CÓRDOBA. La cercanía de Luis Juez con el presidente Javier Milei no se limitaría solo a reuniones en la Quinta de Olivos o acuerdos parlamentarios. El senador cordobés, claro colaborador externo del Gobierno nacional, estaría dispuesto a seguir la agenda marcada por el mandatario libertario incluso en su provincia.
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Luis Juez o mini Milei: Embestida contra aumento universitario
Siguiendo la agenda oficial, el senador cordobés activó cuestionamientos contra la UPC, financiada por Martín Llaryora.
Cabe recordar que Luis Juez es uno de los referentes de la oposición provincial en Córdoba. Como ex candidato a gobernador y con aspiraciones a 2027, el ex intendente de Córdoba capital busca refrescar su figura emulando movimientos nacionales para trasladarlos a las tensiones locales, en su enfrentamiento contra la administración de Martín Llaryora.
En ese orden, el último movimiento del senador fue comenzar con el cuestionamiento sobre la financiación de la Universidad Provincial de Córdoba, institución que depende directamente del Gobierno provincial. Según el juecismo, no hay claridad sobre el destino de las partidas destinadas a ese lugar.
La maniobra, que se da con precisa consonancia a la disputa nacional a nivel universitario, sería otra más para añadir presión pública sobre el Centro Cívico. La misma provino del Tribunal de Cuentas de la provincia, órgano que está dominado por la oposición debido al ajustado resultado que obtuvo Llaryora en 2023.
Luis Juez también pide auditoría
Desde ese lugar, integrantes del Frente Cívico cuestionaron el destino de 30.000 millones de pesos que “se gastarán sin ningún tipo de control”. Con ello, la oposición haría referencia al carácter descentralizado que goza la UPC, al igual que las agencias vigentes, una condición que las exime de rendimiento de cuentas más exhaustivos.
Para el Gobierno provincial, la universidad ha sido uno de los objetos de mayor desarrollo en lo que va de la gestión Llaryora. Precisamente, la política de aumentar el alcance de dicha institución a toda la provincia fue una de las apuestas más fuertes ante la paralización de la obra pública y la caída de la recaudación.
En ese orden, el Centro Cívico ordenó la ampliación de la UPC llevando sedes a distintas ciudades del interior cordobés. Y, con ello, la duplicación del presupuesto previsto para 2024.
Respecto a los cuestionamientos, el Gobierno provincial los desestimó, calificados como una movida política. Según la administración de Llaryora, Luis Juez tendría previsto cuestionar hasta el último centavo del gasto público, sin importar el destino real de las partidas.