La ola de violencia, que comenzó el viernes por la noche con ataques a puestos y patrullas de policía, continuó en la madrugada del domingo con más atentados y rebeliones en decenas de cárceles y se reanudó anoche con la quema de autobuses.
Según la Secretaría de Seguridad Pública de San Pablo, entre el viernes y hoy se registraron 115 atentados contra las fuerzas de seguridad. A los 52 muertos que dejaron los ataques de las primeras dos noches de violencia en el estado más rico y poblado del país, se sumaron hoy al menos nueve presos que murieron en rebeliones en las cárceles de las ciudades Ribeirao Preto y Sao Sebastián.
Del total de víctimas mortales, 36 eran miembros de las policías Militar y Civil, agentes de la Guardia Civil Metropolitana y guardianes carcelarios, así como dos civiles, y 14 supuestos atacantes que fueron abatidos en la reacción policial, según la Secretaría de Seguridad Pública.
Brasil: Son más de 60 los muertos por la guerra de narcos
La desbordante guerra de narcotraficantes dejó, poco antes de la campaña electoral por la presidencia, más de 60 muertos en Brasil.
15 de mayo de 2006 - 00:00
# Estallidos simultáneos
En forma simultánea estallaron 36 rebeliones en diferentes cárceles de la ciudad, que recoge a 40% de los 140.000 presos brasileños. Varios motines fueron sofocados el sábado por las autoridades mediante la ocupación de patios y la liberación de los rehenes. Las autoridades no informaron de heridos o muertos en esos levantamientos, y, según versiones de medios de comunicación, en conjunto habría cerca de un centenar de personas todavía retenidas.
La Secretaría de Seguridad Pública aseguró que los ataques de la mafia constituyen una represalia contra las autoridades por haber cambiado de prisiones a capos del crimen, como Marcos Willians Herba Camacho, del Primeiro Comando da Capital (PCC).
El jueves pasado, el gobierno estadual dispuso la transferencia de 765 reclusos de presidios del interior del estado a dos cárceles de máxima seguridad; una en Presidente Venceslau, a 620 kilómetros al oeste de San Pablo, y la otra en la zona norte de la capital del estado.
El PCC, promotor de las principales insurrecciones en cárceles paulistas, ya había coordinado 29 simultáneas el 18 de febrero de 2001, que dejaron treinta muertos, en su mayoría, miembros de bandas rivales.
Ante la situación desbordante, y cuando se avecina la campaña electoral por la presidencia, Luiz Inácio Lula da Silva se dijo dispuesto a colaborar en el restablecimiento del orden, que en Brasil está a cargo de las autoridades regionales. Ante ello, el gobernador Claudio Lembo, opositor al gobierno federal, rechazó la ayuda al afirmar que el conflicto estaba bajo control.
Las operaciones se producen a cinco meses de las elecciones, en las cuales Lula, si confirma su candidatura, deberá enfrentar al socialdemócrata Geraldo Alckmin, que dejó el cargo de gobernador de San Pablo en marzo, precisamente para entrar en campaña.
En forma simultánea estallaron 36 rebeliones en diferentes cárceles de la ciudad, que recoge a 40% de los 140.000 presos brasileños. Varios motines fueron sofocados el sábado por las autoridades mediante la ocupación de patios y la liberación de los rehenes. Las autoridades no informaron de heridos o muertos en esos levantamientos, y, según versiones de medios de comunicación, en conjunto habría cerca de un centenar de personas todavía retenidas.
La Secretaría de Seguridad Pública aseguró que los ataques de la mafia constituyen una represalia contra las autoridades por haber cambiado de prisiones a capos del crimen, como Marcos Willians Herba Camacho, del Primeiro Comando da Capital (PCC).
El jueves pasado, el gobierno estadual dispuso la transferencia de 765 reclusos de presidios del interior del estado a dos cárceles de máxima seguridad; una en Presidente Venceslau, a 620 kilómetros al oeste de San Pablo, y la otra en la zona norte de la capital del estado.
El PCC, promotor de las principales insurrecciones en cárceles paulistas, ya había coordinado 29 simultáneas el 18 de febrero de 2001, que dejaron treinta muertos, en su mayoría, miembros de bandas rivales.
Ante la situación desbordante, y cuando se avecina la campaña electoral por la presidencia, Luiz Inácio Lula da Silva se dijo dispuesto a colaborar en el restablecimiento del orden, que en Brasil está a cargo de las autoridades regionales. Ante ello, el gobernador Claudio Lembo, opositor al gobierno federal, rechazó la ayuda al afirmar que el conflicto estaba bajo control.
Las operaciones se producen a cinco meses de las elecciones, en las cuales Lula, si confirma su candidatura, deberá enfrentar al socialdemócrata Geraldo Alckmin, que dejó el cargo de gobernador de San Pablo en marzo, precisamente para entrar en campaña.
# Imputación al pasado
En declaraciones desde Viena, Lula dijo el sábado que la violencia sólo se resolvería con más inversiones en el área social, y achacó a sus antecesores y adversarios haber desdeñado ese asunto. "Lo lamento por las víctimas, por los familiares, pero ése es el resultado de un país que durante la mitad del siglo XX fue gobernado creyendo que la inversión en educación era un gasto, que la inversión en salud era un gasto, que la inversión en política social era un gasto", afirmó Lula en tono electoral.
Por otro lado, la ola de violencia y las confusas explicaciones oficiales provocaron indignación entre expertos y líderes de entidades sociales y eclesiásticas.
El gobernador Lembo dijo que las autoridades sabían que los traslados traerían "consecuencias" y garantizó que "los riesgos estaban calculados". Al tiempo que el comandante de la policía militar, coronel Elizeu Eclair Teixeira Borges, aseguró que sus hombres estaban en estado de alerta y que gracias a esta actitud "el número de muertes fue mucho menor".
El ex secretario nacional de Seguridad Pública del Ministerio de Justicia, José Vicente da Silva, afirmó que San Pablo carece de un servicio de inteligencia "inteligente". "El servicio de inteligencia para ser inteligente debe anticipar estas cosas con un plazo razonable, para que sean tomadas las medidas necesarias, y eso no ha ocurrido", sostuvo. A su turno, el Episcopado brasileño expresó su "vehemente repudio" por lo que consideró "brutales y terroríficos actos de violencia planeados y practicados por el crimen organizado".
En declaraciones desde Viena, Lula dijo el sábado que la violencia sólo se resolvería con más inversiones en el área social, y achacó a sus antecesores y adversarios haber desdeñado ese asunto. "Lo lamento por las víctimas, por los familiares, pero ése es el resultado de un país que durante la mitad del siglo XX fue gobernado creyendo que la inversión en educación era un gasto, que la inversión en salud era un gasto, que la inversión en política social era un gasto", afirmó Lula en tono electoral.
Por otro lado, la ola de violencia y las confusas explicaciones oficiales provocaron indignación entre expertos y líderes de entidades sociales y eclesiásticas.
El gobernador Lembo dijo que las autoridades sabían que los traslados traerían "consecuencias" y garantizó que "los riesgos estaban calculados". Al tiempo que el comandante de la policía militar, coronel Elizeu Eclair Teixeira Borges, aseguró que sus hombres estaban en estado de alerta y que gracias a esta actitud "el número de muertes fue mucho menor".
El ex secretario nacional de Seguridad Pública del Ministerio de Justicia, José Vicente da Silva, afirmó que San Pablo carece de un servicio de inteligencia "inteligente". "El servicio de inteligencia para ser inteligente debe anticipar estas cosas con un plazo razonable, para que sean tomadas las medidas necesarias, y eso no ha ocurrido", sostuvo. A su turno, el Episcopado brasileño expresó su "vehemente repudio" por lo que consideró "brutales y terroríficos actos de violencia planeados y practicados por el crimen organizado".
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