La Comisión de Comercio, de la Cámara de Diputados integró a representantes de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), de la Asociación de Citricultores de Chajarí (Entre Ríos) y de la Federación Económica de Corrientes, con quienes intercambio opiniones sobre los tradicionales juicios laborales que golpean en las empresas pymes.
ANÁLISIS EN COMISIÓN
Juicios laborales vieja historia sin resolver
Diputados y empresarios evaluaron como los juicios laborales y el empleo no registrado golpea, hasta el cierre de las pymes. Reclamos del interior.
Empleo no registrado
Respecto del empleo no registrado, otro de los temas en revisión, Esteban Mancuso, coordinador de Asuntos Laborales de la CAC, elogió que se “esté trabajando en un tema endémico como lo es el problema del empleo no registrado. La imprevisibilidad del marco legal implica el cierre de una persiana y una pyme”, y propuso “que las multas sean destinadas al sistema único de la seguridad social evitando un problema futuro cuando el trabajador quiera recibir un beneficio jubilatorio en materia de solidaridad y financiamiento y hay que incentivar acuerdos conciliatorios”, afirmó
Por su parte y desde CAME, Juan Pablo Diab, explicó lo “grave de la problemática de la litigiosidad laboral. El 95 % de los juicios laborales están referenciados en tres leyes de empleo y no hay reclamo laboral que no conlleve estas normas que la historia ha demostrado que no funcionó. Para empresas es un incordio en gastos judiciales”, aseveró. Asimismo, sugirió una instancia intermedia entre el tiempo de reclamo y el plazo de la ley.
Las estadísticas muestran que el 76,4 % de las empresas empleadoras no afronta reclamos laborales, un 23,5 % tiene uno o más casos. Una de cada diez empresas tiene episodios laborales significativos”, aportó como dato el empresario, y manifestó que “casi la mitad de las Pymes indican que la coyuntura económica es la principal causa de conflictos, le sigue legislación laboral con el 40 %, luego abogados y jueces con 30,7 % y sindicatos con 29,5 %.
Como lo ve el interior
William Borgo, presidente de la Asociación de Citricultores de Chajarí, dijo que muchos productores abandonaron la producción por no poder solventar juicios laborales. "La solución está en la política, no es lo mismo una pequeña que una gran empresa; tiene que haber normas distintas para ser viables y potables”, completó
El empresario agregó que “los costos de registración se tienen que solventar todos los meses y es una contradicción a la realidad del país que tenemos. Tienen que estar todas las partes para encontrar una solución de fondo. Los jóvenes queremos trabajar y generar trabajo”.
A todo esto, el presidente de la Federación Económica de Corrientes, Jorge Gómez advirtió que “no es lo mismo ser Pyme en Buenos Aires que ser Pyme en el norte, una región olvidada y poco federalizada, si se puede decir. Tenemos que tratar a todos con la misma vara”. Reflexionó
Qué dijo Marcelo Peretta (sindicalista)
El secretario General del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos, se mostró a favor de “segmentar los convenios colectivos de trabajo y negociar pisos salariales para la realidad de las distintas Pymes, que son diferentes en las regiones y a las grandes empresas. La litigiosidad es alta en el país. La solución es sentar ambas partes y encontrar una solución y en los convenios colectivos de trabajo que hay que modernizar”, fundamentó.
Sobre el cierre de su exposición Juan Ángel Ciolli propuso una instancia intermedia en un observatorio tripartito donde participen cámaras, sindicatos y Estado, a través del Ministerio de Trabajo “para tener una orientación clara de qué se tratan este tipo de juicios y una diferenciación entre las micro y macro empresas ya que las pymes generamos más del 70 % de la mano de obra”.
De la reunión informativa fueron parte Pedro Etcheberry, miembro del Consejo Directivo de la Cámara Argentina de Comercio; Julián Jajurin, jefe del Departamento de Legales de la CAME; Diego Guerri, presidente de Metalúrgica JMD Mariano Cáceres, vicepresidente y CEO de Calarca Industria Química; el diputado Eduardo Fernández, vicepresidente 1º de APYME, y David Selser, Confederación General de la Producción.
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