Argumentó que:
-“las personas físicas que se encuentren responsables penalmente deberán dar un paso al costado en su rol de socios o directores de las empresas si desean continuar realizando obras públicas en el país”;
-”estamos generando instrumentos para que puedan continuar las obras públicas a fin de resguardar trabajos”;
-”las responsabilidades las va a determinar la Justicia, tenemos que tener paciencia, en el mientras tanto, las obras continúan”;
-”este gobierno tiene la profunda convicción de separar a las empresas de los empresarios que cometieron actos contrarios a la ley”.
En consecuencia, ya desde USA, precisamente, anunció el sábado pasado haber recogido de los principales bancos del mundo la intención de invertir en la variante del fideicomiso que ayude a destrabar el financiamiento.
La participación de los bancos multilaterales hizo que en un período de 8 años las inversiones en PPP pasaran de 25 mil a US$164 mil millones.
Si bien Dietrich reivindica como logro de transparencia haber bajado en un 30% los valores que se presupuestaban hasta fines del 2015 y que por entonces el control del Estado se limitaba al proceso de contratación, aún despierta muchas dudas en la oposición la arquitectura financiera atada a los PPP, por el alto costo que representan los avales y garantías que exige y la crisis y los cuadernos agravaron.
El resultado de un estudio de precios de los contratos financiados por el Banco Europeo de Inversiones en un período de 15 años da que el costo de PPP era un 24% más elevado que mediante la contratación pública tradicional, que obtiene préstamos a tasas preferenciales comparado con un privado.
Y en América Latina el 70 % de las obras por la modalidad de PPP debieron renegociarse por “la mala, defectuosa e incompleta confección de los contratos, la evaluación deficiente de los riesgos asociados en cada obra y el costo financiero de los proyectos", según un informe del CECE (Centro de Estudios para el Cambio Estructural).
En cuanto a la enseñanza que dejan los casos de corrupción que investiga la Justicia, el gobierno ha venido prometiendo un nuevo marco ético y de integridad para las empresas que participan en la obra pública, elaborado por distintos organismos del Estado, como Sigen, la Oficina Anticorrupción y la CNV.
El movimiento se demuestra andando
La incertidumbre cambiaria, las siderales tasas de interés, el descontrol inflacionario y los casos de corrupción que investiga la Justicia a partir de los denominados cuadernos del Centeno, que afectan el financiamiento internacional, obligaron a ensayar variantes que posibiliten echar a andar e ir viendo como los melones se acomodan en el carro a medida que vaya avanzando.
Otro hecho consumado dejó sí o sí a la inversión pública pendiendo de lo que suceda con PPP: el ministro de Economía Nicolás Dujovne recortó 27% los gastos en capital en el marco de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, lo que en la práctica implica una caída real superior al 60%.
Como contrapartida a que los números no dan para nuevas licitaciones y ni siquiera alcanzan para seguir las que están en ejecución, agregó 30 obras bajo la modalidad PPP al proyecto de Presupuesto 2019. Es un dato que el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, no deja de recordarles a los muchachos peronistas de la cofradía, ya que hay 25 mil puestos de trabajo que se acumulan perdidos entre la debacle económica de este año.
El funcionario garantiza que, de este modo, habrá continuidad en las obras de extensión de los 6 corredores viales ya adjudicadas e incluye al resto de las obras de transporte de energía, como el tendido de la red de y también de la construcción de las vías férreas para el tren de Vaca Muerta.
El fideicomiso constituye una especie de préstamo equivalente al flujo necesario para las obras del primer año, de US$1200 millones, y al respecto Dietrich regresó optimista de su reciente gira por el espinel de la banca de inversión norteamericana.
El ministro encuadra su creación en el marco de la ley 27.328 de Participación Público Privada, sancionada en noviembre del 2016, a fin de dar paso a los bancos para financiar las primeras etapas de las obras viales, y que sea el Estado el que intermedie con los consorcios para garantizar su destino.
El mecanismo contempla que después ese flujo sea devuelto al fideicomiso y regrese a los bancos que lo aportaron, de modo de desvincularlos directamente de las constructoras y que cuando se disipen los nubarrones judiciales puedan seguir con la parte originalmente comprometida para los proyectos de PPP antes del estallido de la crisis del endeudamiento y los escándalos de corrupción.
Es decir que en esta etapa las empresas tienen que conseguir financiamiento a semejantes tasas pero con el gobierno como garante, ya que hasta que la Justicia no se expida en las causas que investiga, las reglas internas de la banca les impiden ir más allá con los préstamos establecidos originariamente.
En la práctica, la efectiva concreción de las obras adjudicadas bajo PPP implica asumir un incremento del costo financiero que obviamente se ajustará en los contratos y no en la rentabilidad de sus causantes.
En el listado de contratistas que ganaron licitaciones y figuran en las causas de corrupción que se encuentra a consideración de Comodoro Py aportado por el expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner, cuando declaró como empresario arrepentido, abrochó, según publicó La Nación, a Vial Agro SA, José Cartellone Construcciones Civiles SA, Helport (rama constructora del grupo Corporación América, cuyo titular es Hugo Eurnekian), Paolini, INC, Green SA, Panedile, Eleprint, Copasa, Rovella Carranza, JCR SA y Mota-Engil.
El corredor A (dos tramos de rutas en la provincia de Buenos Aires con una inversión calculada en casi U$S 1.000 millones) fue adjudicado al consorcio conformado por Vial Agro SA, Paolini Hnos. SA e INC SA, mientras José Cartellone Construcciones Civiles SA, ganó la licitación del corredor C (rutas nacionales en Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Santa Fe, con una inversión aproximada de U$S 630 millones) y licitó sin éxito por los corredores A y F.
Es clave en este proceso la confesión que realizó el presidente de la constructora Helport, de la Compañía General de Combustibles (CGC) y director de la Corporación América, Hugo Eurnekian, de haber sido él quien pagó U$S 200.000 para la campaña electoral de 2013 del kirchnerismo.
Intentó así desvincular a su tío Eduardo y al grupo de empresas que integran también el consorcio que se adjudicó los corredores viales E y F (rutas en Buenos Aires, Córdoba y Rosario, con una inversión que se estima en U$S 2.500 millones): Eleprint, Panedile y Copasa.
Algo similar había sucedido con la línea divisoria trazada en el grupo Techint frente al juez que sigue una causa por sobornos (aunque sin vinculación alguna al club de la obra pública) para deslindar responsabilidades entre el ejecutivo que admitió ser parte, Luis Betnaza, y el presidente del holding, Paolo Rocca, quien en la misma línea declaró ante el magistrado no haber estado al tanto de tal decisión.
Los contratos viales de Participación Público Privada prevén la ejecución de obras en más de 7.200 km de rutas nacionales, mediante la construcción de autopistas, rutas seguras, variantes y obras especiales, en el marco del Plan para la nueva Red de Autopistas y Rutas Seguras. Comprende una inversión superior a los US$12.500 millones.
El plan de la primera etapa implica la construcción de nuevas autopistas (813 km), rutas seguras (1.494 km) y obras especiales (252 km), así como 17 variantes a distintas localidades, en los más de 2.500 km que suman los 6 corredores.
El proceso licitatorio contó con 32 ofertas que realizaron 10 consorcios, compuestos por 19 empresas nacionales y 7 internacionales.
