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Mientras Repsol lanza ofensiva, Galuccio se dice optimista

Los servicios jurídicos de Repsol se preparan para poner en marcha su ofensiva legal en contra Argentina tras la aprobación formal por parte del Congreso del país de la ley que declara YPF de utilidad pública y expropia el 51% de sus acciones, informaron fuentes próximas a la compañía. En tanto, el flamante presidente de YPF, Miguel Galuccio, dijo sentir “un gran orgullo” por el nombramiento y aseguró que la petrolera “saldrá adelante”.

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). En las próximas horas, Repsol denunciará a Argentina ante la Corte de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) de Washington, en la que evocará el Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI) firmado en 1991 entre Argentina y España.
 
En este proceso, que podría activarse en un plazo de seis meses, la compañía presidida por Antonio Brufau debe remitir una carta al Gobierno argentino exponiendo sus reivindicaciones e informando de su intención de acudir al tribunal. La Argentina, con 49 reclamos, es el país con más casos abiertos ante este tipo de instuticiones internacionales.

En tanto, la Comisión Nacional de Valores (CNV) argentina promoverá el lunes 07/05, a las 15:30, una reunión de directorio de YPF convocando a una asamblea de accionistas, tal como lo establece el artículo 13 de la ley de expropiación, para el 04/06, a las 11:00, en la sede social de YPF, en la que se procederá a la caducidad de los directores y síndicos que estaban a cargo de la empresa con Repsol como controlante, explicó Alejandro Vanoli, titular de la CNV.

El estatuto de la petrolera prevé un directorio compuesto por 11 miembros como mínimo y 21 como máximo. Con el nombramiento del nuevo directorio llega a su fin la intervención a cargo del ministro Julio De Vido.

El juicio
 
El responsable jurídico de Repsol, Luis Suárez de Lezo, explicó poco después del anuncio de la expropiación que la compañía no solo reclamará un precio justo por las acciones expropiadas, sino que pedirá también indemnizaciones correspondientes a los daños causados.
 
Para Repsol, el justiprecio por su 57% de YPF asciende a US$ 10.500 millones (8.000 millones de euros), si bien el Gobierno argentino ha sugerido que no pagará esa cifra esgrimiendo argumentos relacionados con la deuda social de la petrolera argentina, sus costes ambientales y el flujo de dividendos ya pagado.
 
Repsol cita los artículos 7 y 28 de los estatutos de YPF como base para sus reclamos.

En el primero se ellos se indica que una adquisición de control implica la aprobación por parte de la junta de accionistas y el lanzamiento de una Oferta Pública de Adquisición (OPA), mientras que en el segundo se obliga al Estado a lanzar la oferta sobre todas las acciones de clase D para asumir este control.
 
Además de acudir al arbitraje internacional, la petrolera española pretende iniciar "todas las acciones legales a su alcance", lo que incluye los propios tribunales argentinos o estadounidenses. En paralelo, los accionistas minoritarios preparan acciones legales en EEUU y no se descarta que otros inversores de YPF, entre ellos algún fondo internacional, puedan judicializar el caso.
 
Accionistas minoritarios
 
Los accionistas minoritarios de YPF pueden denunciar el cambio de propiedad, en el que han pasado de ser inversores de una empresa privada a una empresa pública, así como las dificultades que esta nueva circunstancia genera a la cotización de las acciones en Nueva York.
 
También pueden evocar la obligación de OPA o los peligros que el nuevo entorno genera para la propia financiación de la compañía, ya que algunas cláusulas de financiamiento provocan la aceleración en los vencimientos con anticipaciones.
 
Al margen de la ley de expropiación, los servicios jurídicos de Repsol también deben responder al decreto de ocupación urgente de las instalaciones de YPF, que se aplicó inmediatamente después del anuncio de la expropiación y que sirvió para echar a los directivos españoles de la sede de la petrolera en Buenos Aires.
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El propio presidente de Repsol, Antonio Brufau, recordó que este decreto se promulgaba sobre una ley de la época del dictador Videla, mientras que Suárez de Lezo advirtió de que su aplicación suponía una toma de control automática de YPF.

Gallucio

De acuerdo al diario Tiempo Argentino, el flamante presidente de YPF, Miguel Galuccio, dijo: “YPF es una empresa muy importante para mí, que quiero mucho. Estoy seguro de que podremos tener una empresa moderna, competitiva, profesional, que a su vez tenga un sentido nacional y argentino muy fuerte que va a ayudar a la Argentina en su desarrollo energético”.
 
El funcionario definió como “un amigo” al gobernador de la provincia de Entre Ríos, Sergio Urribarri, quien ofició de nexo con el Poder Ejecutivo, ante quienes lo recomendó para el cargo.

Galuccio destacó el interés del mandatario entrerriano en los proyectos de gas no convencional en los que se podría avanzar en la provincia de Entre Ríos. “En todo este proceso Urribarri ha sido de gran apoyo”, resaltó Galuccio.
 
“Aporté el dato de que Miguel era un destacado ingeniero que había hecho toda su carrera en YPF y que luego, justamente por haberse destacado, estaba ocupando un lugar muy importante en una de las compañías de mayor know how en el mundo en materia de petróleo, que es Schlumberger, donde presidía uno de los departamentos más importantes”, afirmó Urribarri.