SANTA FE. Con respaldo de la administración de Maximiliano Pullaro, la Provincia avanza en la Legislatura para adherir a la Ley de Crimen Organizado N° 27.786, más conocida como Ley Antimafia, una herramienta que apunta a endurecer la persecución de organizaciones criminales y reforzar el esquema de seguridad en el territorio.
CONVENCIDO
"Sin miedo": Maximiliano Pullaro endurece su postura para combatir el narcotráfico
Maximiliano Pullaro empuja la adhesión a la Ley Antimafia, una herramienta que busca reforzar la lucha contra el crimen organizado con un enfoque integral.
La iniciativa, impulsada por la diputada provincial, Ximena Sola, fue celebrada por el propio gobernador.
El Senado de Santa Fe dio sanción definitiva. Con este empuje, el foco deja de estar en los ejecutores y pasa a concentrarse en el dinero, los vínculos y el funcionamiento integral del delito.
Maximiliano Pullaro empuja la adhesión a Ley Antimafia
Desde la Casa Gris celebraron la adhesión como un paso clave dentro de una estrategia más amplia para enfrentar el delito organizado. Vale tener en cuenta que el gobernador ya había tenido un rol activo durante el debate de la norma a nivel nacional, donde planteó la necesidad de avanzar en reformas profundas en materia criminal y sostuvo que era necesario "no tener miedo" a impulsar cambios estructurales.
Sobre esa línea, el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, remarcó que la iniciativa "representa una señal clara en una política sostenida contra el crimen organizado" y consideró que su implementación será "una muy mala noticia para quienes integran o financian estas estructuras delictivas".
A su vez, el funcionario apuntó contra enfoques anteriores al afirmar que "el garantismo le hizo mucho daño al país".
Cambios en la Provincia
La Ley 27.786 fue promulgada a nivel nacional en marzo de 2025 y habilita un abordaje más amplio sobre organizaciones criminales, con foco en delitos graves, actuación coordinada y la posibilidad de avanzar sobre activos vinculados a esas estructuras.
La adhesión permitirá a Santa Fe a incorporar herramientas más robustas para investigar organizaciones complejas, con un esquema de mayor coordinación entre la Justicia provincial, la Justicia Federal y las fuerzas de seguridad.
Entre los principales cambios, se contempla el agravamiento de penas cuando los delitos sean cometidos en el marco de estructuras criminales, ampliando la responsabilidad no solo a quienes ejecutan los hechos, sino también a quienes los financian, organizan o dirigen.
Asimismo, la normativa promueve el uso de técnicas especiales de investigación, fortalece la cooperación entre jurisdicciones y habilita una intervención más directa sobre los bienes y recursos económicos de las organizaciones delictivas, uno de los ejes centrales en la estrategia para desarticularlas.
En ese sentido, desde la Provincia señalan que se trata de un cambio de enfoque en la política criminal: pasar de un esquema que resultaba insuficiente frente al avance del delito organizado a otro con mayor capacidad de respuesta, articulación y eficacia. A raíz de ello, la adhesión se plantea respetando las competencias provinciales, garantizando el rol del Ministerio Público de la Acusación y de la Justicia santafesina, pero reforzando al mismo tiempo la coordinación con organismos nacionales.
Esta ley llega a un territorio caliente, donde la agenda de seguridad es una de las centrales desde hace años y, precisamente en Rosario, concentra buena parte de los casos más resonantes de crimen organizado.
"Rosario va a ser la primera zona sujeta a investigación especial de acuerdo a la Ley Antimafia", había anticipado la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
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