En las últimas horas se presentó un proyecto que apunta a terminar con una práctica habitual de cualquier diputado en el Congreso: la presentación de proyectos sin indicar cuánto cuestan ni de dónde saldrán los fondos para financiarlos. Una idea alineada al pensamiento de Javier Milei, que insiste en que cada proyecto debe explicar cómo se financiará.
PROYECTO
Fin del 'después vemos': Buscan que ningún diputado presente leyes sin explicar de dónde saldrá la plata
Un proyecto presentado en el Congreso busca ponerle fin a una práctica habitual de cualquier diputado nacional. Piden "responsabilidad fiscal".
24 de octubre de 2025 - 12:34
Si se aprueba el proyecto, ningún diputado podrá presentar un proyecto sin decir cómo se pagará.
La iniciativa, presentada por la diputada nacional Paula Omodeo, propone modificar el reglamento de la Cámara de Diputados, busca que toda ley que implique gasto público especifique su costo y su fuente de financiamiento antes de ser tratada.
23 proyectos que si son leyes "no hay plata"
“En los últimos diez años se presentaron más de 23 mil proyectos en Diputados, la mayoría sin ninguna estimación del impacto fiscal”, explicó Omodeo en los fundamentos. La legisladora advirtió que “pareciera que muchos quieren garantizar derechos o crear nuevos programas sin hacerse cargo de cuánto le cuestan al Estado y, en definitiva, a los argentinos”.
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El texto establece que cualquier proyecto que genere un gasto superior a 10.000 salarios mínimos deberá ser revisado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), que tendrá la tarea de evaluar la “razonabilidad” de los números presentados antes de que la propuesta avance en comisión. Además, los diputados estarán obligados a detallar en sus fundamentos si la medida implica un gasto único o permanente, y de qué partida o fuente de financiamiento saldrán los recursos.'
Ningún diputado debe presentar proyectos sin sustento
“El bienestar general no puede seguir amenazado por la irresponsabilidad fiscal”, advierte el proyecto. Omodeo plantea que las leyes deben diseñarse con “transparencia, eficacia y sostenibilidad”, y que la falta de control sobre el gasto público fue una de las causas de la inflación y del crecimiento de la deuda en los últimos años.
En concreto, el proyecto modifica dos artículos clave del reglamento interno de Diputados —el 65 y el 123— para incorporar la obligación de justificar y cuantificar el impacto económico de cada iniciativa. Así, cualquier propuesta que no cumpla con esos requisitos no podrá ser girada a comisión.
La diputada tucumana, referente de la oposición dialoguista, sostiene que la reforma apunta a mejorar la calidad institucional y la responsabilidad fiscal del Congreso. “No se trata de frenar proyectos sociales ni de restringir derechos, sino de garantizar que cada medida tenga respaldo real y no sea solo una promesa escrita en papel”, argumentó.
El objetivo de fondo, según la autora, es devolverle seriedad al debate legislativo: “No podemos seguir legislando a ciegas. Cada ley tiene consecuencias en la vida de la gente y en las cuentas del país. Es hora de transparentar cuánto cuestan las decisiones políticas”.
El proyecto completo a continuación:
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