Un documento elaborado por un organismo oficial calificó a la dirigente kirchnerista Milagro Sala como una presa política y reclamó "algún mecanismo institucional de carácter ferderal" como reparación de los 7 años que la líder de la agrupación Tupac Amaru lleva detenida. Entre las recomendaciones que hace se encuentra la de otorgarle a Sala el indulto.
DOCUMENTO
Milagro Sala: Órgano oficial le recomienda a Alberto el indulto
Una dependencia del ministerio de Justicia considera que hay "cuestión federal" en el caso de la condenada Milagro Sala, lo que habilita la intervención presidencial.
El documento, que hizo trascender el dirigente social Juan Grabois, lleva la firma de Gabriela Carpineti, directora nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia (DNPFAJ) y fue elevado al ministro de Justicia, Martín Soria. "Es hora de actuar", tuiteó Grabois.
El texto tiene fecha de este viernes 23/12, mismo día en el que finalizó un acampe de 3 días en la Plaza de Mayo para exigirle al presidente Alberto Fernández el indulto para Sala. El jefe de Estado había advertido que no está dentro de sus competencias constitucionales dar un perdón para Sala, cuya condena a 13 años de prisión por diversos delitos cometidos en Jujuy fue confirmada por la Corte Suprema la semana pasada.
No obstante, el documento firmado por Carpineti afirma que "la exposición de motivos de la Convención Constituyente de 1994 nada dice" sobre la exigencia de un delito federal. Y agrega que "el Código Penal de la Nación prevé el indulto en su artículo 68 y que lo hace para todo el país".
Fernández había dicho en una entrevista que él no tenía facultades para indultar a Sala, sino que eso le correspondía al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, por tratarse de un tema estrictamente provincial.
Pero el documento de la DNPFAJ denuncia animosidad de Morales contra Sala y también señala las particularidades de la constitución jujeña, que harían imposible un perdón. "Vemos que la Constitución de Jujuy legisla el indulto de un modo prácticamente inaplicable: su artículo 19 refiere a condenas a pena de muerte -pena prohibida en la Argentina-, y la reglamentación local, fue pensada por un gobierno militar, para delitos militares", dice.
En cambio, sostiene el documento, la intervención de la Corte Suprema de la Nación en diversos casos que tienen que ver con Sala comprueba que se está ante una cuestión federal. Afirma que "la jurisdicción se habilita precisamente bajo la alegación de que deben evaluarse motivos de trascendencia federal".
"No caben dudas de que el “Caso Milagro Sala” es cuestión federal. Esto es así independientemente de que los hechos que le imputan hayan tramitado en la justicia provincial, dado que las cuestiones que se impugnan constitucional y convencionalmente no son los hechos por los cuales se la juzga a ella, sino los cometidos por sus juzgadores y persecutores", asegura Carpineti.
Y agrega: "La cuestión federal está dada por el carácter político de su prisión, que no solo constituye violaciones reglamentarias sino crímenes de Estado".
"Agotada la vía judicial interna con el reciente fallo de la CSJN que confirma la condena de la conocida causa “Pibes Villeros”-, sin motivación del Congreso Nacional de dar tratamiento al proyecto de intervención judicial de la provincia de Jujuy, sumado al agravamiento de las condiciones de salud de la condenada Milagro Sala, es menester la urgente decisión presidencial para hacer cesar los tormentos que tienen por víctima a Milagro Sala por motivos políticos. Se evitará así una nueva condena al Estado Argentino por violaciones a los derechos humanos", insta el documento.
Fernández recibió el jueves a organismos de Derechos Humanos que reclaman por el indulto a Sala. Tras la reunión, afirmaron que el mandatario “tiene voluntad realmente para indultarla” y manifestaron que “él se comprometió a dar una solución”.
Así informaron Eduado Tavani, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), y la referente de las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida, luego de una reunión que mantuvieron con el jefe de Estado en la Casa Rosada junto a organismos de la Mesa de Derechos Humanos.
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