CONFIDENCIAL

ANTICIPO DE VERBITSKY

Alberto F. busca revancha con Vicentín mientras avanza el 'impuesto a los ricos'

Martes 14/07: la fecha que anticipa Horacio Verbitsky para la presentación del proyecto de 'impuesto a los ricos' que, como emblema, agita para el resarcimiento de reclama la izquierda del Frente de Todos, luego de varias acciones que no resultaron satisfactorias para su enfoque del Gobierno. Antes, anticipa otra fecha, 30/06, vinculada a Vicentín pero él no parece muy seguro de si Alberto Fernández colmará sus expectativas, que obviamente no son las del gobernador Omar Perotti.

Horacio Verbitsky anticipa el ingreso al Congreso, finalmente, del proyecto de ley de contribución extraordinaria de las grandes fortunas, también denominado 'impuesto a los  ricos'.

El ala izquierda del Frente de Todos parece haber conseguido esa concesión del Ejecutivo Nacional ya que el 'caso Vicentín'no se convirtió (todavía) en lo que ellos esperaban.

"(...) el director ejecutivo del grupo, Máximo Padoan, nieto de Máximo Vicentin, aseveró en forma categórica que el plan de rescate del gobernador Omar Perotti “es mucho peor que el DNU de Alberto Fernández”: el Presidente dispuso la intervención por dos meses, el gobernador hasta la conclusión del concurso de acreedores. Por eso, el juez provincial Fabian Lorenzini no lo aceptó e insistió en mantener al directorio en sus puestos, si bien ha empezado a indagar sobre el patrimonio de algunos de sus integrantes.

Son dos visiones excluyentes. O Fernández arrugó, como sostiene la agrupación Animémonos y Vayan, o afinó la puntería y está más cerca del blanco. (...)".

Sin embargo, la esperanza de Verbitsky todavía se aferra a alguna información, e intenta alimentarla en otro fragmento de su texto:

"(...) El Presidente tiene el propósito de narrar esta historia en detalle, en una presentación que haría el martes 30, aunque esto responde más a una necesidad de desahogo ante lo que siente como una injusticia, que a una decisión meditada, dentro de un plan mejor pensado que los pasos iniciales. Lo que tiene por delante es un dilema donde cada solución tiene su contra:

 **  Seguir acompañando la alternativa Perotti, aunque por segunda vez las previsiones del gobernador no coinciden con los datos de la realidad, lo cual no asegura el resultado.
 **  Derogar el DNU de la intervención, para no dejar en pie el precedente de que un juez de pueblo puede prevalecer sobre la voluntad presidencial, consignada en un decreto que, mientras no sea repelido por las dos cámaras del Congreso, tiene fuerza de ley. Ambas variantes alimentarían los desbordes interpretativos desde las diversas izquierdas de papel.
 **  Enviar al Congreso el proyecto de expropiación, precisando los activos del grupo que interesan. En este caso, el riesgo es que no haya número suficiente y se repita el rechazo legislativo como en 2008
. (...)".

Verbitsky tiene un petitorio para hacerle a Alberto Fernández, retomando la entrelíneas de las 2 entrevistas que le hizo, pero que no termina de balbucear ante el Presidente por precaución ante el previsible reparo del Jefe de Estado:

"Vicentin no debería convertirse en una sinécdoque de la imprescindible reforma institucional que permita conocer y regular el comercio exterior y el trasiego de divisas. Esto vale para todos los rubros centrales de las exportaciones e importaciones argentinas. Al día de hoy, el Estado Nacional no posee una empresa dotada de la tecnología actual que le permita saber cuál es la cantidad exacta de petróleo que extraen las empresas privadas, lo cual no afectaría el dominio provincial de los yacimientos. Aunque cueste creerlo, impuestos y regalías se basan en la declaración jurada de esos grandes mentirosos. Los tratados bilaterales de inversiones, que atan al país al arbitraje de las propias empresas multinacionales en el CIADI o la Cámara de Comercio de París, las leyes de entidades financieras y de  inversiones extranjeras, el control de cambios y la legislación impositiva tienen infinita mayor relevancia que el destino de una empresa particular, por importante que sea. Si nada de eso se emprendiera, daría lo mismo bajo qué bandera quedara tal o cual empresa. La palabra clave en el mundo de hoy es regulación. Tomar el rábano por las hojas no es lo más aconsejable."

Evidentemente, Verbitsky aclara que cualquiera sea el destino de Vicentín, no es el eje de la disputa. De paso, él utiliza Vicentín para seguir enviando 'palos' contra YPF, aunque ya no la menciona con nombre y apellido. Ya que estamos: para obtener esa información no se precisa contar con una empresa de energía sino con una Secretaría de Energía de la Nación que funcione. Es más barato y más eficiente. El razonamiento de Verbitsky se asemeja al de quienes sostienen que precisan una productora de aceites de exportación para conocer los datos del mercado: ¿¡...!?

Luego sería muy interesante que Verbitsky consiguiera inversiones que consideren el arbitraje en sede argentina. Podría proponérselo para un premio Nobel.

Luego, las modificaciones de las leyes de entidades financieras, de inversiones extranjeras, control de cambios y reforma tributaria como bandera no tiene nada que ver con Alberto Fernández, Sergio Massa y los gobernadores peronistas. Ahora bien, probablemente tampoco tenga que ver con Cristina Fernández de Kirchner.

Ahora bien, hay que ir al comienzo, al anuncio sobre la presentación del proyecto de contribución extraordinaria, que intenta promover un consenso multipartidario y plurisectorial, según parece:

"El gobierno ha fijado fecha para la presentación en el Congreso del impuesto a las grandes fortunas: será el 14 de julio, en cuanto terminen las dos semanas de endurecimiento de la cuarentena en el AMBA anunciadas el viernes por el Presidente Alberto Fernández.

Privilegiar este proyecto implica una admisión tácita de los errores cometidos en la explicación pública de la intervención a Vicentin, y la voluntad de enmendarlos.

La intervención/expropiación de la cerealera santafesina concita aproximadamente las mismas adhesiones y repudios que se expresaron en los guarismos electorales de octubre de 2019, lo cual se debe en parte a la falta de preparación oficial para formular un anuncio del que no estuvieron al tanto con suficiente antelación ni el ministro de Agricultura, ni el Procurador del Tesoro, ni el Inspector General de Justicia y al que se le asignó una importancia desmesurada, sobre la base de frases simples pero de significado impreciso como soberanía alimentaria o empresa testigo. Esta fue una oportunidad que no desaprovecharon los grupos políticos que desde el 19 de marzo estaban buscando cómo golpear a un gobierno cuyas decisiones ante la pandemia le granjearon uno de los niveles de aprobación más altos para el primer semestre en la Argentina post-dictatorial.

En cambio, el impuesto a las grandes fortunas atrae al 70% de la población y es una señal hacia el conjunto del patronato, no sólo hacia una oveja negra enredada en sus propios chanchullos.

En los últimos días se definieron las dos cuestiones que aún seguían pendientes sobre la instrumentación del impuesto, en el que trabajaron los diputados Máximo Kirchner, Carlos Heller y Hugo Yasky, y que dio lugar a consultas con el Presidente y con el ministro de Economía, Martín Guzmán:

 **  El piso a partir del cual se aplicará será un patrimonio de $200 millones.
 **  Lo recaudado tendrá asignación específica.
 **  El piso de $200 millones circunscribe a 11.000 personas la población que será alcanzada por la contribución extraordinaria, es decir el 0,024% del total de lxs argentinxs, lo cual no deja dudas sobre la justicia de la medida.

Los aproximadamente US$ 3.000 millones que se recauden no irán a paliar el déficit fiscal, como deseaban algunos funcionarios, sino que se destinarán a tres propósitos:

El financiamiento de las inversiones comprometidas por la ley que creó el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap).

La inversión en proyectos gasíferos, tanto de YPF como de compañías privadas, y
Créditos blandos a las pymes, que dinamicen la economía.

El proyecto de ley del Renabap fue inspirado por el Papa Bergoglio y presentado en el Congreso por el radical Mario Negri, la heroína cívica libertadora Elisa Carrió y el diputado de PRO, Nicolás Massot, y fue apoyado por las distintas fracciones del peronismo. Fue promulgado en noviembre de 2018 pero transcurrido un año y medio, no se ha avanzado en su aplicación por falta de los más de mil millones de dólares que debían invertirse por año para expropiar y urbanizar terrenos dentro del régimen de integración socio urbana y regularización dominial. (...)".

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