El Senado aprobó el acuerdo con los 'fondos buitre'
El oficialismo logró aprobar en el Senado el proyecto que avala un plan de pago a dos "fondos buitre" por US$171 millones, con quienes el Gobierno de Javier Milei alcanzó un acuerdo de conciliación económica.
La iniciativa recibió 40 votos positivos y 22 negativos, y ahora seguirá su curso en la Cámara de Diputados, donde deberá aprobarse antes del 30 de junio, que es el último plazo fijado en el entendimiento.
Se trata del acuerdo con los únicos dos holdouts que le quedan a la Argentina: Bainbridge Ltd y Attestor Value Master Fund LP. Son bonistas que comenzaron sus demandas en el 2001 pero no ingresaron en el acuerdo firmado en 2016 entre el gobierno de Mauricio Macri y la mayoría de los 'fondos buitre'.
Según había informado el senador de La Libertad Avanza, Agustín Monteverde, se trata de un "acuerdo conveniente desde el punto de vista financiero" y que "prácticamente concluye con los litigios de la República en tribunales del exterior" por el default de 2001.
En los argumentos de la iniciativa, el Gobierno destacó que con estos acuerdos terminarán las demandas de embargo sobre activos argentinos. Sobre las ventajas financieras, indicó que “habrá una quita superior al 30% sobre las sumas remanentes” y permitirá “cancelar pasivos litigiosos por un monto sustancialmente inferior al que resultaría de una ejecución judicial, evitando el devengamiento de intereses punitorios onerosos bajo la ley de Nueva York”.
El acuerdo implica pagar 67 millones de dólares a Bainbridge Ltd. y 104 millones de dólares para el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP, de “forma simultánea a la acreditación de los bonos libres de todo gravamen para su inmediata cancelación y extinción”.
Asimismo, establece expresamente que los honorarios de los abogados son de exclusiva responsabilidad de los acreedores.
El proyecto sancionado este jueves en la Cámara alta estaba en el temario de la sesión del 14 de mayo pasado, pero la redacción original sufrió correciones técnicas de último momento en decenas de artículos, lo que provocó quejas de la oposición y motivó la vuelta a comisión para volver a ser dictaminado.
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