Javier Milei quiere avanzar muy fuerte con su objetivo de imponer las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) y, para eso, le impuso al presidente de la Asociación del Fútbol Argentina ( AFA), Claudio Tapia, un plazo de seis meses para que reformule los beneficios impositivos con los que cuenta el fútbol argentino. La resolución publicada en el Boletín Oficial menciona que el estado nacional creó un Comité para reformular el régimen a uno que sea “eficiente, suficiente y sostenible”.
DISPUTA POR LAS SAD
Catástrofe para AFA: Javier Milei quitará todo subsidio a los clubes
El presidente Javier Milei le impuso un plazo de seis meses al titular de la AFA, Claudio Tapia, para que reformule los beneficios impositivos del fútbol.
En ese período de seis meses, la administración nacional encabezada por Javier Milei apunta a reformular el régimen vigente. Esta decisión se da en el marco de la tensión existente entre el Gobierno nacional y Claudio “Chiqui” Tapia, que fue reelecto como titular de la AFA por el voto unánime de los clubes.
¿Qué dice el decreto firmado por Javier Milei?
El decreto 939/2024 fue firmado por Milei en las últimas horas y publicado en el Boletín Oficial esta madrugada. En concreto, establece que el régimen fijado por el decreto 510, del 10 de octubre de 2023, finalizará dentro de los próximos seis meses.
Antes dejar la gestión, el gobierno de Alberto Fernández volvió a instaurar los beneficios que se otorgaron con Néstor Kirchner. Días después, se publicó una resolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que reglamentó los beneficios impositivos y le puso como fecha de vigencia el 1 de noviembre del año pasado.
Durante estos seis meses, el Gobierno espera analizar los privilegios brindados en materia de las obligaciones de la seguridad social y reformular el sistema vigente. Para esto, el Ejecutivo creó un Comité, dependiente de la Jefatura de Gabinete, que estará conformado por un representante por cada cartera involucrada. Entre ellas, los ministerios de Economía y Justicia, la AFIP, la ANSES, la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (Capital Humano) y la Subsecretaría de Deportes. Además, habrá un delegado en representación de la AFA, dos representantes de los clubes de fútbol que participen de la Primera División y uno por aquellos que participen en las categorías inferiores. Todos ellos participarán “ad honorem”.
“Los representantes de los clubes de fútbol que participen en la Primera División serán elegidos por la AFA, uno de ellos será seleccionado entre los tres clubes que acrediten haber tenido mayor cantidad de socios durante el año 2023. El representante de los clubes de fútbol que participen en las Categorías Inferiores será elegido por la AFA”, aclara el decreto.
En ese sentido, el principal objetivo de este Comité será establecer un régimen que sea “eficiente, suficiente y sostenible para reemplazar el régimen anterior”. Sobre el impacto que puede tener esto en la economía del fútbol, fuentes oficiales precisaron que “son muchos millones de pesos”.
Federico Sturzenegger
Posteo del ministro Federico Sturzenegger:
Por el Decreto 939/24 firmado por el presidente @JMilei se dispuso finalizar en seis meses el Régimen Especial de Seguridad Social de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA).
Para el rediseño o renovación del régimen el Decreto 939/24 indica que se necesita un dictamen no vinculante de una comisión que incluye a representantes del gobierno, de la AFA y de 3 clubes de futbol (2 de 1ra. División y 1 del Ascenso).
El problema es que la alícuota vigente no alcanza a compensar los aportes y, por este motivo, entre noviembre y abril pasados el régimen generó un déficit fiscal de unos $7.000 millones.
El Decreto 510/23 de Massa, como regalo de campaña, había incluido a la AFA como beneficiaria del sistema, pero al mismo tiempo obligaba a que el esquema se revisara al año de su puesta en marcha para evaluar si había logrado el equilibrio económico.
Dado el evidente déficit que provocó el sistema debe ser revisado. El gobierno trabajará constructivamente en dicha comisión para el diseño de un sistema sustentable, empezando por auditar y diagnosticar los motivos que provocaron este déficit.
A su vez, el gobierno considera que una parte esencial de la solución pasa por la incorporación de capitales privados al fútbol, máxima si la falta de estas inversiones deriva en la necesidad de un régimen que implica una carga para el contribuyente.
La reelección de Tapia en la AFA
El gobierno nacional, a través de la Inspección General de Justicia y a raíz de un pedido de Talleres de Córdoba, había resuelto suspender la reelección anticipada de Claudio Tapia al frente de la AFA. Sólo se le había permitido aprobar los estados contables, el presupuesto de gastos para 2025 y el informe de comisión fiscalizadora y balance.
Pero la AFA de todas maneras llevó adelante la asamblea, en la que Tapia fue reelecto casi por unanimidad, se anularon los descensos para 2024 y se mudó el domicilio social de la entidad: pasó de Viamonte 1366 a Ezeiza, Provincia de Buenos Aires, justamente para quedar fuera de la jurisdicción de la IGJ, dependiente del Ministerio de Justicia de Mariano Cúneo Libarona, uno de los más interesados en la privatización de los clubes. También se modificó el estatuto para permitir cinco mandatos en lugar de los cuatro establecidos hasta ese entonces.
El contraataque del gobierno de Milei: ahogo financiero y desembarco de las SAD
A pocos meses de finalizar su gobierno, Mauricio Macri impuso cambios en el DNU 1212/03 emitido por Eduardo Duhalde. El mismo establecía una serie de beneficios impositivos para los clubes de fútbol. La administración de Cambiemos llevó del 6,5% al 7,25% la alícuota que se le cobraba a los clubes por venta de entradas, ingresos de derechos de TV y venta de jugadores.
Pero lo más grave no fue eso. Los clubes pagaban montos muy reducidos por aportes y contribuciones (PAMI, Fondo Nacional de Empleo, Sistema Previsional y Asignaciones Familiares). Pero con los cambios decretados por Macri, las instituciones tuvieron que comenzar a girar el 14% de su masa salarial al Estado. Además, se le quitó el beneficio a los colegios que dependían de los clubes. El plan era simple: apretar a los clubes y a la AFA para introducir las SAD.
En octubre de 2023, Alberto Fernández y Sergio Massa publicaron el DNU 510/2023 que restituía los beneficios fiscales para los clubes: si bien llevaba la alícuota al 7,50%, se incluía a todos los clubes de todas las categorías, inclusive al fútbol femenino. También se abrió un sistema registral con pautas para refinanciar las deudas acumuladas producto del cambio de 2019.
Milei quiere copiar el mencionado plan de Macri, pero de manera más radical y firmó un nuevo DNU, publicado este martes en el Boletín Oficial, que viene a derogar el 510/2023. Se les dará un plazo de 6 meses a los clubes para readecuarse al nuevo sistema.
El objetivo es desfinanciar a los clubes y a la AFA, los cuales se han plantado prácticamente en unanimidad contra el avasallamiento institucional del gobierno nacional que no tiene otro objetivo que el de imponer por la fuerza el ingreso de las Sociedades Anónimas Deportivas al fútbol argentino. Los más perjudicados serían los clubes más pequeños y con menos recursos.
El miedo a las sanciones de la FIFA
Tanto FIFA como CONMEBOL, al igual que todas las grandes asociaciones deportivas, tienen reglamentos muy explícitos en cuanto a que prohíben las intromisiones de los Estados. Las sanciones pueden incluir la eliminación de los clubes argentinos y de la Selección de sus respectivas competencias.
En diciembre de 2023, el gobierno nacional emitió un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) en el que incluyó cambios en la Ley del Deporte. Se destacan la posibilidad del ingreso de las sociedades anónimas y la obligación de las federaciones, asociaciones y confederaciones de cambiar sus estatutos —quieran o no—, los cuales hasta el momento solo reconocen a las asociaciones civiles sin fines de lucro.
Si bien las entidades deportivas tienen tiempo hasta agosto de 2025 para cambiar sus estatutos —que hoy prohíben las SAD—, el Gobierno dispuso que “no se podrá impedir, dificultar, privar o menoscabar cualquier derecho a una organización deportiva debido a su forma jurídica, ya sea una asociación civil o una sociedad anónima, siempre y cuando esté reconocida por la ley”. Entonces, el Gobierno no solo las obliga a cambiar sus estatutos, sino que en el mientras tanto las obliga a desobedecer el vigente.
De hecho, hace unas semanas la FIFA advirtió que la AFA podría sufrir sanciones si el Gobierno mantiene firme su intervención en el estatuto. Y no es porque la entidad que rige el fútbol mundial esté en contra de las SAD, sino que rechaza de manera contundente que sea el Estado quien intervenga en la toma de este tipo de decisiones y no las propias federaciones.
Es así que en el Gobierno saben que deben moverse con cautela, ya que no pueden exponerse a ser los responsables de que, por ejemplo, River quede descalificado de la Copa Libertadores y de que la selección argentina no pueda jugar las Eliminatorias y quede descalificada del próximo Mundial.
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