiente de Colón cuestionan el marketing del proyecto, y señalan que no se trata de una planta de hidrógeno verde sino de una megafábrica química de combustibles sintéticos.
"El hidrógeno verde es solo un insumo más, junto con el dióxido de carbono, para producir metanol", explicó Carlos Serrati, docente e integrante de la multisectorial.
La escala del proyecto es descomunal: 700.000 toneladas de metanol por año. A partir de ese metanol se producirán cuatro tipos de combustibles diferentes: Gas, gasolina, aceite lubricante y kerosén para aviación. Todos destinados a la exportación, principalmente hacia Europa.
"La preocupación no es solo por la cercanía", sostuvo Serrati, "es por la escala industrial que implica este proyecto."
La respuesta judicial contra Uruguay por avanzar sin consultas
Los diputados nacionales Guillermo Michel y Marianela Marclay, junto al senador Adán Bahl, iniciaron una demanda civil ordinaria contra el Estado uruguayo y la empresa HIF Global.
El expediente 3276/2026 tramita ante la Justicia argentina. Los legisladores exigen pericias ambientales y acusan a Uruguay de violar tratados internacionales.
La denuncia es porque, pese a que el proyecto data de 2017, Uruguay no presentó estudios de impacto ambiental ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), lo que violaría el Estatuto del Río Uruguay, tratado firmado por ambos países.
Además, contradice la jurisprudencia de la Corte Internacional de La Haya del año 2010, cuya sentencia estableció que Uruguay incumplió sus obligaciones de consulta previa en el caso de las plantas de celulosa Botnia-UPM en Fray Bentos.
De esta manera, el Estado uruguayo está avanzando de forma unilateral con un megaproyecto industrial sin cumplir los mecanismos de consulta obligatoria que establece el derecho internacional, y amenaza con generar un segundo Fray Bentos...
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