España le advierte a Evo Morales: "Habrá consecuencias"

 

En el comunicado, el Ejecutivo asegura que no cuestiona el derecho soberano de un Estado sobre sus recursos y servicios públicos, pero defiende que "toda expropiación debe hacerse previo pago del justiprecio, según una valoración justa e independiente del bien expropiado". Lamenta además especialmente la ocupación policial de las sedes de la empresa nacionalizada.

 

En anteriores procesos de expropiación ya trasladó este mensaje al Gobierno boliviano, a quien advirtió de que las nacionalizaciones sin previo aviso y con ocupación por parte de la fuerza pública "no se correspondían con el buen clima que supone preside las relaciones entre Bolivia y España". 

 

"En consecuencia, el Gobierno español considera esta expropiación como un acto inamistoso que se suma a medidas similares emprendidas en meses recientes contra otras empresas españolas en Bolivia y que contrastan con el papel que hasta ahora ha jugado España en defensa de los intereses bolivianos", continúa el comunicado.

 

El Ejecutivo sostiene que siempre ha intentado favorecer unas relaciones bilaterales de "amistad, cordialidad y cooperación", pero considera que las últimas decisiones de Bolivia cuestionan su voluntad de mantenerlas. "El Gobierno español, muy a su pesar, procederá a replantear el conjunto de las relaciones bilaterales", concluye.

 

García-Margallo, que ha recordado las expropiaciones de filiales de Red Eléctrica y de Iberdrola en Bolivia en los últimos meses, ha dejado claro que su departamento estudiará "todas las medidas que haya que adoptar" a nivel bilateral y explorará la posibilidad de "reclamar la solidaridad" de los socios europeos.

 

El Gobierno de Evo Morales ha decidido la expropiación de la empresa Servicios de Aeropuertos Bolivianos S.A. (Sabsa), filial de las españolas Abertis y Aena que administra los tres aeropuertos más grandes del país. Morales ha anunciado la nacionalización acusando a Sabsa de haber hecho insuficientes inversiones.