El alto funcionario del FMI es argentino por haber nacido en Córdoba, aunque de nacionalidad mexicana. Arribó casi subrepticiamente al país para quedar a tiro de consultas del equipo del Ministerio de Hacienda y la Jefatura de Gabinete que prepara la documentación para presentar a partir de pasado mañana al organismo multinacional, que el viernes será analizada en una reunión informal a la que fue convocado el directorio ejecutivo a fin de analizar la situación argentina.
El anuncio del inminente tratamiento del caso argentino en Washington lo hizo el vocero Gerry Rice, quien dio un virtual espaldarazo a la conducción monetaria del Banco Central, a cargo de Federico Sturzenegger, y a la política de flotación cambiaria que viene aplicando.
Dujovne regresó el viernes a Buenos Aires de la capital estadounidense sin que tomara contacto con nadie de la línea operativa del Fondo, y tras informar al presidente Mauricio Macri del resultado de las gestiones reforzó las vituallas del sábado y domingo para que un equipo ad hoc formado con su segundo, Sebastián Galiani, los asesore de la cartera, Ariel Sigal y Guido Sandleris, y el vicepresidente del Banco Central, Lucas Llach, recopilara los papers y armara una presentación, que lenguas indiscretas deslizaron que pasarían por el tamiz de Werner antes de ser sometidas al visto bueno presidencial y discutidas en el encuentro de hoy (lunes 14/05) con los gobernadores.
Werner, hijo de un contador próximo al ex ministro de Economía camporista José Ber Gelbard y al empresario David Graiver, exiliado en México con su familia, traería en su portafolios el último informe sobre América Latina del Fondo Monetario Internacional, donde se afirma que el país necesitará un mayor ajuste en los gastos primarios corrientes para anclar expectativas inflacionarias, en el marco de tasas de interés más bajas, que ayudaría “a reducir la vulnerabilidad relacionada con las fuertes necesidades brutas de financiamiento fiscal y a encauzar el coeficiente de deuda pública en una trayectoria más sostenible"
La cuestión pasa porque, de acuerdo a datos oficiales, buena parte del gasto primario corriente se la hace aparecer como inflexible, ya que el 85% corresponde a pagos de jubilaciones y salarios.
Tras los recortes aplicados en subsidios económicos, el eufemísticamente denominado “sinceramiento tarifario” (tarifazos a secas) achicó esa partida del gasto corriente hasta pasar a representar apenas el 5%.
Las jubilaciones recibieron una ofensiva del oficialismo en diciembre último, pero la resistencia parlamentaria morigeró el recorte y les dejó sabor a nada a los ajustadores capitaneados por Nicolás Dujovne y el vicejefe de Gabinete Mario Quintana.
La incidencia que tiene en el gasto público vuelve a situar al régimen previsional como el bocado más apetecible para los que buscan contundencia en cerrar los números.
Si bien los beneficios jubilatorios tendrían privilegios para recortar y hasta tornarlos más equitativos, requiere de tomarse trabajos y generarse antipatías que dejan de lado la experiencia a poco de mencionársela.
El más reciente reporte del Instituto de Desarrollo Económico y Social Argentino (IDESA) hace hincapié en la necesidad de “revisar los regímenes especiales que jubilan gente antes o con mayores haberes y la doble cobertura que se produce entre la jubilación y la pensión por cónyuge”.
Asimismo, toma datos del Ministerio de Hacienda, entre el 2016 y el 1er trimestre del 2018, para poner de manifiesto que:
-El déficit fiscal primario (esto es, antes del pago de intereses de deuda) bajó de 4,3% a 3,6% del PBI.
-El pago de intereses de deuda pública subió de 1,6% a 2,3% del PBI.
-Implica que el déficit fiscal total se mantuvo en alrededor de 5,9% del PBI.
Y señala que para revertir este proceso, la cartera que conduce Dujovne “debería inducir al resto del gabinete a reducir gastos con mayor velocidad, para que el Ministerio de Finanzas contraiga menos deuda y el Banco Central emita menos dinero”.
Del mismo modo, la inelasticidad que se atribuye a los salarios públicos es una generalidad en la que se camuflan los nombramientos y acomodos de cada gobierno, y éste fue mucho más que la confirmación de la regla.
Las incorporaciones en diversas áreas del Poder Ejecutivo, como las dependientes de la Jefatura de Gabinete, son una constante en las últimas ediciones del Boletín Oficial, política expansiva de personal que marcha a contramano de la barrida que realiza el Ministerio de Modernización, con Andrés Ibarra a la cabeza, a través del sistema informático con la Gestión Documental Electrónica (GDE) y la Locación de Obras y Servicios (LOyS), filtro tecnológico de las contrataciones que realizaron las distintas áreas del Estado, en la búsqueda de rescindir las que vienen de antes, ya que las nuevas son gestionadas manualmente.
Sobredimensionamiento de la bucrocracia
Si tradicionalmente el aparato del Poder Ejecutivo se administraba con 12 a 14 ministerios, en la era Macri llegó a 21, los que además multiplican sus estructuras en secretarías y subsecretarías, sin que ello se refleje en ningún indicador de eficiencia en la gestión.
Las falencias en la planificación y ejecución de los actos administrativos pueden verse en el Presupuesto vigente, en el que la mayor parte de las reparticiones llegaron a 1er cuatrimestre sin haber acompañado, proporcionalmente, en la práctica las previsiones adoptadas al solicitar los recursos.
Un relevamiento realizado por El Cronista Comercial da cuenta que al cumplirse el primer tercio del año Presidencia de la Nación, Jefatura de Gabinete, Hacienda, Finanzas, Energía, Producción, Turismo y Ambiente no llegaron a gastar la cuarta parte de lo presupuestado. ¿Habrá sido porque se cubrieron por demás? ¿Por impericia en los cálculos? ¿O porque en esas áreas no se trabajó de acuerdo con lo proyectado?
Llama la atención, por ejemplo, que Presidencia de la Nación haya dispuesto del 21,35% de los fondos asignados y siendo que la Agencia Nacional de Discapacidad absorbe el 91% de la partida y la distribuye en pensiones no contributivas, atención médica a los beneficiarios, acciones integradoras y otros gastos destinados a un sector de alta vulnerabilidad que generalmente no puede esperar.
El Ministerio de Energía, bajo responsabilidad de Juan José Aranguren, no logró ejecutar más del 22% de 103 mil millones asignados en el Presupuesto. de los cuales 97.000 millones son para formulación y ejecución de la política de energía e hidrocarburos. Este año tiene menor trabajo porque los tarifazos recortaron los subsidios a la demanda y se les transfirieron ingresos a empresas privadas.
Otro ejemplo del desfase es que por acciones para el uso racional y eficiente de la energía se ejecutó 1% de 950 mil millones asignados, lo cual Andrea Heins explicó que el plan de alumbrado eficiente no se irá a efectivizar hasta que los municipios no rindan cuentas y se auditen, por lo que promedió que habría que esperar hasta el segundo semestre para la ejecución grande.
Los controles de las inversiones de sus es colegas sectoriales no parecen tener mucha dedicación que valga en los pagos de Aranguren, se nota que tampoco el ministro de la Producción, Francisco Cabrera, le da minutos de agenda a la problemática de los deficitarios comercio interno ni del exterior. Cubrió en enero-abril el 23,36% de los 8500 millones que se habían asignado presupuestariamente.
Aun siendo el epicentro de las tan mentadas planillas Excel, la Jefatura de Gabinete ejecutó en la primera parte del año el 19,19%, de los 6200 millones que le tocaran, la mayor parte destinada a prensa y difusión de actos de gobierno, para lo cual devengó 18,38%.
Luego vienen Ambiente con19,2% Hacienda 22,15% Turismo 21,5% y Finanzas 22,6%.
Los conocedores de la intimidad gubernamental explican que mucho tuvo que ver en esta subejecución la confusión generada por las instrucciones que suele dar en todo el arco administrativo el vicejefe Quintana para recortar las erogaciones, sabiendo lo cual los responsables de las áreas se cubren inflando los planteos iniciales para ir ahorrando sobre la marcha.
De ser así, habría que dudar de la planificación del Estado y de sus ejecutores, que de ahora en más se verán sometidos a rendiciones de cuentas ante auditores profesionales del Fondo Monetario Internacional, que suelen ser idóneos y muy celosos de su trabajo, a diferencia de la escasa contracción que demuestran los pichones de Ceos acomodados por el Pro.
