Ante la duda de si el país estaría más cerca del default que de capear el temporal, la respuesta fue que, de última, está abierta la posibilidad de acceder a otro salvataje político de Washington: un préstamo del Tesoro de USA o un waiver (perdón) del FMI que flexibilice el acuerdo.
Los números son contundentes: los vencimientos ya comprometidos por el Estado nacional superan este año los US$71.399 millones (tomando en cuenta títulos públicos y préstamos en moneda local y extranjera) y continúa por encima de los US$21.400 millones hasta 2022.
A corto plazo vencen US$.26.962 millones y US$44.436 millones son en compromisos de mediano y largo plazo.
Para 2019, y sin contemplar futuros préstamos o renegociaciones de vencimientos, los compromisos de pago de deuda de mediano y largo plazo ascienden a US$24.945 millones. El rojo con organismos internacionales, en tanto, es de US$1749 millones, con US$815 millones del BID y US$451 millones del BIRF/Banco Mundial.
La bola de nieve que se generó con el endeudamiento de corto plazo que bancó el gradualismo, y enfureció a las mentes más ortodoxas del círculo rojo, marcha con su propia inercia por fuera de la contabilidad de ingresos y egresos que lleva la Tesorería.
Por su parte, el déficit financiero fue de $ 62.380 millones y se incrementó 90,6% i.a. Los intereses sumaron $ 48.100 M (352% i.a.) como consecuencia, por un lado, de haber pagado en julio -dado que fue inhábil el 30/06/18- la suma de $ 22.800 M de intereses que el año pasado se habían abonado en el mes de junio y, por el otro, al pago de $ 7.800 M correspondientes al primer cupón de intereses de la colocación de deuda realizada en enero de este año.
Déficit primario en baja, financiero en alza
En el 7mo mes del año, el sector público nacional tuvo un déficit primario de $ 14.280 millones, principalmente gracias a que los recursos totales crecieron 7 puntos porcentuales por encima del gasto primario, pero el rojo financiero saltó un 90,6% debido al pago de intereses de la deuda, que treparon 352%, según información del Ministerio de Hacienda.
Contra un incremento del 19,1% ( -9,2% en términos reales) registrado en los gastos primarios, que alcanzaron $ 246.899 millones, las entradas totales crecieron un 25,6% interanual (i.a.) y alcanzaron los $ 232.619 millones. Se destacan los recursos tributarios que sumaron $ 205.572 millones (18,2% i.a.), liderados por el IVA (39,0% i.a.), Créditos y Débitos (50,0% i.a.) y Derechos de Importación (72,9% i.a.).
Los aportes y contribuciones a la Seguridad Social (18,8% i.a.) bajaron su ritmo en relación a los meses previos, debido al impacto de la reforma tributaria sancionada a fines de 2017 que reduce el importe de las contribuciones patronales.
Otros ingresos tuvieron un crecimiento de 140% i.a. que obedeció a mayores rentas de la propiedad del Tesoro obtenidas por la prefinanciación del programa financiero de 2018, mayores colocaciones del FGS (p.e. préstamos a provincias y programa Argenta) e ingresos de capital por ventas de terrenos y otros activos físicos.
En cuanto a los gastos, los subsidios económicos crecieron 17,9% i.a. en conjunto, entre los cuales los destinados al transporte se incrementaron 2,5% i.a. y los energéticos 38,4% i.a., debido al impacto del tipo de cambio y temperaturas mucho más frías en relación al invierno pasado.
En cambio, las prestaciones sociales crecieron 27,4% i.a., 8 p.p. por encima del nivel general, producto del ajuste automático de las principales: jubilaciones, pensiones y asignaciones.
Es en este rubro en el que se concentran las miradas de los agentes inversores.
Consideran al déficit previsional la madre del borrego, se lo transmiten a la misión enviada por el gobierno, como ya los auditores del Fondo se lo vienen advirtiendo a Dujovne y compañía, quienes reciben de la cúpula de Cambiemos siempre la misma devolución: políticamente inviable en vísperas de elecciones.
Al principio resignados, los funcionarios parece que ahora le tomaron el gustito al impuesto inflacionario y transmiten que las licuaciones con inflación reemplazan a las medidas de ajuste directas, sin trepidar en que los efectos recaigan, primero que nada, en los estamentos más débiles de la sociedad.
El Banco Central le da a la maquinita e inventa base monetaria, a razón del 35%, paga por retener una parte y lo que queda se distribuye en una estructura de precios relativos en gran parte regulados y en otra monopólicos.
Suben las tarifas de transporte, luz y prepagas, además del futuro incremento de gas, homologa las de combustibles, y al finalizar el año resulta que determinó sobre el IPC un piso alto de inflación mensual.
"En los 32 meses transcurridos desde el cambio de régimen gubernamental se registró una inflación acumulada del 120,9%, que se contrasta con la del mismo período a diciembre de 2015, ya que estos últimos se había verificado una suba levemente superior al 103%", compara el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV).
O sea que el nuevo gobierno, en lugar de bajar la inflación como había prometido, la ha ido subiendo, y así consiguió esterilizando los balances anuales de erogaciones públicas, salarios, jubilaciones.
La delegación del FMI que está por irse de Buenos Aires se fuma esta versión criolla de ajuste por inflación, aunque no agrada para nada que, con el 31%, Argentina sea sólo superada en el ránking de aceleración de precios en el planeta por Venezuela, Sudán del Sur y Sudán, en tanto el Congo se acerca con un 30%.
