Jorge Rial aseguró que tiene más pruebas sobre irregularidades en Discapacidad. Patricia Bullrich se enredó en vivo al negar pedidos de allanamiento.
Jorge Rial aseguró que tiene más pruebas sobre irregularidades en Discapacidad. Patricia Bullrich se enredó en vivo al negar pedidos de allanamiento.
Jorge Rial apareció en el Congreso para denunciar que lo quieren callar con allanamientos, mientras Patricia Bullrich insiste en que no pidió nada aunque los papeles dicen otra cosa. Mauro Federico también quedó en el medio de la pelea y ahora la discusión ya no pasa solo por los audios filtrados, sino por la libertad de expresión.
La Comisión de Libertad de Expresión de Diputados no funciona desde hace más de un año. La preside María Emilia Orozco, diputada de La Libertad Avanza, que ni apareció en la discusión. Por eso la oposición decidió autoconvocarse y darle espacio a los periodistas señalados por el Gobierno. El encargado de abrir fue Christian Castillo, del FIT, que denunció: "Esta comisión ha estado clausurada".
El primero en hablar fue Jorge Rial, que describió la movida judicial como persecución del aparato estatal. "Lejos de callarnos, mañana vamos a mostrar más investigaciones sobre esto", dijo directamente. Según adelantó, hay documentación que prueba un mecanismo perverso en la Agencia Nacional de Discapacidad: los empleados que más recortes lograban en subsidios para personas con discapacidad recibían más plata. Rial agregó que días atrás apareció un Falcon frente a su casa, un recuerdo siniestro de la dictadura que funciona como advertencia.
Mauro Federico también enfrentó a los legisladores. Aclaró que no tiene ningún vínculo con inteligencia extranjera y se permitió una ironía: "No tengo ningún contacto con algún servicio de inteligencia bolivariano y al único ruso que conozco es a Ricardo Zielinski cuando dirigió Racing". Más allá de la broma, fue contundente: "Nunca negociamos una información porque nosotros no vendemos silencio. Nuestro trabajo es construir noticias".
Entretanto, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich intentó despegarse de los pedidos de allanamiento en una entrevista con Pablo Rossi en Radio Rivadavia. Lo negó varias veces hasta que el propio periodista le mostró la denuncia oficial que ella había llevado. En la página 18 se leía: "Ordénese allanamiento y secuestro en las oficinas y estudios de Carnaval Stream (…) y en los domicilios de Jorge Rial y Mauro Federico". A Bullrich no le quedó otra más que salvarse como pudo: dijo que se trataba de una "construcción de prueba".
La escena mostró el límite del discurso oficial. Ya no es solo un papel, sino un gobierno que, en vez de explicar qué pasó con los subsidios recortados en la ANDIS o con los audios de Karina Milei, prefiere hablar de supuestas operaciones rusas y venezolanas (que ya terminó generando memes y chistes en redes sociales). En otra nota con la misma radio, Bullrich llegó a decir que los audios eran parte de una estrategia de "injerencia extranjera".
La denuncia presentada por el Ministerio de Seguridad, que difundió Manuel Adorni, acusa a Rial y Federico de participar en una "operación de inteligencia ilegal para desestabilizar al país". Incluso menciona a Franco Bindi y a Pablo Toviggino, y habla de "influencia rusa y chavista". Pero lo cierto es que, como reconoció la propia Bullrich cuando la apretaron en vivo, "no sabemos quién fue" el que grabó a Karina Milei.
La pregunta de fondo es otra: ¿puede un gobierno democrático pedir allanamientos a periodistas que publican pruebas de corrupción? Así lo resumió Rial en la comisión: "Es un punto de quiebre, si nos llevan puestos a nosotros se van a llevar puestas todas las libertades". Esto es un test institucional, y el oficialismo, en vez de dar explicaciones, eligió ponerse en guerra con la prensa.
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