Poder Judicial fueguino vs. camarista Andrés Leonelli, por pornografía infantil

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Crisis en el Poder Judicial fueguino por juez acusado en causa de pornografía infantil. Se trata del camarista Andrés Leonelli

Fuentes oficiales confirmaron que los operativos, a cargo de la Policía Provincial, incluyeron el secuestro de equipamiento informático del magistrado tanto en su despacho como en su vivienda.

La causa ante el Poder Judicial

La causa se inició a raíz de una alerta emitida por organismos internacionales de monitoreo, que detectaron imágenes de pornografía infantil alojadas en una nube virtual de Google asociada a la cuenta del juez Leonelli.

Según pudo saber este medio, la alerta habría sido emitida en abril, momento en que Google notificó al juez sobre la inhabilitación de su cuenta de almacenamiento. Ante esta situación, Leonelli realizó un descargo ante la empresa norteamericana y, posteriormente, envió una Carta Documento a la filial argentina, asegurando que el material en cuestión correspondía a pruebas de causas judiciales en las que había intervenido.

Además, el magistrado presentó una denuncia en las oficinas de Defensa del Consumidor, reiterando que los archivos forman parte de expedientes tramitados ante la Cámara de Apelaciones y durante su desempeño como secretario en el Juzgado de Instrucción Nº1 de Ushuaia.

Investigación sobre pornografía infantil

De forma paralela a los allanamientos, se confirmó que el camarista se presentó de manera espontánea ante la Policía Provincial. Allí, colaboró con las medidas judiciales, facilitando el desbloqueo de sus teléfonos celulares y computadoras que fueron incautados.

Asimismo, Leonelli se puso a disposición de la jueza Barrionuevo y del personal policial encargado de realizar las pericias informáticas sobre los equipos secuestrados. También se supo que, por propia iniciativa, realizó una exposición en sede policial donde brindó detalles sobre el material digital almacenado.

Pero, en el presente mes de julio desaparecieron pruebas claves en la causa contra el juez Andrés Leonelli. La causa contra el juez penal de Ushuaia, Andrés Leonelli por infracción al Artículo 128 del Código Penal-Delitos contra la integridad sexual– dio un vuelco inesperado esta semana, dos CD con imágenes fundamentales para la investigación contra el juez penal, desaparecieron en el traslado entre Río Grande y Ushuaia. Este hecho, inédito y profundamente preocupante, fue confirmado por el defensor del magistrado, el abogado Gustavo Ariznavarreta.

“El sobre llegó abierto y sin los CD que contenía las fotos. Fue un hecho gravísimo, porque se trata de pruebas que fueron pedidas con carácter urgente para corroborar la evidencia digital que vincula a Leonelli con material de pornografía infantil”, explicó Ariznavarreta, quien enfatizó que el contenido desaparecido corresponde a imágenes que el mismo Leonelli había reconocido haber subido a su nube privada, vinculadas a una causa que tramitó en 2016 en Río Grande.

El abogado detalló que el 2 de julio la jueza María Cristina Barrionuevo ordenó la remisión urgente de estas pruebas, pero recién el 11 de julio el material llegó a Ushuaia, en un paquete manipulado y abierto. “Este episodio perjudica la seguridad jurídica y la transparencia del proceso. Está claro que alguien abrió el sobre y se robó las evidencias. Eso tiene que investigarse en profundidad”, sostuvo Ariznavarreta.

Además, criticó la falta de información oficial por parte del Poder Judicial, ya que “nosotros presentamos la denuncia y la Fiscalía abrió una investigación, pero llama la atención que la jueza Barrionuevo decidiera no activar medidas durante la feria judicial y que no haya hasta ahora una explicación pública de lo ocurrido. Esta falta de comunicación solo alimenta la desconfianza en la justicia”.

Contexto

El marco del caso es complejo y está marcado por múltiples irregularidades y tensiones internas. Días atrás, el periodista Gabriel Ramonet, quien difundió inicialmente la existencia del material digital, señaló que la investigación comenzó con allanamientos en la residencia y despacho de Leonelli, ordenados por la jueza Barrionuevo, y que luego se vio empañada por un fallido traslado de pruebas entre los juzgados de Río Grande y Ushuaia, un recorrido que incluye un servicio de bolsín judicial.

“Es un escándalo encadenado: primero un juez acusado por un delito gravísimo, luego una resolución a su favor dictada por un camarista que tenía una sociedad en común con él, y ahora la desaparición de pruebas fundamentales dentro de un traslado oficial. Esto nunca se vio antes, y afecta la credibilidad de todo el Poder Judicial”, comentó Ramonet.

Retomando el mecanismo del traslado, Ariznavarreta aclaró que el bolsín judicial es un sistema cerrado y custodiado que debería garantizar la integridad de los documentos, por eso la empresa transportista solo traslada el bolsín cerrado, que debe ser abierto por el personal judicial autorizado, entonces acá “evidentemente, en algún punto alguien tuvo acceso y violó esa cadena de custodia, y ahora la investigación debe esclarecer quién y por qué”.

Respecto a la polémica inicial sobre las imágenes subidas a la nube de Leonelli, el abogado defendió la hipótesis de la defensa: “se trata de fotos que corresponden a expedientes judiciales legítimos que él tuvo que manejar cuando fue juez en Río Grande. No son fotos que él haya obtenido ni divulgado ilegalmente, sino documentos vinculados a causas antiguas que por error quedaron alojadas en su nube privada”.

Para el abogado, no se trata de un asunto que favorezca o perjudique directamente a su defendido, sino de una cuestión fundamental de seguridad jurídica. Señaló que la información referente a la autenticidad de las imágenes provenientes de Río Grande coincide en un 100% con aquellas denunciadas por Google como subidas a la red. En otras palabras, son exactamente las mismas fotografías que, desde un primer momento, se sospechaba habían sido subidas de manera inadvertida durante el trabajo del juez en una de sus causas anteriores.

El caso sigue abierto y, tras la desaparición de estas pruebas digitales, la causa se ha convertido en un adelanto de la crisis institucional que atraviesa el Poder Judicial de Tierra del Fuego, agudizada por falta de transparencia y conflictos internos. Ariznavarreta confió en que la investigación en curso “permitirá esclarecer este grave incidente y restaurar la confianza en el sistema”. «Esas pruebas son esenciales no solo para la defensa, sino también para que la jueza pueda determinar, desde una perspectiva jurídica, que la tenencia de las imágenes no está vinculada a conductas tipificadas en el artículo 128.

Corrupción

El contexto de la causa Leonelli revela un panorama preocupante para la Justicia en Tierra del Fuego. El abogado penalista Raúl Aciar describió la situación como una crisis de "fiabilidad y descrédito", instando a tomar medidas urgentes, ya que “perjudica a todos los ciudadanos”. Coincidió con otros abogados en que el sistema judicial se encuentra en un “estado terminal”, atribuyéndolo principalmente a la intromisión del poder político.

Aciar enfatizó la falta de acción del Consejo de la Magistratura para designar jueces íntegros y eliminar a aquellos que no lo son. Criticó la inaceptable demora en los procesos judiciales, que pueden tardar hasta siete años, a pesar de contar con presupuesto y personal. Además, destacó que algunos jueces, aunque no reciben atención mediática, gestionan sus juzgados de manera eficiente y resuelven casos sin dilaciones.

En el programa ‘Buscando el Equilibrio’ de Radio Provincia, Aciar expresó: “La Justicia está en una actitud de total carencia de vistas para el lado de la sociedad. La sociedad espera una actitud de la Justicia, que es la resolución de los conflictos que se someten a su decisión”. También mencionó que la información relevante se reserva, contribuyendo a la crisis judicial, aunque reconoció el papel del periodismo independiente en informar a la ciudadanía sobre lo que el poder intenta ocultar.

Frente a las recusaciones por la tardanza en definir la constitucionalidad de la ley de reforma constitucional, Aciar afirmó que “no hay excusa para semejante tardanza” y subrayó que todos los juzgados enfrentan atrasos injustificables, dado que las leyes de procedimiento establecen plazos que se están prorrogando excesivamente. En cuanto a la reforma constitucional, consideró que debería resolverse, advirtiendo que la injerencia política podría ser un factor que contribuye a la crisis en el Poder Judicial.

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Caso de pornografía infantil que hace zozobrar al Poder Judicial de Tierra del Fuego

El Dr. Aciar también descartó que los problemas de la Justicia sean de naturaleza presupuestaria, ya que los ingresos son comparables a los de un municipio. Propuso la necesidad de eficientizar el gasto y destacó que, con el presupuesto actual, la Justicia podría cumplir con su labor sin retrasos. Recalcó que existen jueces que tienen sus juzgados al día, aunque no sean noticia.

Finalmente, Aciar sugirió implementar tecnología, como inteligencia artificial, para agilizar los procesos judiciales. Citó el ejemplo de Río Negro, donde se ha utilizado este recurso para optimizar las ejecuciones fiscales, afirmando que “esto se puede resolver informáticamente con un grado de excelencia”, lo que podría reducir costos y mejorar la eficiencia en el sistema judicial.

Standby

Por el momento, las autoridades del juzgado de instrucción no han brindado detalles sobre posibles imputaciones ni han adoptado medidas cautelares respecto al magistrado. La situación genera gran expectativa en el ámbito judicial y político de la provincia.

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