El Gobierno de Javier Milei estableció, según aclara, a pedido de los gobernadores de Río Negro y Neuquén, Alberto Weretilneck y Rolando Figueroa, 15 días desde hoy para llamar al concurso que lleva a las hidroeléctricas de los ríos Neuquén y Limay a la privatización.
DECRETO 263
Hidroeléctricas: Neuquén y Río Negro reclaman protagonismo, y Nación los citó como excusa de sus demoras
El Gobierno volvió a postergar el proceso de reprivatización de las hidroeléctricas del Comahue (con contratos vencidos). La excusa ante las demoras y las diferencias internas fue un pedido de los gobernadores.
10 de abril de 2025 - 08:40
Nación vuelve a demorar la reprivatización de la hidroeléctricas del Comahue.
La fecha fue fijada por el Decreto 263 que se publicó hoy en el Boletín Oficial, con las firmas del presidente, Javier Milei, y del ministro de Economía, Luis Caputo, y en cuyos considerandos se hizo referencia a la nota enviada por ambos mandatarios este lunes, 7 de abril, solicitando que se establezca la fecha para que las Provincias "cuenten con un término razonable para que sus equipos técnicos puedan hacer un análisis completo del proceso que se inicia y así poder transmitir al ESTADO NACIONAL una acabada respuesta sobre el tema".
"Corresponde fijar un plazo de quince días, contados a partir de la publicación del presente, con el fin de que las mencionadas provincias y todos los organismos interjurisdiccionales involucrados tomen la debida participación en el proceso", señala el texto oficial.
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Pero lo cierto es que en octubre de 2024, por medio del decreto 895, el Poder Ejecutivo había establecido que antes del 9 de abril de este año las autoridades energéticas debían llamar a un "concurso público nacional e internacional, competitivo y expeditivo, con el fin de proceder a la venta del paquete accionario mayoritario o controlante" de las cuatro usinas hidroeléctricas del Comahue, y por demoras operativas y diferencias internas, se llegó a esa fecha sin haber puesto en marcha el proceso licitatorio destinado a adjudicar las centrales a los nuevos concesionarios que deberían hacerse cargo de las mismas antes del 11 de agosto próximo.
De allí que contrarreloj y el mismo día en que venció el plazo que se había fijado el año pasado la administración de Javier Milei volvió a postergar el proceso de reprivatización de las hidroeléctricas.
Las hidroeléctricas a reprivatizar
En tanto, mientras se desarrolla el proceso de concursos, las hidroeléctricas Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila siguen bajo la administración que ya tenían:
- El Complejo Hidroeléctrico Cerros Colorados permanece en operación por parte de Orazul Energy Cerros Colorados Sociedad Anónima.
- El Complejo Hidroeléctrico El Chocón-Arroyito se encuentra bajo administración de Enel Generación El Chocón Sociedad Anónima.
- El Complejo Hidroeléctrico Alicurá es gestionado por AES Alicurá Sociedad Anónima.
- El Complejo Hidroeléctrico Piedra del Águila continúa siendo operado por Central Puerto Sociedad Anónima.
Hace unos días, la secretaría de Energía, María Carmen Tettamanti, había adelantado que este mes se publicaría el llamado a licitación de las represas de los ríos Neuquén y Limay.
"Va a salir la licitación en este mes. En este mes va a salir", dijo al ser consultada sobre el tema.
Tensión entre Nación y provincias
Cabe mencionar que las represas se ubican en la región de la cuenca del Comahue, uno de los polos hidroeléctricos más relevantes: producen entre el 12% y el 15% de la electricidad del país.
Pero el proceso de privatización genera tensión entre el Gobierno nacional y las provincias patagónicas, que buscan asegurar injerencia en la gestión futura de los recursos hídricos y energéticos.
El ministro de Planificación, Innovación y Modernización de Neuquén, Rubén Etcheverry, fue contundente al señalar que "vamos a exigir que se respeten los derechos de las provincias, sobre todo lo referido a los cánones, ingresos y remuneración, que se encuentran bastante castigados". A su entender, Nación no ha dado respuestas concretas a los planteos regionales.
Actualmente operan bajo un régimen de prórroga transitoria habilitado por el Decreto 718/2024, que extendió el control de las empresas originales por hasta un año mientras se define el nuevo escenario de concesiones.
En paralelo, el gobierno nacional avanzó en la creación de cuatro sociedades anónimas bajo el control de Energía Argentina (Enarsa) y Nucleoeléctrica Argentina, que funcionarán como vehículos legales para facilitar la transferencia accionaria a los nuevos adjudicatarios, en un concurso que será nacional e internacional.
La Agencia de Transformación de Empresas Públicas, dependiente del Ministerio de Economía, será la encargada de establecer las condiciones de la licitación, aprobar los pliegos y garantizar el cumplimiento de los objetivos planteados por el plan de desestatización.
Etcheverry destacó que las actuales operadoras manifestaron su intención de continuar al frente de las represas, pero también hay interés de grupos locales y extranjeros, y que "lo central será cómo se define la forma de remuneración de la energía hidroeléctrica a futuro", y remarcó el valor de esta fuente firme frente a otras alternativas intermitentes como la solar o la eólica.
Desde Río Negro también hubo voces críticas por la falta de claridad respecto al rol de las provincias. Las autoridades rionegrinas confirmaron que trabajan de manera conjunta con Neuquén para diseñar una estrategia común, que garantice beneficios concretos para los habitantes de ambas provincias.
En tanto, ambos gobiernos provinciales coinciden en que no debe repetirse el esquema anterior, en el que los recursos energéticos generados en la región no se tradujeron en un impacto positivo local. La intención es que el nuevo modelo incluya mecanismos de compensación, inversiones y participación en la toma de decisiones.
La Secretaría de Energía sostuvo que el proceso licitatorio se orientará bajo una "lógica alineada con el mercado" y que se buscará una transición "eficaz y transparente". Pero sobre la fecha aún no habían detallado los criterios específicos que regirán la selección de oferentes y la forma de explotación.
Ahora se espera que en las próximas semanas se definan los criterios de adjudicación, los mecanismos de participación provincial y los compromisos de inversión que deberán asumir los futuros accionistas mayoritarios, en medio de una batalla en la que las provincias buscan un nuevo esquema que no solo garantice eficiencia operativa, sino también justicia territorial y equilibrio federal.
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