El Gobierno de Javier Milei avanza en una de las reformas más sensibles de su programa económico: la modificación del sistema de jubilaciones argentino. A pesar de no haber sido presentada formalmente, el Ejecutivo ya asumió compromisos concretos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para transformar el esquema previsional actual, argumentando la necesidad de garantizar su “sustentabilidad fiscal”.
¡CON LOS JUBILADOS NO!
Reforma previsional: ¿Qué propone Javier Milei para las jubilaciones y por qué preocupa?
El Gobierno de Javier Milei avanza en una reforma que preocupa por sus implicaciones en la edad jubilatoria y años de aportes. ¿Qué pasará con las jubilaciones?
Las jubilaciones están en riesgo tras el compromiso de Javier Milei con el FMI.
Preocupa la reforma previsional de Javier Milei
Los principales lineamientos que circulan en despachos oficiales y organismos internacionales incluyen un aumento de la edad jubilatoria —de 60 a 65 años para las mujeres y de 65 a 68 o incluso 70 para los hombres— junto con una suba de los años de aportes requeridos, que pasarían de 30 a 35 años.
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A eso se suma la intención de avanzar hacia un esquema mixto con capitalización individual, similar al modelo de las AFJP eliminado en 2008, y la eliminación definitiva de las moratorias previsionales.
En un país donde más del 45% del empleo es informal y millones de trabajadores atraviesan largos períodos sin aportes regulares, exigir 35 años de contribuciones implica, en la práctica, dejar afuera del sistema a una parte enorme de la población. Las mujeres serían las más afectadas, debido a trayectorias laborales más discontinuas y menores niveles de formalización.
Cuál es el problema con el sistema jubilatorio actual
El Gobierno sostiene que el sistema previsional actual es “inviable” por el envejecimiento poblacional y el déficit de la ANSES. Sin embargo, diferentes especialistas en seguridad social remarcan que el problema central no es el gasto previsional sino la precarización laboral y la caída de los salarios registrados, que reducen los ingresos genuinos del sistema.
En otras palabras: el deterioro del mercado laboral termina siendo utilizado como excusa para recortar derechos jubilatorios.
La eventual reaparición de un sistema de capitalización individual también genera fuertes críticas. Las AFJP fueron desmanteladas hace más de quince años tras dejar jubilaciones bajas, altísimas comisiones para entidades financieras y una fuerte exposición de los ahorros previsionales a crisis económicas y especulación financiera.
La experiencia regional tampoco ayuda: en Chile, el modelo privado impulsado durante la dictadura de Augusto Pinochet derivó en jubilaciones de pobreza y obligó al Estado a intervenir nuevamente con subsidios millonarios.
Otro punto conflictivo es el final de las moratorias previsionales. Para el oficialismo, estos mecanismos “distorsionan” el sistema. Pero para millones de adultos mayores representaron la única vía posible para acceder a una jubilación tras décadas de informalidad estructural. Sin moratorias, gran parte de los futuros jubilados quedaría condenada a prestaciones mínimas o directamente fuera del sistema.
Las voces en contra de la reforma que empiezan a surgir
Frente a este escenario, sectores de la oposición y especialistas en derecho previsional comenzaron a impulsar proyectos alternativos de “protección jubilatoria”. Entre las propuestas aparece la del Topo Rodríguez de declarar la intangibilidad de las condiciones actuales para quienes ya están aportando, impedir cambios inmediatos en edad jubilatoria y años de aportes, y mantener planes de regularización previsional con criterios más restrictivos pero vigentes, de acuerdo a su publicación en la red social X.
El debate previsional promete convertirse en uno de los mayores focos de conflicto político y social de los próximos meses. Mientras el Gobierno busca exhibir disciplina fiscal ante el FMI y los mercados, crece la preocupación por el impacto que una reforma de este tipo tendría sobre trabajadores que ya enfrentan salarios deteriorados, empleo precario y una economía todavía golpeada por el ajuste.
En nombre del equilibrio fiscal, la administración Milei parece dispuesta a trasladar el costo de la crisis a quienes están más cerca del retiro laboral. Y en la Argentina, pocas decisiones generan tanta sensibilidad social como tocar las jubilaciones.
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