UN ESTADO FUNDIDO QUE SE PRESTA A SÍ MISMO

¡Pobres jubilados!: Devaluación y malas praxis fagocitan el FGS

El Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSeS, que recibió el dinero que tenían las AFJP administradas por los bancos hasta su estatización en 2008, perdió 65% en dólares (US$22.000 millones) desde comienzos de año hasta setiembre, que la Jefatura de Gabinete atribuye, en el informe presentado al Congreso, a la diferencia cambiaria, consecuencia de las corridas que se sucedieron a partir de mayo. Fue mucho más que eso: malas decisiones de inversión que respondían más a urgencias transmitidas por la conducción financiera del gobierno y a políticas de fomento ya venían diezmando el portafolios, sobrecargado a la vez con obligaciones de la reparación histórica a los jubilados y pagos de sentencias judiciales, que medidas mal implementadas agravaron. Actualmente los activos del FGS están compuestos por títulos públicos nacionales (56,6%), acciones (19,4%), proyectos productivos (7,4%), provincias (5%) y títulos estatales (1,3%), en su gran mayoría pesificados. Los bonos del Estado representan el equivalente a u$s26.384 millones y las acciones de sociedades anónimas, se devaluaron a casi u$s5.500 millones. Tanto el anterior subdirector ejecutivo de operación del FGS, Luis Blaquier, como el que acaba de renunciar, Juan Martín Monge Varela, querían echarle mano a los papeles privados que 6 de las 46 empresas que están en cartera vienen ofertando para recomprar, pero desde el Palacio de Hacienda los han ido frenando: el FGS es una carta que se jugará cuando no quede otra que cubrir el déficit previsional. Por lo que se ve en los compromisos con el FMI, el momento no está muy lejos.

En el informe presentado por la Jefatura de Gabinete al Congreso Nacional figura que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), perteneciente a ANSES, conformado con los ahorros apropiados de las ex AFJP, administrado por los bancos mientras funcionó el régimen privado de jubilaciones, resignó debido a la corrida cambiaria más de US$ 22.000 millones en la valoración de sus activos. Le fagocitó en más de 2 veces la diferencia que había hecho en el ejercicio 2017, de US$ 8.827 millones.

Fue como en un tobogán que cobraba velocidad a partir de los u$s64.000 millones en que había arrancado el año, que la fuerte devaluación de la moneda en mayo lo licuó a US$ 54.500 millones, al finalizar julio a US$ 51.412 millones y en agosto lo hizo descender a US$ 41.960 millones.

El volumen de capital en cuestión la convirtió en la mayor caja estatal, principalmente constituida por los bonos públicos y acciones de 46 compañías privadas estatizados hace 10 años, más el excedente de los aportes previsionales de empleadores y empleados con la porción impositiva que le es derivada y la utilidad que dejaban las transacciones.

Sin embargo, el manejo no se caracterizó por generar buenos negocios que robustecieran el fondo de los jubilados, sino todo lo contrario.

Y llama la atención que la sapiencia en finanzas que acreditaban el funcionario nombrado por recomendación del ex vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, que venía de ser ejecutivo de Cablevisión y Arcor, como Luis María Blaquier, a la sazón también descendiente de la familia propietaria del ingenio azucarero Ledesma, y su sucesor desde enero de 2017, Juan Martín Monge Varela, quien había sido el CEO de Metlife, la empresa que hoy demanda al Estado por la ley de AFPJ, según tuiteó CFK.

A Blaquier le tocó en el 1er año de gestión macrista administrar una cartera de US$55.000 millones y una de sus prioridades era salir a realizar operaciones de mercado abierto. Pero también estaba muy preocupado por una rápida resolución a 6 ofertas concretas de grandes empresas para recomprar las acciones que en algún momento estaban en manos de las AFJP y desde la nacionalización del régimen privado de jubilaciones pasaron a ser parte del FGS: un banco, una empresa de alimentos de capitales argentinos, una gran proveedora para la industria petrolera y la construcción, una desarrolladora inmobiliaria para público ABC1, un gran grupo de medios de comunicación y una constructora cercana al poder.

Según una denuncia presentada por el diputado nacional peronista y dirigente de SMATA, Oscar Romero, el sobrino del líder de los ingenios azucareros estaba especialmente interesado en que sus ex empleadores recuperasen las acciones que tenía el fondo de ANSES.

Se fue con las cuentas al rojo vivo por la reparación histórica concebida en la ley de blanqueo para ir reduciendo en el tiempo los pagos de sentencias a jubilados, que insumen una parte importante de los recursos del FGS.

Monge Varela asumió con US$56.610 millones, que en mayo último se habían transformado en US$53.350 millones, impericia que a un gerente de administradora de fondos cualquiera le hubiera costado la cabeza.

Pero terminó presentando la renuncia y se fue junto los gerentes de operaciones Pablo Pereyra Iraola y Andrés Lubary. Los puestos han sido cubiertos por la línea, al funcionar el comando como si fuera un call center del poder.

Inversiones a dedo

Los comentarios internos que se escuchan como atenuante es que recibían todo el tiempo telefonazos de arriba, los más frecuentes provenientes del entonces ministro de Finanzas y por 40 días presidente del Banco Central, Luis Caputo, quien ordenaba hacia qué títulos direccionar las inversiones. Las llamadas le aterrizaban a Monge sin filtro del director ejecutivo de ANSES y mentor, Emilio Basavilbaso.

Una de las comunicaciones más comprometedoras fue la que le indicaba suscribir Lebacs a través de Axis, el fondo para que que trabajaba Caputo antes de ingresar a la Secretaría de Finanzas en diciembre de 2015.

En el sentido de las colocaciones a dedo, el director Centro de Estudios de Productividad y Coordinador del Proyecto ARKLEMS+LAND en conjunto con Harvard, Ariel Coremberg, advertía que a punta de pistola de la superioridad, se había ocupado “el 61% de la cartera con deuda pública: 53,8% títulos públicos de la Nación”. Las suscripciones a los instrumentos financieros sumaron $8.220 millones en el año.

Otra de las operaciones que más llamó la atención por la portación de influencias fue una que involucró $46 millones en acciones argentinas clase B por la firma SBS, una aliada a Franklin Templeton, que dirigía Gustavo Cañonero antes de convertirse en vicepresidente del Banco Central.

Hubo más: suscribió $140 millones al fondo Alpha Mega Clase A, del banco ICBC, y $184 millones y $350 millones en el Superfondo Renta Variable clase B y Clase D, respectivamente, que gerencia el Santander Río.

Además, invirtió $7.480 millones en dos fondos del banco Nación, $10 millones en el Convexity IOL Acciones y otros $10 millones en el Toronto Trust Multimercado.

El desagregado dado a conocer por la JGM, asimismo, consigna que se mantenían u$s1.473 millones en créditos para beneficiarios del sistema previsional argentino (SIPA), otros u$s924 millones para beneficiarios "no SIPA", u$s900 millones en títulos emitidos por entes estatales, u$s1.723 millones por préstamos a las provincias, u$s798 millones en plazos fijos y u$s565 millones en Fondos Comunes de inversión, más algo de Lebacs.

Coremberg precisó que una parte muy importante de esos títulos eran bonos cuasipar con vencimiento en 2045, bonos reestructuración de la deuda pública del 2004, indexados al CER. “El FGS, es decir los jubilados son propietarios del 77,1% de estos bonos indexados al IPC manipulado por Moreno”, disparó.

En los denominados proyectos productivos se contabilizan u$s3.204 millones: desde el controvertido soterramiento del Sarmiento, Atucha II, centrales termoeléctricas M. Belgrano y Timbúes (polo sojero) y energéticas, plan de recursos hídricos, pavimentación de rutas, Procrear, planes de vivienda, AySA.

Monge Varela pretendía amortizar activos del FGS para ayudar a financiar el pago de pensiones, incluyendo los del régimen de reparación histórica con los jubilados a partir de 2019, ya que el financiamiento asegurado con los fondos provenientes del blanqueo lanzado en 2016 alcanza nada más que hasta fin de 2018.

La venta de las acciones del FGS es una carta que se reserva el ministro de Economía, Nicolás Dujovne: "Si en algún momento se usa, va a ser para atender desequilibrios en el sistema previsional, es decir, para pagar jubilaciones", sentenció.

Si bien no hay una suma actualizada de lo que la Administración Macri podría obtener desprendiéndose de las acciones que ingresaron al Estado durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner a partir de la reestatización de las AFJP, fuentes oficiales especulan con un número final que podría llegar a los u$s2.000 millones.

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