Promulgada nueva Ley de Glaciares, mientras demanda colectiva se acerca al millón de adhesiones

El gobierno de Javier Milei promulgó este viernes 24/04 la reforma a la Ley de Glaciares que ha generado controversia en la política ambiental de Argentina. Paralelamente, organizaciones ambientalistas y civiles, avanzan con una demanda colectiva contra los cambios a la normativa que fue originalmente promulgada en 2010. Se aproxima un conflicto judicial.

El Gobierno promulgó la reforma a la Ley de Glaciares

Acaba de entrar en vigencia la reforma a la Ley de Glaciares. El Poder Ejecutivo nacional oficializó este viernes la promulgación de la Ley N° 27.804 que implica profundos cambios en la protección de glaciares y ambientes periglaciares.

La medida fue formalizada mediante el Decreto 271/2026 publicado en el Boletín Oficial.

"En uso de las facultades conferidas por el artículo 78 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, promúlgase la Ley Nº 27.804 (IF-2026-35955743-APN-DSGA#SLYT), sancionada por el H. CONGRESO DE LA NACIÓN en su sesión del día 8 de abril de 2026", indica el texto oficial.

Esto ocurre, dos semanas después de que la reforma a la Ley de Glaciares lograra la sanción definitiva en Diputados con 137 votos a favor, 11 en contra y 3 abstenciones.

Reforma a la Ley de Glaciares Convocan a la mayor demanda colectiva tras victoria de Milei Urgente24

Así fueron los votos en el Diputados por la reforma a la Ley de Glaciares.

Principales cambios a la Ley de Glaciares

Uno de los cambios más relevantes en la Ley de Glaciares es que, delega facultades de control a las provincias. Ahora, tendrán la facultad de establecer sus propios criterios técnicos para determinar qué cuerpos de hielo y áreas periglaciares serán preservados.

Asimismo, el resguardo deja de ser automático para todos los glaciares, de acuerdo con informes de medios. El nuevo texto permite que aquellas áreas que no sean catalogadas bajo los nuevos criterios queden fuera de la protección.

"La presente ley establece los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas, a fin de que puedan ser destinados a los siguientes usos: (a) para el consumo humano; (b) para la agricultura; (c) para la protección de la biodiversidad; (d) como fuente de información científica; y (e) como atractivo turístico", indica la norma.

También se acordó la reducción del alcance del ambiente periglacial, área de suelos congelados y/o suelos saturados en hielo que actúa como regulador del recurso hídrico.

Científicos han recalcado en una carta en oposición a la reforma que, los periglaciales, "lejos de ser un espacio marginal, concentra grandes volúmenes de hielo subterráneo que no se ven en la superficie y que cumplen funciones esenciales para la estabilidad de las cuencas de montaña".

Esto podría abrir la posibilidad de autorizar actividades mineras en sectores que hasta ahora estaban limitados por restricciones legales.

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Científicos insisten en preservar los glaciares en todo el mundo.

Demanda colectiva contra la Ley de Glaciares

La reforma a la Ley de Glaciares ha sido rechazada y cuestionada por ambientalistas, civiles e incluso la comunidad científica internacional.

En ese contexto, organizaciones han convocado a una demanda colectiva contra los cambios en la Ley de Glaciares. De acuerdo con Greenpeace, en menos de 15 días, han logrado cerca de 900.000 adhesiones individuales.

El recurso será presentado a la justicia por Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y Greenpeace, junto a organizaciones y asambleas de todo el país en las próximas semanas.

Precisamente, Greepeace ha explicado que, "la publicación de la norma en el Boletín Oficial" es "un paso formal que habilita la presentación judicial.

"La aprobación de una reforma que mutila la Ley de Glaciares y que pone en riesgo nuestras principales reservas de agua dulce. No estamos ante un simple debate técnico o administrativo; estamos ante una decisión política que compromete el acceso al agua y el futuro ambiental del país", recalca la organización.

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