Día clave para el futuro de Internet (¿Elon Musk tenía razón, al menos en Brasil?)

Cuando Elon Musk enfrentó al Tribunal Supremo Federal de Brasil por la censura a X, la opinión pública cuestionó al empresario estadounidense y pareció popular el fallo del TSF. Sin embargo, ahora quedó en evidencia una peligrosa tendencia en el TSF contra Internet, y que puede convertir a Brasil en un paria digital. Hoy (miércoles 11/12) es un día importante porque se reanuda la sesión del TSF luego de la exposición del delirante fallo del ministro José Antonio Dias Toffoli, que puso a todos en vilo. Faltan los votos de 10 ministros.

Profesor de Derecho Constitucional y de Familia, Dias Toffoli fue hasta 2007 socio del bufete Toffoli & Rangel Advogados. Entonces él fue nominado por Luiz Inácio Lula da Silva como procurador general y en 2009 Lula lo nominó para el Tribunal Supremo Federal ante la muerte del juez Carlos Alberto Menezes Direito.

Dias Toffoli es conocido en el mundo porque fue quien eliminó las actuaciones judiciales contra Lula da Silva por el 'Lava Jato', y abrió el debate sobre el lawfare en Brasil.

Dias Toffoli votó el jueves (05/12) a favor de responsabilizar a las redes sociales por los contenidos ilegales publicados por los usuarios.

En su declaración, Toffoli consideró inconstitucional la norma actual que regula la responsabilidad civil de las plataformas.

En el entendimiento de Toffoli, las redes están obligadas a eliminar el contenido ilegal de inmediato, sin esperar una orden judicial. Si mantienen las publicaciones, pueden ser considerados responsables ante los tribunales por los daños causados por mantener los mensajes de sus usuarios. La posibilidad de sanción también se aplica en caso de promoción de publicaciones ilegales y en caso de creación de perfiles falsos.

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Sede del Supremo Tribunal Federal de Justicia en Brasilia DF.

El fallo

El ministro definió como ilegales los cargos que involucran delitos

contra el Estado Democrático de Derecho,
terrorismo,
suicidio,
racismo,
violencia contra mujeres, niños y adolescentes,
infracciones a la salud,
trata de personas,
incitación a la violencia física y sexual,
difusión de hechos falsos y descontextualizados, y
difusión de hechos notoriamente falsos que podrían perjudicar las elecciones.

En definitiva: todo.

Toffoli entendió que el artículo 19 del Marco Civil da Internet es inconstitucional porque otorga inmunidad a las redes sociales. Según él, el artículo 21, que prevé la responsabilidad directa en caso de daños a la intimidad, al honor y a la vida privada, debe aplicarse con carácter general.

Según el artículo 19, "para garantizar la libertad de expresión y evitar la censura", las plataformas sólo pueden ser consideradas responsables de las publicaciones de sus usuarios si, tras una orden judicial, no toman medidas para eliminar el contenido.

En su votación, Toffoli también definió que las reglas para la eliminación inmediata de contenidos no se aplican a

los proveedores de servicios de correo electrónico,
aplicaciones de reuniones cerradas en línea y
proveedores de mensajería privada (cuando no se utilizan como redes sociales).

La eliminación de contenidos considerados ilegales antes de una decisión judicial no afecta a los blogs y webs periodísticas.

Según el voto del relator, el cumplimiento de la decisión del Tribunal será supervisado por el Departamento de Vigilancia de Internet en Brasil (DAI), organismo que será creado y funcionará en el seno del Consejo Nacional de Justicia (CNJ).

El ministro también dio al Congreso 18 meses para aprobar una ley para combatir la violencia digital y la desinformación.

Paria internacional

Patricia Campos Mello escribió en Folha de São Paulo acerca del fallo de Dias Toffoli:

"Apocalipsis, bomba nuclear, fin del mundo, miedo, estamos asombrados: estas fueron algunas de las expresiones utilizadas por abogados y miembros del gobierno, del STF y de las grandes tecnológicas escuchadas por Folha para caracterizar el voto y las tesis del ministro Dias Toffoli ante esto. Jueves (5) en la sentencia sobre el Marco Civil da Internet .

La mayoría de las empresas, abogados y miembros del gobierno esperaban que Toffoli propondría una interpretación del artículo 19 del Marco Civil que crearía excepciones a la inmunidad de las plataformas.

Hoy en día, las plataformas sólo pueden ser consideradas civilmente responsables si no eliminan contenidos tras una orden judicial , salvo en casos de infracción de derechos de autor e imágenes de desnudos no consentidas. En estos casos basta con la notificación extrajudicial.

La apuesta era que Toffoli propondría otras excepciones, además de los casos de desnudez no consentida, contenidos contrarios a la Ley del Estado Democrático de Derecho, racismo y homofobia.

En estas situaciones se aplica el régimen de “notificación y actuación”, en el que las empresas pueden ser consideradas civilmente responsables si reciben una notificación extrajudicial y no actúan sobre el contenido. Este régimen es similar al vigente en la Unión Europea.

Pero el voto del ministro, pronunciado en una sesión del STF , crea un modelo de responsabilidad que no existe en ninguna gran democracia del mundo, según varios expertos entrevistados por Folha .

Toffoli declara que el artículo 19 es inconstitucional y establece un régimen objetivo de responsabilidad para las empresas de internet , incluyendo desde las redes sociales hasta Mercado Livre, Wikipedia y Amazon. Sólo se excluirían las aplicaciones de correo electrónico, mensajería y Zoom.

Siguiendo la tesis de Toffoli, cualquiera puede demandar a estas empresas si encuentra en sus redes contenidos de la lista prohibida, entre ellos: delitos contra el Estado democrático de derecho, actos de terrorismo o actos preparatorios, incitación al suicidio o a la automutilación, racismo, violencia contra niños y mujeres, oposición a medidas sanitarias, difusión de hechos notoriamente falsos o gravemente fuera de contexto que conduzcan a la incitación a la violencia física.

En todos estos casos, las empresas pueden ser consideradas responsables incluso antes de recibir una orden judicial o una notificación extrajudicial, como una denuncia de usuario. Como resultado, tendrían que monitorear activamente todo el contenido publicado en sus redes y eliminarlo.

"Si esta tesis prevalece, Brasil se convertirá en un paria internacional. Es una bomba nuclear", afirma Francisco Brito Cruz, director del Internet Lab.

Las empresas prevén un volumen colosal de litigios que, según ellas, les haría inviable operar en el país.

Además de la larga lista de tipos de contenidos que deberían ser "filtrados" por plataformas, la tesis de Toffoli también prevé una responsabilidad objetiva por los contenidos recomendados, promocionados (pagos o no) o moderados.

“El problema es que, en última instancia, cualquier contenido puede considerarse recomendado: los resultados de búsqueda de Google, por ejemplo”, dice Cruz, quien aboga por la responsabilidad por las publicaciones y los anuncios pagados, pero no por el contenido recomendado.

Una de las preocupaciones fue el aparente acuerdo de los ministros Flávio Dino y Alexandre de Moraes con la tesis, en sus intervenciones del jueves.

Pero otros ministros están actuando, entre bastidores, para alcanzar una solución más acorde con las tendencias mundiales, según Folha . Los ministros intentaron disuadir a Toffoli de realizar una votación considerada tan extrema en términos de rendición de cuentas, pero no tuvieron éxito."

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