SANTA FE. El ministro de Justicia y Seguridad de la Provincia, Pablo Cococcioni, junto al secretario de Gestión de Registros, Matías Figueroa Escauriza, realizaron un importante anuncio sobre las acciones judiciales que la administración de Maximiliano Pullaro tomó sobre el narcotráfico, precisamente vinculado a Esteban Alvarado.
HASTA LAS ÚLTIMAS CONSECUENCIAS
Maximiliano Pullaro no se rinde a los pies de Esteban Alvarado (narcotráfico)
La administración de Maximiliano Pullaro (Santa Fe) respondió con dureza sobre el pedido del hijo de un pesado narco de Rosario.
Precisamente, este jueves (07/08), el Gobierno de Santa Fe fue notificado por el Juzgado de Circuito de la 2da nominación de Rosario, firmada por el juez Eduardo Arichuluaga, de una demanda iniciada por Santino Alvarado (hijo de Esteban, uno de los narcos más pesados de la ciudad) contra la Provincia a través de una acción reivindicatoria, solicitando la restitución de un inmueble de cuatro hectáreas ubicado en Piñero -en el paraje denominado "Los Muchachos"- decomisado y en posesión del Estado provincial, tras una sentencia confirmada por la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe que estableció que fue un instrumento del delito.
Ante esto, se puso en conocimiento a las máximas autoridades del Gobierno Provincial por lo que se trabajará la estrategia correspondientes desde Fiscalía de Estado.
Hasta las últimas consecuencias contra el narcotráfico
Ante esta situación, Cococcioni remarcó que "La política de decomiso es una parte fundamental de la política criminal del gobierno provincial" y que "de nada sirve gastar recursos capturando gente e investigar a partir del trabajo de fiscales, la Policía de Investigaciones, los organismos de inteligencia y el sistema penitenciario, si después van a seguir por sí mismos o por interpósita persona disfrutando de los bienes con los cuales muchas veces se cometieron delitos".
Sobre ese marco, el ministro aseguró que en el caso puntual de la "quinta en el Paraje Los Muchachos fue instrumento de un homicidio y por eso también fue legalmente decomisada".
En tanto, precisó que "Los recursos judiciales interpuestos en sede penal, las revisiones, las distintas instancias de la causa que llegaron hasta la Corte Suprema de Justicia, determinaron la intervención de no menos de una quincena de jueces penales o magistrados de Corte que de manera unánime han avalado el decomiso", además de "toda la arquitectura jurídica en que se sustenta: el Código Procesal Penal y la ley de creación de la Aprad y de creación del Sistema de Registro y Decomiso de bienes vinculados al delito".
Por tal motivo, el titular de Justicia y Seguridad santafesino indicó que recibieron la directiva de "ir hasta las últimas consecuencias", porque el Gobierno de Santa Fe "no va a permitir que se ponga en tela de juicio el hecho fundamental de que a las organizaciones criminales hay que desmantelarlas económicamente", lo que viene en línea con otras acciones como "la puesta en funciones del Comité de bloqueo económico al crimen organizado que ya comenzó con sus actividades", explicó.
Como cierre, Cococcioni manifestó: "No deja de sorprendernos la osadía de querer reclamar utilizando los instrumentos jurídicos diseñados para que las personas puedan acceder a la defensa en juicio de sus derechos para obstaculizar las medidas del Estado que tienen como fin último el cese de la actividad delictiva y el desmantelamiento de las organizaciones criminales que tienen sus bienes manchados de sangre".
Avanzar sobre el patrimonio de los criminales
A su turno, Escauriza entró en detalle que al inicio de la gestión encabezada por Pullaro se enteraron "que había una sentencia de decomiso de seis inmuebles del Clan Alvarado para tomar posesión desde 2022, oficio de puesta a disposición a la Aprad (Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales) que no se había ejecutado por lo cual en febrero de 2024 presentamos un escrito al juez de Ejecución en la que pedimos intervención para tomar posesión de los seis inmuebles de manera inmediata, acción que llevamos a cabo el 7 de mayo de ese año, generando el desalojo de las personas que había en cada uno de ellos".
Seguidamente, el funcionario mencionó que algunos de los inmuebles ya fueron subastados, otros están en custodia del Gobierno Provincial y algunos están asignados a instituciones de bien común.
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