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CRIMEN & CASTIGO

Provincia de Santa Fe expuesta por Alvarado y sus espejos

La Provincia de Santa Fe luce expuesta pero no sorprendida por la mezcla de narcos, jueces y policías del 'caso Alvarado'.

En Rosario (Provincia de Santa Fe), el 21/02 comenzó el juicio oral a Esteban Alvarado, quien sigue las audiencias conectado por videoconferencia desde la cárcel de Ezeiza, y es acusado de liderar un emporio criminal, ordenar atentados a edificios del Poder Judicial, instigar al menos 2 homicidios y el ataque a una funcionaria técnica de la Fiscalía.

Esteban Líndor Alvarado está preso desde el 01/02/2019, cuando fue detenido en un camping de Embalse Río Tercero, Córdoba. Cuando vio que la policía llegó, corrió hasta la orilla de un lago y arrojó al agua su iPhone 7. Un policía se tiró al agua y pudo recuperar el equipo, del cual se extrajeron unos 4.500 audios.

Alvarado esperó a que transcurriera casi completa aquella audiencia pionera en su contra como jefe de una asociación ilícita y, al final, pidió la palabra. “Me voy a hacer cargo de lo que hice, pero no de lo que no hice”, y se quejó ante los magistrados Alejandro Negroni, Patricia Bilotta y María Isabel Mas Varela de la multa de $ 758 millones que habían pedido los fiscales de Criminalidad Organizada, Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, al solicitar para él una pena de prisión perpetua: “Quieren recaudar lo mismo o igual que la multa que le pusieron a Lázaro Báez teniendo él 1.000 propiedades y 1.000 vehículos”.

Entonces, esta semana se cumplen 2 meses del comienzo del juicio a Alvarado y otros 6 acusados; y Pablo Morosano, defensor del imputado, prometió: “Vamos a probar que la teoría del caso de la Fiscalía no cierra”.

En simultáneo, Alvarado es juzgado en la Justicia federal por el traslado de casi 500 kilos de marihuana a la Provincia de Río Negro en 2017.

Testigo contra él es, por ejemplo, el mecánico Carlos Argüelles, quien en un testimonio filmado un año antes de su asesinato, le atribuyó homicidios a quien fuera su jefe.

Alvarado sólo reconoció la balacera contra la casa de una investigadora técnica del Ministerio Público de la Acusación (MPA) -Marina Marsili-, quien investigaba los patrimonios de bandas criminales.

Los defensores del imputado -Juan Pablo Guenzi, Pablo Morosano, Lucas Peirone y Juan Pablo Audisio pidieron- que se lo juzgue en base a las pruebas del juicio y “no simplemente por el apellido Alvarado”

Alvarado estuvo detrás de otros episodios 'pesado': los secuestros y asesinatos de Cristian Enrique y Lucio Maldonado.

La Fiscalía

La hipótesis de los fiscales la expuso el periodista Germán de los Santos en la web Aires de Santa Fe:

"(...) Alvarado fue el 'elegido', junto con Luis Medina, para quedarse con el monopolio de la venta de drogas en Rosario. Uno de los primeros que puso empeño en construir esta 'sociedad' narco fue el exjefe de la Policía de Rosario, Néstor Arismendi, según detallaron los testigos Mariana y Rodrigo Ortigala, quienes pertenecieron al 'clan Alvarado' y después sufrieron las consecuencias del acusado, quien planificó matarlos. Arismendi había pasado por el área de Automotores de la policía y conocía a Alvarado, quien empezó en el rubro criminal con el robo de autos. “Reunió a Medina y Alvarado en una estación de servicio de la zona sur y ahí arreglaron que ellos se quedaban con la zona oeste y noroeste de Rosario, pero que si todo funcionaba bien tendrían toda la ciudad”, afirmó Mariana Ortigala en diálogo con Aire de Santa Fe. A Alvarado y a Medina nadie los tocaba en la policía. Esa era la garantía del pacto. Luego, Arismendi asumió como jefe de la Unidad Regional II, en diciembre de 2011. En esa época, Alvarado ya estaba mencionado en la justicia federal, pero nadie lo investigaba con seriedad.

(...) El otro esquema que se puso en marcha, a la par de la protección que tenía Alvarado, según se desprende del juicio, fue un plan para eliminar o correr a la competencia del narco. Esto estuvo en manos, de acuerdo a varios testigos, de la División Judiciales de la policía, que se creó en la gestión de Bonfatti. Un testimonio que aportó datos sobre este punto fue el del excomisario Gustavo Pereyra, conocido como 'Gula', que fue sobreseído en la causa de Los Monos. El proyecto, según Pereyra, era sacar a los Cantero del negocio narco para imponer a Alvarado y a Medina. (...)".

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Lucio Maldonado (13 de noviembre de 2018), quien apareció asesinado a 200 metros del casino City Center, en una colectora de la avenida Circunvalación, con las manos atadas a la espalda, 4 tiros en la cabeza y un cartel: “Con la mafia no se jode”.

Lucio Maldonado (13 de noviembre de 2018), quien apareció asesinado a 200 metros del casino City Center, en una colectora de la avenida Circunvalación, con las manos atadas a la espalda, 4 tiros en la cabeza y un cartel: “Con la mafia no se jode”.

Ortigala

Alvarado tiene su relato armado:

"Mi fuerte fue armar autos pero el juzgado de San Isidro me sacó todo. Dicen que de 2012 a 2018 hice maniobras. ¿Dónde están? Soy conocido de un montón de gente. ¿Por ser jefe de la barrabrava de un club no me pueden ir a ver? No entiendo la teoría de la Fiscalía, de qué presumen. Me están condenado públicamente pero lo único que pueden decir es que estoy con los autos desde el año 1995, uno de los mejores que está en eso".

Según él, al enterarse de que estaba declarando Rodrigo Ortigala, un exhombre de su entorno que testificó en su contra, intentó desviar las investigaciones del crimen del financista Lucio Maldonado. Él dijo que tuvo la complicidad del policía Pablo Báncora, condenado por incorporar pistas falsas a la pesquisa, y Jorgelina Chaves, exjefa de la Comisaría 24ta. de Granadero Baigorria, también condenada por sus aportes al grupo.

"Me dicen: 'Ortigala te está tirando a matar. Te quieren ver en cana'. Báncora me pidió $ 50.000 y lo aportó 'el Fino' (Marcelo Nicolás) Ocampo (asesinado en abril 2021)."

Identificaron la casa de la empleada de la Fiscalía que investigaba el patrimonio de Alvarado.

"Ocampo me dice: 'Le tiramos la cabeza de un perro'. Bueno, se la tiramos. Como no saltó en ningún lado, no tuvo repercusión, Báncora dice: 'Hagamos algo con más ruido'. Como yo no me conectaba por la antena, Ocampo se toma el atrevimiento y le hace tirar los tiros a (a la víctima) sin tener conocimiento y si tienen los mensajes se van a dar cuenta de que yo no sabía".

“Yo estaba en Córdoba. No me gustó, porque tonto no soy. No me puedo tirar nunca contra el poder, el fiscal, porque pierdo toda la vida. Cuando me entero le dije que estaba loco, que iba a traer problemas. Nunca tuve la intención de amedrentar a la justicia o fiscal, era desviar la investigación contra Ortigala. Le pido disculpas (a Marsili) por pasar ese mal rato. Era la idea de enviarle una corona en principio”.

“Con la mafia no se jode”

Cuando ocurrieron atentados en 2018, el fiscal general Jorge Baclini dispuso la creación de un equipo de investigación especializado. Entre ellos, un policía: Pablo Báncora, quien tiempo después fue descubierto como colaborador de Alvarado. Cuando 'Guille' Cantero y otros de Los Monos fueron imputados por los atentados judiciales faltó un hombre: Leandro Olivera, 'Chulo', que estaba prófugo. El policía Báncora, en contacto con la jefa de la comisaría de Granadero Baigorria, Chaves, le pasaron a Alvarado información reservada sobre el prófugo Olivera, que tenía su línea telefónica intervenida.

La intención era que los ataques a sedes judiciales efectuados entre diciembre de 2018 y enero de 2019, ordenados por Alvarado, fueran incriminados a Olivera para continuar acorralando a Los Monos.

La organización de Alvarado montó estos hechos cometiendo una serie de delitos tratando de que se acuse a Los Monos. Un detalle de esos episodios fue el cartel con la leyenda 'Con la mafia no se jode', una marca registrada de la banda de los Cantero.

Pero las acusaciones principales son los secuestros y asesinatos de

  • Cristian Enrique (23 de octubre de 2018);
  • y Lucio Maldonado (13 de noviembre de 2018), quien apareció asesinado a 200 metros del casino City Center, en una colectora de la avenida Circunvalación, con las manos atadas a la espalda, 4 tiros en la cabeza y un cartel: “Con la mafia no se jode”.
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Marina Marsili –Izq., empleada de la Fiscalía, ex periodista de El Ciudadano– y Noelia Radyna, autoras de 'Crimen, complejidad y economía', que indaga sobre cómo investigar al crimen organizado en sus parámetros económicos.

Marina Marsili –Izq., empleada de la Fiscalía, ex periodista de El Ciudadano– y Noelia Radyna, autoras de 'Crimen, complejidad y economía', que indaga sobre cómo investigar al crimen organizado en sus parámetros económicos.

Contraataque

“Los testigos que vamos a traer apuntan a remarcar defectos en el procedimiento. Vamos a probar que la teoría del caso de la Fiscalía no cierra. Lo dijimos desde el principio”, adelantó Morosano, defensor de Alvarado junto a Juan Pablo Audisio, Lucas Peirone y Juan Pablo Güenzi.

La decena de testimonios propuestos incluye a peritos y policías para demostrar que Alvarado “no tiene relación alguna con el homicidio de Maldonado” ni con las balaceras simultáneas del 13/12/2018 a los Tribunales Provinciales y el Centro de Justicia Penal.

Otros testigos civiles exponen sobre el desarrollo patrimonial de Alvarado, 'el delito precedente'.

La defensa pedirá la absolución por los delitos más graves y que se lo condene sólo por aquello que admitió. Sus abogados sostienen que, al verse acorralado por la investigación que lo vinculaba con crimen de Maldonado, produjo una serie de actos como amenazas y una maniobra llamada 'teléfonos espejo' para que “no lo incriminaran injustamente”.

Los espejos

El policía infiltrado en Fiscalía, Pablo Bancora, obtuvo el teléfono real de Leandro Olivera, 'el Chulo', y se lo envió a Jorgelina Chávez, alias 'La Pepo', quien se lo dio a Alvarado, quien ya tenía, además, el teléfono de Rodrigo Ortigala: el objetivo era culpar al 'Chulo' y a Ortigala.

Alvarado organizó diálogos entre los teléfonos 'espejo' de ambos, que no eran reales.

Él envió a 2 integrantes de su banda a la puerta de los domicilios de sus objetivos.

En la puerta de la casa de Ortigala, un miembro de la banda llamó desde un celular 'especial', usado solo para ese fin, al teléfono verdadero de 'Chulo, quien cortó la comunicación porque era un desconocido. De inmediato, otro miembro de la banda, desde la puerta de la casa de 'Chulo', mandó un mensaje de texto al falso teléfono de Ortigala, indicándole que tenía el teléfono 'pinchado', y era mejor que lo mensajeara a esa línea.

Entre los 2 miembros de la banda iniciaron un diálogo sobre balaceras, homicidios, etc.: evidencia para la justicia, si consideraba real esa conversación. Ambos teléfonos estaban ubicados en el área celular de la pesquisa ordenada.

Policías vinculados a la banda, luego 'plantaron' ambos teléfonos como 'espejo' en allanamientos ordenados por la la Fiscalía, que comenzó a investigar también esas líneas telefónicas como posibles involucradas en los delitos a esclarecer.

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