Arde Mendoza: Fiscales imputados, periodista en llamas

Comencemos por Dante Vega

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de Mendoza, integrado por los jueces de cámara María Paula Marisi, Alejandro Waldo Piña y Alberto Daniel Carelli, pidió la captura, detención y prohibición de salir del país para Juan Carlos Iñiguez Fazio, Rubén Héctor Riveros Pereira y Gonzalo Adrián Ramírez Madrid. De esta manera, el fiscal Dante Vega suma un nuevo revés público y judicial por parte de sus testigos propuestos.

Quizás buscando neutralizar condenas por graves contrabandos, Pereira, Ramírez Madrid e Iñiguez declararon en contra del ex juez Walter Bento, en rol de testigos propuestos por el fiscal Dante Vega. Lo hicieron bajo la hipótesis de que "Bento los había mandado a juicio por no pagar coimas".

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Cada día más desacreditado fiscal Dante Vega.

Durante el juicio, Vega enfrentó situaciones similares con varios testigos propios. Tal fue el caso de Carlos Varela Álvarez, quien, en una declaración sorpresiva, ya que se trataba de uno de los abogados destacados en la causa y se creía podría aportar datos relevantes, destacó que Bento siempre fue respetuoso y correcto en su desempeño. Además, respecto al fiscal Dante Vega, lo calificó como "caprichoso" y "típico hijo único".

Luego ocurrió lo del "testigo estrella", Diego Barrera: el 14 /11/2023, él manifestó que toda su declaración "fue manipulada" con el propósito de "perjudicar" al magistrado. Barrera aseguró que su declaración del 05/02/2021 "fue manipulada y guiada por el fiscal Dante Vega y por Antonio Carrizo": "Me obligaron a declarar en contra del Dr. Bento, a quien apenas vi, no sé si a un metro o dos metros. Lo hice por mi familia y tuve que decir todo lo que dije", expresó.

Ahora, la novedad:

Juan Carlos Iñiguez Fazio, Rubén Héctor Riveros Pereira y Gonzalo Adrián Ramírez Madrid acusados de graves contrabandos habrían llegado a acuerdos espurios con el fiscal Vega.

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El otro caso

Vayamos ahora al texto de la web Quimera Digital:

"(...) En 2023 a través de una denuncia penal que puso el ojo sobre el manejo de la Justicia por el Poder Ejecutivo en la selección de magistrados, se terminó desatando un vendaval, generado en gran medida por lo que es síntoma común: la sensación de impunidad de funcionarios inventados por (Adolfo) Cornejo y alimentados por (Rodolfo) Suárez, sin experiencia (...) el 2024 recibirá a varios operadores de la Justicia y Ministros de la Corte circulando los pasillos de tribunales provinciales y Federales.

Respecto al escándalo del Consejo de la Magistratura se habría filtrado un acta de elevación de ternas al Gobernador que termina de desnudar la participación del ejecutivo y de la representante de la Corte Mendocina. Respecto al escándalo del Consejo de la Magistratura se habría filtrado un acta de elevación de ternas al Gobernador que termina de desnudar la participación del ejecutivo y de la representante de la Corte Mendocina.

Y se agravaría la situación procesal de varios y se sumarían más imputados en la causa por las propias declaraciones en la causa de abogados operadores utilizados estos años por el Subsecretario de Justicia (Marcelo D'Agostino) que pensaron que su manejo con el Procurador (Alejandro Gullé), iba a durar para siempre. Desde negociaciones incompatibles con la función pública para abajo, todo lo que se podía delinquir, lo hicieron.

También los operadores dentro de la justicia y fuera de ella que respondieron al Ministerio de Gobierno estos 4 años están en la mira: se vienen denuncias a fiscales por enriquecimiento ilícito, justamente de los que están especializados en delitos económicos. Imposible demostrar su nivel de vida y bienes y ya se están preparando las denuncias. También se habrían filtrado audios de uno en particular con funcionarios “con las manos en la masa”. La Dra. (María Elena Quinteros), que quiso probar de las mieles de operar judicialmente con estas causas, está por ser denunciada por prevaricato en una causa de la que sólo será el principio. La impunidad que su marido le dio desde la Corte se habría terminado. También los operadores dentro de la justicia y fuera de ella que respondieron al Ministerio de Gobierno estos 4 años están en la mira: se vienen denuncias a fiscales por enriquecimiento ilícito, justamente de los que están especializados en delitos económicos. Imposible demostrar su nivel de vida y bienes y ya se están preparando las denuncias. También se habrían filtrado audios de uno en particular con funcionarios “con las manos en la masa”. La Dra. (María Elena Quinteros), que quiso probar de las mieles de operar judicialmente con estas causas, está por ser denunciada por prevaricato en una causa de la que sólo será el principio. La impunidad que su marido le dio desde la Corte se habría terminado.

Y se viene una denuncia en el propio seno de la Corte Mendocina por discriminación: parece que algunos Ministros opusdeistas están discriminando y llevándolo a las resoluciones del máximo tribunal, desconociendo a quienes no lo son.

Lo que tiene que ver con la prensa es un escándalo mayúsculo: se iniciaría una denuncia penal contra el grupo que dirige el periodista Ricardo Montacuto, que por obvia promete imputaciones rápidas: su medio es proveedor del Estado a través de cuya operatoria recibe la pauta pública.

Millonaria para ser la voz del Ejecutivo provincial durante estos años. Se olvidaron que en Mendoza hay una Ley de Ética Pública para funcionarios y que responsabiliza no sólo al funcionario si no a quien se vale de él:

• el representante legal del medio, Dr. Sebastián Soneira, (...)
• el Funcionario Público que se ocupó de manejar dicha pauta y castigar a los que no callaban cuando lo ordenaba, Pablo Sarale,

estarían gravemente heridos también por entrecruzamiento de información entre ellos, para favorecer e instrumentar el mecanismo de la pauta oficial a caudales en dichos medios; que terminaría manchando incluso la empresa de publicidad del hijo del Gobernador Suarez.

Se olvidaron de leer lo que la ley que dictó el propio Cornejo señala. Ya no es 'periodistas amenazados y cancelados'; sino funcionarios públicos y empresarios de medios implicados en delitos graves. Hay que ver si Soneira también será el defensor de Montacuto en la causa penal.

Ni hablar de los nichos de corrupción en la Secretaría de Medio Ambiente: se habría filtrado chats del técnico (Humberto) Mignorance negociando multas a través de los empresarios más grandes de la Provincia y del País. También circularía por los pasillos de los Federales de Mendoza por lo obsceno de su crecimiento patrimonial. Sería el Insaurralde mendocino. (...)".

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